RESPUESTA- Lo fundamental es que se trata de un catálogo que, en lugar de estar centrado en los servicios que la Administración ofrece a los usuarios, realmente se estructura por necesidades de las personas. Es la administración la que cambia y adapta sus servicios y prestaciones a las necesidades que pueda tener en cada momento una persona a lo largo de todo su ciclo de vida. 

Dentro de las prestaciones adecuadas a sus necesidades, el usuario puede cambiar y combinar, mes a mes, el tipo de prestación. De modo que una persona que hasta ahora tenía que elegir entre un servicio de residencia, ayuda a domicilio, o centro de día, de nueve de la mañana a cinco de la tarde, a partir de ahora lo que puede hacer es utilizar durante tres o cuatro días a la semana el comedor del centro de día, ir unas horas a recibir fisioterapia o a realizar un taller de memoria y tener, también, un par de días cubiertos con asistencia a domicilio en su casa. Todo esto siempre dentro del margen del programa de intervención que elabora un profesional de referencia.

El gran cambio es la flexibilidad que tienen los ciudadanos a la hora de elegir las prestaciones, prácticamente a la carta. Hay un profesional de referencia que es quien le orienta y quien, en contacto con la persona y con la familia, puede valorar los cambios que puedan ser necesarios para garantizar esa atención. 

Un porcentaje muy elevado de las prestaciones son derechos subjetivos y que, por lo tanto, están garantizados para las personas y, además, no tienen participación del usuario en la prestación del servicio.

R.- Es un modelo que ha incorporado, desde el primer momento, la gestión del sistema de servicios sociales, que ha avanzado en adecuar el sistema a las personas en tiempos y en forma, que se hace con participación de las corporaciones locales y que se ha diseñado dentro de lo que es un proceso integrado de atención, integrando absolutamente la dependencia dentro de los servicios sociales. De modo que hoy, en nuestra Comunidad Autónoma, realmente la dependencia no es una prestación, lo que existe es un sistema que es el Catálogo de Servicios Sociales que tiene en cuenta, exactamente con los mismos criterios y con las mismas variables, a las persona sea cual sea el punto de la Región en el que viva y sea cual sea su valoración de dependencia.

Este sistema es único, es homogéneo y es un proceso unificado de atención. Se ha diseñado, como digo, un proceso técnico con tiempos muy medidos, de modo que prácticamente en dos meses se resuelven las prestaciones, nadie espera para percibirla, no hay listas de espera, el 99% están atendidos y el otro 1% son aquellas personas que lo acaban de solicitar y están siendo valorados.

 

R.- Realmente, nosotros estaremos en esos grupos de trabajo. Lo que se ha hecho desde la Comunidad es considerar que las personas que están ahora mismo trabajando en el sistema de servicios sociales, y que ya tienen una acreditación y una autorización por parte de los servicios sociales de la Región, están capacitadas, lógicamente, para seguir realizando su actividad. 

En el momento en que sea posible ir avanzando hacia la acreditación profesional lo haremos, pero creo que es importante, primero, dar esa garantía a los profesionales del sistema de que no va a haber ningún corte en el proceso, es decir, que van a poder seguir desempeñando su trabajo como hasta ahora y que su experiencia se valorará en términos de calidad.

En nuestro sistema hay que tener en cuenta que parte de la buena valoración de la dependencia viene por esa apuesta por la profesionalización de la atención. Se ha apostado mucho en este aspecto, se han incrementado las cuantías que reciben las personas dependientes, respecto a lo que establece la normativa estatal, hasta en un 75% para aquellos que acuden a servicios profesionales. Precisamente, lo que intentamos es garantizar que las personas puedan pagar y recibir los servicios profesionales más costosos, en vez obtener solo ayudas familiares. 

Hoy, prácticamente el 72% de las personas dependientes de la Región están recibiendo servicios profesionales.

R.- El ministro conoce perfectamente la situación y, sin duda, el planteamiento de escuchar a las comunidades autónomas y hacer una valoración profunda del sistema avala su capacidad de diálogo, además del interés por mejorar el Sistema de Atención a la Dependencia.

Quizá la aportación que se podría hacer desde Castilla y León es el avance hacia modelos de gestión integrados en los servicios sociales, hacia la simplificación de todo el proceso de dependencia –extremadamente compleja sin ninguna duda y que ha sido una de las rémoras para el desarrollo del sistema–, y, sobre todo, podemos aportar ese avance hacia la profesionalización de la atención a la dependencia que consolide el sistema de servicios sociales de nuestro país y, desde luego, garantice la atención y calidad, aun entendiendo que es un sistema más costoso que las ayudas familiares. Por tanto, necesitamos simplificar los procedimientos y profesionalizar el sistema.

R.- Se van a reforzar –siempre con profesionales– las prestaciones que se ofrecen a través de las corporaciones locales y que financia la Junta de Castilla y León. Sobre todo en dos líneas: una para apoyar a las mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad con ayudas económicas expresas y ayudas de emergencia. De hecho, ya tenemos un programa para atender a este colectivo vulnerable que presta apoyos profesionales hasta el primer año de vida del bebé, con lo que se le ayuda realmente a la inserción social y laboral; y en segundo lugar, un refuerzo profesional de los equipos de las corporaciones locales que trabajan con las familias y con los adolescentes. Hay que reforzar una línea de trabajo para intentar prevenir las situaciones de violencia intrafamiliar, que parece que en este momento está repuntando. 

En definitiva, lo que queremos es reforzar los equipos para atender situaciones de violencia, tanto de género como en situaciones de violencia de hijos a padres. En total, en conjunto, estas dos líneas se van a fortalecer con 120 profesionales. Esto no se va a llevar a cabo solo con esos 1,8 millones de euros, sino que estas mejoras suponen incrementar un 10% el montante global que está en torno a los 17 millones de euros para los próximos dos años.

R.- En este aspecto, ya veníamos trabajando en modelos de unidades de convivencia. Aquí, quizá el punto fuerte de nuestra Comunidad es el apoyo y la relación que existe con el Tercer Sector, prácticamente toda la atención a las personas con discapacidad la tenemos consolidada a través del Cermi. 

Se ha potenciado mucho tanto el área asistencial de las personas con discapacidad, como también se ha promovido la autonomía personal y la igualdad de oportunidades en la inserción del colectivo hacia el empleo. En el área asistencial han sido 2.000 plazas nuevas las que se han puesto en marcha durante esta legislatura, 1.000 en centros de día ocupacionales y otras 1.000 entre viviendas y plazas residencias. 

La apuesta por la inserción laboral se ha llevado a cabo desarrollando dos líneas de trabajo: por un lado, unos itinerarios de formación profesionales ayudando a las personas con discapacidad a tener una formación después del sistema educativo, una formación adaptada a lo que puede ser un puesto de trabajo y, lógicamente, vinculándolo también al sector empresarial. Un itinerario que hemos denominado, incluso, como carrera profesional. Por otro lado, vinculando la contratación pública e incorporándole reservas específicas para actividades que pueden desarrollarse en centros especiales de empleo o cláusulas sociales que premien de algún modo la adjudicación de aquellas empresas que, presentando el resto de condiciones similares, preven una contratación mayor de personas vulnerables en exclusión, con discapacidad o víctimas de violencia de género.

En el montante global, los centros de empleo han pasado de unos 4.000 a 4.300 trabajadores con discapacidad. Con el resto de medidas, hemos conseguido consolidar hasta 2.000 puestos de trabajo de personas con discapacidad en este periodo.

R.- Realmente, gestionamos los programas en forma de red, es decir que aunque estén descentralizados en la prestación, están, a su vez, absolutamente coordinados desde la administración autonómica, de modo que esta establece los criterios, la cartera de servicios y el contenido de las prestaciones, y su densidad. 

Después, lo que tenemos son equipos de proximidad. Hay que tener en cuenta que Castilla y León es una Comunidad que tiene un extenso territorio y el 50% de las personas mayores viven en municipios de menos de 1.000 habitantes, la mayoría en el medio rural. Por lo tanto, lo que intentamos es acercar los servicios a los ciudadanos, garantizar la prestación de servicios de proximidad para que así los usuarios conozcan a las personas que los atienden y garantizar también el empleo en el medio rural, pero sobre todo acercar los servicios allí donde las personas viven. 

Teniendo esa garantía de un sistema que trabaja en red, todos los profesionales tienen acceso en tiempo real a la información de los usuarios, por lo que, tanto desde los servicios centrales como desde las administraciones autonómicas, como también el propio trabajador profesional de referencia, conocen la información en línea a través de este sistema. 

R.- El cambio ha venido derivado de la situación, no del hecho de que yo haya aparecido en los servicios sociales, ni muchísimo menos. 

Los servicios sociales de Castilla y León ya tenían una trayectoria histórica muy importante con un porcentaje de plazas residenciales por encima de la media nacional, con una estructura territorial muy arraigada y un sector de discapacidad también muy consolidado.

Quizá el cambio fundamental haya sido el cambio estructural de estos años derivado de la evolución de un sistema tradicional basado en las prestaciones y en la beneficencia, a un sistema basado en derechos, que se ha ido adaptando a las necesidades de las personas y se ha flexibilizado absolutamente. Lo importante es que, en este momento, es un sistema que está dando respuesta a todas aquellas personas que pueden tener necesidad y que ha ido implementando programas en función de esas necesidades que iban surgiendo. Muchas de las prestaciones que se han puesto en marcha no estaban en la mente de nadie, ni siquiera en los programas electorales. Por ejemplo, hemos organizado un programa de desahucios, una red de protección a las familias afectadas por la crisis que ha permitido, de forma coordinada con el sector y toda la sociedad, dar respuesta a las personas para que puedan cubrir sus necesidades de alimentos, de viviendas, etcétera, es decir, el incorporar criterios de gestión.

Este sistema es el que nos ha permitido tener identificadas a las personas, sus necesidades y su situación en el territorio. Ese trabajo en red y ese modelo de gestión por procesos, más propio de los modelos empresariales que administrativos, es quizá lo que ha permitido a Castilla y León dar una respuesta más ágil y rápida a las necesidades tradicionales, como los servicios de asistencia social, y a las emergentes, como consecuencia de la crisis o que desarrollamos en el área de violencia de género, por ejemplo.  

 

R.- Ha sido lógicamente una legislatura difícil porque ha habido que adaptar medidas absolutamente impensables hace unos años para dar respuesta a las familias que podían perder su vivienda o que podían tener necesidades de alimentos. 

La valoración no la tenemos que hacer quienes dirigimos las políticas, sino que las deben hacer otros. En el área de dependencia, la valoración la hace la Asociación de Directoras y Gerentes de los Servicios Sociales y la puntuación está ahí, pero incluso así hay que seguir innovando, avanzando para que cada vez sean más las personas que tienen compatibilidades entre las ayudas económicas y las profesionales. Avanzar también en la garantía de estos servicios profesionales y de atención, acercándolos allí donde viven las personas. 

Y en el área de atención y prestación en situaciones derivadas de la crisis, los informes de Cáritas y Unicef sobre la red de pobreza indican que la fractura social que ha sufrido Castilla y    León ha sido menor de la que han sufrido en otras comunidades autónomas. Es cierto que una sola familia, un solo niño o una sola persona es motivo suficiente como para redoblar los esfuerzos. No podemos estar satisfechos hasta que todos y cada uno de los ciudadanos puedan acceder a un puesto de trabajo y puedan resolver sus situaciones sin necesidades de los servicios sociales. 

Estos informes marcan que la carencia material severa de la infancia tiene unos indicadores inferiores a los de la crisis, es decir, hay menos niños en pobreza material severa de los que había en 2009 e incluso, con carácter general, esta pobreza ha disminuido en la Región durante estos años, quizá por el esfuerzo que se ha llevado a cabo desde la Junta con prestaciones como la Renta Garantizada de la Ciudadanía que ha duplicado el presupuesto y atendido a más de 47.000 personas. Una prestación que es un derecho subjetivo y que no tiene plazo, es decir, hasta que no cambie la situación de las personas estas se seguirán percibiendo. 

También es importante recalcar que todas estas medidas se emparejan con un programa de inserción laboral. Creo que, en estos momentos, el gran reto para los servicios sociales es lo sociolaboral, es decir, que las personas más afectadas por la crisis, que peor lo están pasando, y que, por el momento, tan solo estamos cubriendo sus necesidades básicas, sean prioridad en el acceso al empleo. A medida que se vaya avanzando en esa recuperación económica, que ya estamos comprobando, estas personas tienen que ser las primeras.