La Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales presentó, la semana pasada, el XVII Dictamen del Observatorio de la Dependencia. Entre las cifras del documento, destacan los más de 1,2 millones de personas que tienen reconocida su situación de dependencia (el 2,6% de la población) y, de ellas, 865.564 están siendo atendidas en el sistema, mientras que 348.309 (29%) se encuentran en lista de espera. 

Según el Observatorio de la Dependencia, el recorte acumulado del Gobierno de España desde 2012 asciende a 3.672,2 millones de euros que han dejado de recibir las regiones.

En 2016, la ratio de empleos directos por millón de gasto público es de 35, y la tasa de retorno, del 39,5%. "Si se atendiera ya a las 350.000 personas en espera -simplemente cumpliendo con la Ley-, se generarían más de 90.000 empleos directos", aseguran desde la asociación.

Desde el observatorio aseguran que 2016 confirma una recuperación del Sistema de Atención a la Dependencia que se inició en 2015, "al calor de la sensibilidad de los nuevos Gobiernos Autonómicos y por la incorporación de los dependientes moderados (julio de 2015)", remarcan. Pero a pesar del incremento en 69.455 beneficiarios del Sistema en 2016 (un 8,7% más), "a este ritmo se tardaría cinco años solo para atender a la actual lista de espera. Más de 150.000 personas han fallecido en los últimos cinco años sin recibir las prestaciones o servicios que les habían sido reconocidos", advierten.

Desde la asociación explicaron que "resulta especialmente preocupante que más de una tercera parte de las personas desatendidas (35%), son dependientes con Grado II o III (severos y grandes dependientes); en total 122.000 personas". De todas las personas con dependencia reconocida, dos tercios son mujeres y un tercio son hombres. Más del 70% de los dependientes reconocidos tiene más de 65 años y los mayores de 80 superan ampliamente el 50%.

Según los datos que ha recogido el observatorio, "el gasto público se distribuye incumpliendo lo previsto en la Ley (50%) debido al modelo de financiación y a las reducidas cuantías del nivel mínimo. La Administración General del Estado aporta el 21% del gasto público y las comunidades autónomas el 79% restante. El recorte acumulado de la AGE en dependencia, tras el RD-ley 20/2012, asciende a 3.672,2 millones de euros considerando la supresión del nivel acordado, la reducción del nivel mínimo y la supresión de las cotizaciones de cuidadoras familiares".

El Sistema de Atención a la Dependencia muestra una sorprendente capacidad para la generación de empleo y para la obtención de retornos por cotizaciones e impuestos directos. En 2016, la ratio de empleos directos por millón de gasto público es de 35, y la tasa de retorno es del 39,5%.

Una vez transcurridos diez años de implantación del sistema, desde la asociación se incide en que "estamos en un momento crucial en el que es absolutamente inaplazable abordar algunos cambios sustanciales que permitan cumplir con la Ley –aunque esto pueda sonar escandaloso- atendiendo a cuantas personas dependientes hay reconocidas y posicionar al país en un mejor punto de partida para afrontar los desafíos sociales, sanitarios y demográficos que tiene por delante. Para ello es imprescindible dotar al sistema de la necesaria suficiencia financiera". 

El 14 de diciembre de 2016, coincidiendo con el décimo aniversario de la ley, los representantes de la mayoría grupos del arco parlamentario del Congreso de los Diputados (con la sola excepción del PP y del PNV) suscribieron un pacto por la reversión, para los PGE de 2017, de los recortes producidos y con el compromiso explícito de acabar con las listas de espera en un máximo de dos años. También se pactó estudiar el futuro de la financiación del sistema para ver su integración en el ámbito de la LOFCA.

"La decisión de invertir en un mejor sistema, con un mínimo de suficiencia financiera y capaz de crecer en calidad de las atenciones e incluso mejorar el gasto sanitario está en manos de los pactos a los que pueda llegar en el marco de la negociación sobre la financiación autonómica. Hasta entonces, con 90 fallecidos al día sin haber podido ejercer su derecho, procede, al menos, recuperar lo recortado plasmándolo en los PGE de 2017", argumentan desde la asociación.

Solo dos comunidades obtienen el notable: Castilla y León (8,9) y La Rioja (7,9), y recuperan el aprobado Galicia (6,1), Murcia (6,1) y Extremadura (5). Además, consiguen valoraciones positivas en algunos indicadores de manera significativa regiones como Baleares y la Comunitat Valenciana, que aún así tienen un suspenso general.

Hay otras cuatro regiones entre el aprobado y el notable: Andalucía (6,8) Castilla-La Mancha (6,8) Madrid (6,1) y País Vasco) (5,4); y nueve comunidades que suspenden: Asturias (4,6), Catalunya (3,9), Illes Balears (3,6), Cantabria (3,6), Comunitat Valenciana (3,2), Navarra (2,9), Aragón (2,5), Canarias (1,8) y el caso de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (4,3), gestionadas directamente por el Imserso.