La Comisión Europea (CE) y su Comité de Protección Social (SPC, por sus siglas en inglés) publicaron, a comienzos de verano, un análisis sobre la situación de los cuidados de larga duración en el viejo continente, el primero en analizar el impacto de la pandemia de Covid-19 en esta área.

La publicación de este informe tiene lugar solo unos meses después de la finalización del Libro Verde sobre el Envejecimiento, documento consultivo impulsado también por la CE. No obstante, este nuevo análisis se edita en otra dirección: la del Pilar Europeo de Derechos Sociales, que en su principio número 18 establece el derecho a unos servicios de cuidado de larga duración asequibles y de buena calidad, y en particular, cuidados a domicilio y servicios basados en la comunidad. Esto es importante porque el Pilar Europeo de Derechos Sociales compromete a los 27 países de la Unión Europea (UE) a trabajar para hacerlo realidad.

Así, el informe de 2021 sobre cuidados de larga duración analiza los desafíos comunes a los Estados miembros. Si bien se reconoce la diversidad de sistemas de atención a la dependencia y su vinculación a políticas de empleo, sociales y sanitarias, emite varias conclusiones que, en teoría, se deberán tener en cuenta en el plan de acción del pilar europeo.

No es de extrañar que el evidente envejecimiento de la población europea cause un aumento de la demanda de este tipo de cuidados. Estos cuidados, según la CE, deben ser de alta calidad, y su prestación “puede contribuir a la igualdad de género y a la justicia social”. Concretamente, se prevé que el número de personas de 65 o más años aumente en un 41%, es decir, 130,1 millones de personas formarán parte del colectivo durante los próximos 30 años. 

No es un grupo de población cualquiera: existe una alta prevalencia de discapacidad, lo que dispara la necesidad de cuidados, más intensos conforme avanza la edad. Los cálculos de la CE indican que el número de personas que, potencialmente, necesitarán estos cuidados aumentará de los 30,8 millones de 2019 a 33,7 millones en 2030 y 38,1 millones en 2050.

Para poder atender a todas estas personas, hace falta que los países estén dotados de sistemas que gestionen estos cuidados. Y precisamente la pandemia, que provocó un fuerte impacto en ellos, demostró la importancia de fortalecerlos. “Las debilidades sistémicas se destacaron por las altas tasas de mortalidad en los centros de atención a la dependencia, las dificultades para garantizar la continuidad asistencial y el impacto en el bienestar de las personas mayores y de los cuidadores”, reza el informe. Y es que, aunque afirma que es “demasiado pronto” para evaluar los efectos de la crisis sanitaria, “es importante extraer lecciones para mejorar los sistemas sobre una base estructural y hacerlos más resilientes”.

Hablando de cuidadores, la CE admite que, más bien, debería hablarse de cuidadoras: casi el 90% de los trabajadores del sector son mujeres, al igual que la mayoría de las cuidadoras informales. La dimensión de género también puede trasladarse a las beneficiarias de estos servicios, pues el 33% de las mujeres mayores de 65 necesitan cuidados a largo plazo, en comparación con un 19% en el caso de sus homólogos varones. La brecha de género puede trasladarse a otras cuestiones, como los ingresos: las pensiones de las mujeres son más bajas, y por tanto, ellas son menos capaces de pagar la atención que necesitan. En este sentido, la CE explica que se da cierta paradoja, puesto que las personas con un nivel de ingresos más bajo suelen ser quienes más probabilidades tienen de necesitar cuidados a largo plazo, a la vez que no tienen cómo pagarlos. 

Uno de los mayores problemas identificados por la CE es que muchas de las personas que necesitan cuidados no pueden acceder a ellos. En los países de la UE, solo un tercio de los mayores de 65 con dificultades para el cuidado personal y del hogar acudieron a servicios de ayuda a domicilio en 2014, lo que indica que estas personas dependen de los cuidados informales –ya sea por elección o por motivos financieros–. La proporción llega a superar el 50% en hasta cinco Estados europeos, y de media, en 19 países de la UE hay cerca de un 75% de mayores con necesidades de cuidados de larga duración cuyas finanzas quedarían por debajo del umbral de la pobreza si acuden a este tipo de servicios.

Claro que son muchos los países que ofrecen servicios públicos de atención, pero estos son “mixtos y, en general, limitados”: en algunos Estados miembro, estos apoyos están disponibles para poco más de una décima parte de los mayores de 65 años, mientras que en otros, casi todos los mayores que lo piden reciben asistencia residencial, domiciliaria o económica. 

Por último, hay una inquietud en la institución europea sobre la calidad de estos servicios, pues pide una “comprensión común de la calidad de la atención de larga duración”, si bien reconoce que el modelo de Atención Centrada en la Persona parece ganar, cada día, más adeptos.

Sin embargo, el modelo es la última preocupación de la CE al considerar que lo que realmente afecta a los cuidados son el número de trabajadores, la organización entre servicios, la tecnología y la financiación. “Los esfuerzos por garantizar la calidad son diversos, y se centran, principalmente, en la atención residencial. Es necesario poner el foco, también, en la atención domiciliaria y comunitaria”, reza el texto.

La existencia de una persona con necesidad de cuidados exige la aparición de la figura del cuidador. En muchas ocasiones, quien cuida es un familiar de la persona, pero el informe de la CE se centra primero en los servicios profesionales de cuidado, cuya demanda crece, cada día, más. En este sentido, existe una especie de guerra sin cuartel no declarada entre países europeos por retener este perfil profesional. Se trata de un sector boyante, que emplea a 6,4 millones de personas, y se espera que para 2030 surjan hasta siete millones de puestos vacantes. Puestos que podrían no llegar a cubrirse nunca, por lo que se espera una gran escasez de personal ya existente en el presente y creciente en el futuro. Esto se debe a las difíciles condiciones de trabajo y los bajos salarios, a lo que habría que sumar los horarios irregulares, el trabajo por turnos y la tensión física y social asociada a este sector. La CE pide esfuerzos sistémicos y políticos para mejorar la situación laboral de estos perfiles.

Por otro lado, ser cuidador profesional exige unos requisitos que son, cada vez, más complejos, pero así debe ser. “El cuidado requiere una estrecha colaboración entre varios profesionales y, a menudo, incluye el uso de nuevas tecnologías o la necesidad de abordar necesidades complejas”, establece el informe. Y para ello, hace falta una formación específica que garantice la calidad de la mano de obra, si bien esta exisgencia supone una barrera de acceso a la profesión.

Precisamente los costes económicos del cuidado profesional abocan a muchas familias al cuidado informal que, en su gran mayoría, practican las mujeres. De hecho, la proporción de personas que reciben solamente cuidados informales puede llegar al 85% en algunos países europeos. Sin embargo, se espera un cambio de escenario debido a la mayor participación de las mujeres en el mercado laboral en los últimos años, entre otras tendencias demográficas. Mientras tanto, las cuidadoras se exponen a los desafíos en el bienestar que conlleva el cuidar, entre ellos, la conciliación del cuidado con el trabajo remunerado. La cuidadora informal tiene, en Europa, entre 45 y 64 años, y tiene un trabajo a tiempo parcial que impacta no solo en sus ingresos inmediatos, sino en su pensión futura.

La CE calcula que el valor económico del cuidado informal asciende hasta el 2,7% del PIB de la UE-27, hasta el punto en que, en la mayoría de países, supera el gasto en cuidado profesional. De hecho, si bien es necesario reforzar los servicios de estos últimos, la CE ve necesario apoyar, también, la labor de los familiares que cuidan, por ejemplo, garantizándoles el acceso a la sanidad, formándoles para esta tarea y proveyéndoles de servicios de respiro, así como tener en cuenta esta actividad a la hora de calcular la pensión de jubilación.

Como venimos diciendo, el envejecimiento de la población europea es imparable, por lo que la CE advierte de que precisamente el área de los cuidados será el que requiera de mecanismos de financiación urgentes y sostenibles tras la pandemia. De hecho, se prevé que el gasto público en este sector aumente del 1,7% del PIB en 2019 al 2,5% del PIB en 2050 de media en todo el continente, si bien hay que reconocer que pueden existir enormes diferencias entre países.

Es imposible ignorar la enorme cuantía que supone este tipo de inversiones, por lo que conviene hacer, también, pequeños gastos que suman en eficiencia. Por ejemplo, en políticas de envejecimiento activo, el despliegue de nuevas tecnologías aplicadas al cuidado o la promoción de la salud y la prevención de enfermedades.

A la luz de todas estas observaciones, el SPC considera que hay margen para trabajar a nivel de UE para abordar todos los desafíos expuestos. Claro que los Estados miembros no están exentos de tener que hacer reformas para abordar las deficiencias estructurales de los sistemas de atención para hacerlos más resistentes a contratiempos, como el que ha supuesto la pandemia de Covid-19.

En este sentido, la CE avanza que se está progresando en el desarrollo de indicadores comunes a toda la UE sobre cuidados de larga duración, aunque “persisten importantes lagunas de datos”. Por ello, hace falta mejorar la disponibilidad de datos sobre las dimensiones clave de los cuidados –para lo que se está trabajando con Eurostat– para poder establecer comparativas y sacar conclusiones que se traduzcan en mejoras de la atención.

“El análisis regular de la evolución de los cuidados de larga duración a nivel de la UE es fundamental para una acertada formulación de políticas”, concluyen desde el SPC.