El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha publicado la segunda entrega del Panel del SAAD, donde se analiza la evolución de los principales indicadores del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia. El nuevo informe, que corresponde al segundo trimestre de 2025, se ha centrado en analizar cómo el modelo de cuidados está evolucionando hacia servicios más personalizados que se ofrecen en ámbitos cercanos. De las 2.204.784 prestaciones por dependencia totales, el 56% (1.240.337) se despliegan en los hogares y en el entorno comunitario. Desde 2020 las prestaciones de proximidad han aumentado en 491.339 y su peso sobre el total se ha incrementado un 4%.

El crecimiento del número total de prestaciones (+54,5% desde 2020) ha ayudado a impulsar la tendencia a la personalización y la adaptación de los cuidados. Esta evolución se observa en el aumento progresivo de la combinación de prestaciones por dependencia diferentes que hacen las personas usuarias. En los últimos cinco años se ha pasado de 1,27 prestaciones por persona a 1,41, lo que supone un crecimiento del 11%. Las prestaciones que más se combinan actualmente entre sí son la teleasistencia, la ayuda a domicilio y la prestación económica por cuidados familiares. La teleasistencia y la ayuda a domicilio son, además, los servicios tecnológicos y profesionales más habituales en el Sistema de la Dependencia con un 25,3% y un 19,4%, respectivamente. Desde finales de 2020 el número total de estas prestaciones ha crecido un 119% en el caso de la teleasistencia y un 42,5% en la ayuda a domicilio. En el caso de la ayuda a domicilio también ha aumentado la intensidad de este servicio, es decir, las horas que se ofrecen de este servicio a cada persona dependiente. En 2020 la intensidad media era de 36,8 horas mientras que en junio se ha situado en 40,4 horas.

Otro de los recursos que Derechos Sociales ha señalado como claves para reducir el peso de los entornos institucionales tradicionales son los centros de día, una alternativa que supone ya un 6,4% de las prestaciones y que han crecido un 24% entre 2020 y 2025. A este respecto, desde el Ministerio que dirige Pablo Bustinduy se presentó este año un anteproyecto de las leyes de Dependencia y de Discapacidad en el que se reorienta la definición de los centros de día para que los gobiernos autonómicos, que son las autoridades competentes, puedan desplegar las medidas necesarias para maximizar su carácter comunitario y personalizado.

Rosa Martínez, secretaria de Estado de Derechos Sociales, ha explicado que “la evolución que observamos en el Panel apunta hacia un modelo más integral y personalizado, donde la compatibilidad de servicios y prestaciones por dependencia se convierte en clave para una atención centrada en la persona”. Martínez también ha destacado que “queda mucho trabajo por delante para seguir promoviendo esta transformación que requiere, por un lado, una inversión continuada y, por otro, un marco normativo actualizado”. De esta manera, la responsable de Derechos Sociales asegura que se podrá “avanzar hacia un sistema más flexible y que responda a las necesidades de las personas y sus familias con más variedad de servicios profesionales”.

Para Derechos Sociales, extender estas prestaciones ayudará a conseguir los objetivos de personalizar los cuidados, tal y como señala el mencionado anteproyecto, así como la Estrategia estatal de Desinstitucionalización que el Gobierno aprobó hace un año a propuesta del ministerio que dirige Bustinduy. Por esta razón, la reforma normativa de la dependencia y la discapacidad propone, entre otras medidas, eliminar las incompatibilidades de prestaciones por dependencia impuesto en 2012 y afecta directamente a la calidad de los cuidados.

RETOS PARA PROFUNDIZAR EN LA PERSONALIZACIÓN DE LOS CUIDADOS

Dentro de la personalización de los cuidados, Derechos Sociales ha fijado como uno de sus principales retos la extensión de las prestaciones centradas en la autonomía personal y en la promoción de la vida independiente. Entre ellas, se encuentra la asistencia personal, un apoyo que permite a las personas dependientes contar con un profesional que les ayude a desenvolverse en su día a día, con el objetivo de mantener su proyecto vital y participar activamente en su comunidad. La reforma de las leyes incluyen la asistencia personal como un servicio más del Sistema, lo que ayudará a su despliegue y desarrollo.

Junto a esta figura, las prestaciones por dependencia o de promoción de la autonomía —como los programas de rehabilitación, estimulación cognitiva o atención temprana— representan para el ministerio una vía fundamental para adaptar los apoyos a las necesidades de cada persona. Por ello, en el anteproyecto para la reforma normativa, se han planteado su inclusión reforzada en la cartera común de servicios para facilitar su acceso en todas las comunidades autónomas. La aplicación de la prestación también se ampliará a personas de todas las edades.

Más allá de los nuevos modelos de atención, los datos que arroja este Panel del SAAD muestran que una parte significativa del sistema se continúa sustentando en soluciones menos integradas en el hogar. En concreto, la atención residencial sigue desempeñando un papel relevante en el conjunto del sistema (13% de las prestaciones), con un incremento del 25% en el número total de prestaciones entre 2020 y 2025. Esta modalidad continúa siendo una opción necesaria en determinadas circunstancias, y su mejora es clave en el proceso de cambio del modelo de cuidados. Desde Derechos Sociales se está impulsando la evolución de los centros residenciales hacia entornos más hogareños y personalizados, con el objetivo de garantizar una atención de calidad y respetuosa con la voluntad y preferencias de las personas.

INDICADORES DEL SAAD

La segunda entrega del Panel del SAAD también ha recogido los principales indicadores de evolución general del Sistema que protagonizaron la anterior edición. Los datos del segundo trimestre de 2025 confirman que el Sistema continúa ampliando su cobertura y mejorando su capacidad de respuesta.

En el mes de junio de 2025 el número de personas que son atendidas en el Sistema (personas con grado de dependencia reconocido y PIA con prestación) alcanza las 1.565.838. El aumento supone un crecimiento del 7,5% respecto a junio de 2024. La lista de espera en junio de 2025 se ha reducido en 4.356 personas (-2,4%) respecto al año anterior y se sitúa en 180.794 personas.

Esta reducción coincide con un aumento de la presión sobre el crecimiento del número de personas en el Sistema (ya sean personas con prestación concedida, con prestación en tramitación y con una resolución a la que no se le asigna grado de dependencia). Concretamente el SAAD ya tramita los expedientes de 2.239.149 personas y ha experimentado un crecimiento de 133.155 personas (6%) en el último año.

En cuanto a la metodología, el Imserso (Instituto de Mayores y Servicios Sociales), que es la administración que recoge y clasifica los datos ofrecidos por los gobiernos autonómicos, contabiliza en la lista de espera a todas las personas que, habiendo pasado seis meses desde la solicitud, aún no reciben ninguna prestación sin que exista una causa justificada. Esto responde a lo dispuesto en la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia (LAPAD) que establece que el procedimiento completo -desde la solicitud hasta la resolución del derecho y de las prestaciones- debe resolverse en un plazo máximo de seis meses.

Analizando la lista de espera por comunidades autónomas, Castilla y León y Aragón son los gobiernos con menos listas de espera al tener a un 0,10% y un 0,35% de su población potencialmente dependiente en esta situación administrativa. Le siguen la Comunidad Foral de Navarra, Ceuta y Galicia, todas con un 0,40% de población potencialmente dependiente.

Teniendo en cuenta los números totales, los gobiernos con menos lista de espera son los de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla con 41 y 202 personas, seguidas del de Navarra con 337. Respecto a la evolución, los ejecutivos autonómicos que más han reducido sus listas de espera en el último año son los de Cantabria, con un 58,8% (-715 personas); Aragón con un 52,8% (-724 personas) y Castilla y León con un 36,3% (-243 personas).

En cuanto al tiempo medio de gestión, el plazo necesario desde que una persona solicita su valoración hasta que recibe una prestación se ha reducido en 61 días en los últimos cinco años. En 2020 había que esperar una media de 403 días mientras que junio de 2025 el periodo es de 342 días (-15%). La disminución es todavía mayor si se observa desde su punto más alto, en 2021, cuando se alcanzaron los 469 días por el bloqueo administrativo sufrido tras la Covid-19.

Observando desde ahí, la reducción ha sido desde 127 días, debido en parte a la puesta en marcha del Plan de Choque en Dependencia. Aún así, el tiempo medio de tramitación persiste como uno de los grandes retos del sistema por el aumento que ha experimentado respecto a junio del año pasado (+11 días) y por las grandes divergencias que se dan entre los gobiernos autonómicos. En este sentido, los gobiernos autonómicos que menos tiempo necesitan para la tramitación son los de Ceuta (60 días), Castilla y León (113 días) y Euskadi (129 días).

Los ejecutivos que más han reducido su tiempo medio de gestión en el último año han sido los de Islas Canarias (-71 días), Melilla (-52 días) y Aragón (-49 días). T