La experta independiente sobre los derechos humanos de las personas mayores en las Naciones Unidas, Claudia Mahler, presentó este verano el informe Intersección entre el derecho de las personas de edad a la protección social y su derecho al trabajo.

El informe subraya la necesidad de adoptar un enfoque interseccional y destaca que ninguna persona mayor debe quedar atrás, en particular a la luz de las presentes y próximas negociaciones sobre la creación de un grupo de trabajo para empezar a redactar una Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de las personas mayores.

El análisis se basa en un trabajo anterior de 2010 y en una amplia investigación documental, así como en 42 comunicaciones escritas recibidas de Estados, instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, el mundo académico y otras partes interesadas en respuesta a la petición de aportaciones, publicada en enero de 2025. También, para realizar el trabajo, Mahler realizó visitas a diferentes países, donde, como recoge el informe la experta “ha comprobado que el acceso al mercado laboral y la protección social figuran siempre entre las principales cuestiones que se plantean en las conversaciones, tanto con los gobiernos como con las personas de edad y sus representantes”.

El documento ofrece una visión general de sus actividades y ofrece un análisis temático de la intersección entre el derecho de las personas mayores a la protección social y su derecho al trabajo, teniendo en cuenta la existencia de marcos jurídicos internacionales y regionales que les amparan.

ALGUNAS REALIDADES

Este trabajo explora los desafíos que enfrentan las personas mayores, como el edadismo –con especial incidencia entre las mujeres–, la discriminación y la cobertura previsional insuficiente.

En lo referente a la discriminación por edad en el mercado laboral, la experta dedica un apartado a la jubilación que resulta muy interesante. “La edad de jubilación obligatoria es una forma prevalente de discriminación por edad y uno de los principales retos para las personas mayores a la hora de conservar o buscar empleo. Aunque algunos países, como Australia, Canadá, Nueva Zelanda, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los Estados Unidos de América, no tienen edad de jubilación obligatoria, muchos otros, sobre todo en Europa, sí la tienen. En la República de Moldova, por ejemplo, los empleados pueden ser despedidos al alcanzar la edad de jubilación. Muchos países tienen edades de jubilación más tempranas para las mujeres que para los hombres, por ejemplo Polonia. Esto constituye una discriminación basada en el sexo y la edad y, en los sistemas en los que el resultado de la pensión está relacionado con los años cotizados, tendrá un impacto negativo en las pensiones de las mujeres mayores”, señala el informe.

También recoge la incidencia de la Covid-19 en este colectivo, que según el análisis, “profundizó las desigualdades preexistentes”. Para reafirmar esta idea, se exponen algunas situaciones, como el hecho de que en “Brasil, por ejemplo, el 23,7% de las personas mayores experimentaron una gran reducción o pérdida total de ingresos. Entre las personas mayores que trabajaban antes de la pandemia, esta cifra aumentó hasta el 36,4%. En Nigeria, la pandemia disparó la pobreza e hizo que las personas mayores, en particular las que vivían en zonas rurales y las afectadas por situaciones de emergencia, fueran muy vulnerables a las dificultades económicas generadas por la crisis”.

También aborda el impacto de la degradación medioambiental entre este grupo etario. Una de las consecuencias que destaca es sobre las olas de calor, que según se señala, “el consejo de salud pública es permanecer en casa, negociar horarios de trabajo diferentes o tomarse vacaciones. Sin embargo, las personas mayores que trabajan en el sector informal a menudo no pueden permitírselo, lo que afecta gravemente a su salud”, señala.

RECOMENDACIONES

Finalmente, el trabajo también formula recomendaciones para fortalecer los marcos jurídicos y políticos, garantizando una mejor protección y oportunidades para las personas mayores en el ámbito laboral y en otros ámbitos, teniendo en cuenta que, como se indica en el informe, “la población mundial de personas de 60 años o más se ha más que duplicado desde 1995, pasando de 541 millones a 1.200 millones en 2025. Se calcula que, en 2050, 2.100 millones de personas tendrán más de 59 años, y que la mayoría de ellas vivirán en países en desarrollo. La esperanza de vida al nacer será de 77,4 años en 2050, cuatro años más que en 2025. A mediados de la década de 2030, habrá más personas de 80 años o más, que niños menores de un año”.

La experta independiente subraya, además, “que la protección social no es una forma de caridad o un privilegio, sino un derecho humano”. Es por ello que “se necesita urgentemente un cambio de paradigma para alejarse de las narrativas que enmarcan a las personas mayores como una carga y, en su lugar, reconocerlas como titulares de derechos, contribuyentes y miembros valiosos de la sociedad”.