La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, reclamó ayer al Gobierno central “un compromiso firme sobre la financiación de la Ley de Dependencia”.

Broto hizo estas declaraciones a los medios de comunicación antes de entrar a la sesión constitutiva de la Comisión para el Análisis de la Situación del Sistema de Dependencia, que se celebró en Madrid, a la que han sido convocadas siete comunidades y que está presidida por el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Mario Garcés.

La consejera insistió en que “queremos llegar a una pacto” y añadió que sería una señal “de buena voluntad” por parte del Gobierno si pagara los 17 millones que se le recortaron a Aragón en materia de dependencia, en 2012.

No obstante, siguió reclamando la financiación del 50% de la Ley que en estos momentos en Aragón se sitúa en un 16% por parte del Gobierno central, 60 millones de euros que, ha dicho, permitirían acabar con la lista de espera de unas 12.000 personas que, con la dependencia reconocida, todavía no disfrutan ni de un servicio ni de una prestación en Aragón. También exigió que se vuelva a pagar la seguridad a los cuidadores familiares.

Broto remarcó que “cuando hablamos de la Ley de Dependencia, hablamos de una ley de obligado cumplimiento y si hay personas que no son atendidas, hay un incumplimiento”. Ha recordado, además, que se trata de un derecho subjetivo que no puede depender de la financiación.