La portavoz de Asuntos Sociales del Grupo Socialista, María Luisa Carcedo, reclamó al Gobierno, en el Congreso, que adopte “las medidas necesarias para garantizar el derecho de las personas en situación de dependencia a ser atendidas por los poderes públicos”. En este sentido, la portavoz presentó una moción, rechazada por el Partido Popular, en la que se pide el impulso del desarrollo del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). En este sentido, Carcedo instó al Gobierno a hacer “clic al botón de ‘deshacer’ para hacer creíble su giro social”.

En primer lugar, la moción socialista instaba a que el manejo de los sistemas de información sobre el SAAD se hiciera “con el máximo rigor, transparencia y objetividad”. Según explicó Carcedo, “estamos detectando retrasos y tergiversaciones en el manejo de la información, dirigidos sobre todo a conseguir unos resultados diferentes a los reales para poder manipular e interpretar la información a conveniencia de sus intereses de partido y que no responden a la realidad del interés general y sobre todo a la situación del sistema de dependencia”.

La portavoz se refirió también a la necesidad de recuperar el nivel acordado de financiación del SAAD, “del que han retirado 1.400 millones de financiación a las comunidades autónomas”. Además, Carcedo aseguró que la excusa que aducen para haber retirado este nivel acordado es que en el sistema de financiación autonómica ya se incorpora una nueva financiación a las comunidades autónomas. “Esto es una tergiversación, por parte de los responsables del Imserso: utilizar como financiación de la Administración General del Estado aquella que corresponde a las comunidades autónomas”.

La moción pretendía, asimismo, la continuidad de los servicios sociales municipales y la participación de las entidades locales en la gestión de los servicios de atención a las personas en situación de dependencia. Para ello, proponía derogar preceptos de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que declaran los servicios sociales de proximidad como competencia impropia de las entidades locales y establecen su asunción por las comunidades autónomas.

La iniciativa socialista exigía también que el próximo 1 de julio, fecha prevista tras las sucesivas modificaciones del calendario, las personas valoradas en el Grado I de Dependencia Moderada se incorporen al SAAD y accedieran a los servicios y prestaciones que les corresponden.

Además, revocaba las medidas del Real Decreto-ley, 20/2012, de 13 de julio, relativas al SAAD, entre ellas el recorte en la prestación por cuidados en el entorno familiar, la eliminación de las cotizaciones a la Seguridad Social de las cuidadoras no profesionales, la disminución de la intensidad de las prestaciones y el régimen de incompatibilidades entre prestaciones.

La moción presentada por Carcedo buscaba modificar el actual sistema de copago, que ha supuesto un importante incremento de la participación económica de los usuarios del Sistema. La portavoz señaló, para ello, la necesidad de establecer unos criterios justos y equitativos para garantizar el derecho a un nivel suficiente de cobertura, independientemente del lugar de residencia, y que “se impidiera a las comunidades autónomas fijar condiciones de copago más restrictivas para los beneficiarios”.