“Siento que mi sueño se ha hecho realidad”. Estas fueron las palabras de Elijah Mwega, fundador de Karika Kenia y miembro del Grupo Directivo de la Alianza Global –GAROP–, que había viajado a Ginebra para participar en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, cuando el 3 de abril, los Estados miembro, aprobaron, por consenso y por fin, la resolución para iniciar la redacción de una Convención Internacional de Derechos de las Personas Mayores durante su 58ª sesión celebrada en Ginebra.

Lo cierto es que cuando este pasado verano, el Grupo de Trabajo de Composición Abierta de las Naciones Unidas sobre el Envejecimiento anunció que después de 14 años habían completado su labor de revisar las lagunas existentes en el marco legal de las personas mayores y de incluir sus propuestas a implementar, las miradas se dirigieron al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y más en concreto a este 58º periodo de sesiones –que acaba de celebrarse entre febrero y abril–, con la esperanza de que dieran luz verde a consensuar un acuerdo internacional jurídicamente vinculante que ampare al sénior. Y así ha sido.

Con esta iniciativa, se establece la creación de un grupo intergubernamental auspiciado y organizado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que tiene como objetivo fijar la primera reunión en otoño para dar comienzo a la redacción de la Convención. Este grupo promotor está formado por cinco países: Argentina, Brasil, Eslovenia, Gambia y Filipinas.

Los 68 países que la copatrocinan –entre ellos España– mostraron su apoyo especial con este instrumento jurídico. El Imserso, en representación de nuestro país y en coordinación con la Subdirección de Relaciones Internacionales del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, así como con el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación y las Misiones Permanentes de España en Ginebra y Nueva York, han participado en las reuniones previas en las que se ha recomendado la elaboración de este instrumento jurídico.

Conseguir una convención que garantice los derechos de las personas mayores es un objetivo largamente perseguido, que se ha debatido en el seno de la ONU durante dos décadas, con 14 años de reuniones en el Open Working Group of Ageing en Nueva York. Fue en mayo de 2024 cuando la ONU, finalmente, aprobó trasladar la cuestión a la reunión del Consejo de Derechos Humanos de Ginebra. Para Ina Voelcker, copresidenta de la Alianza Global, “es fundamental que este nuevo proceso de redacción sea lo más inclusivo y transparente posible. Esperamos colaborar con el nuevo grupo de trabajo y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos para lograrlo”.

PRÓXIMOS PASOS

La resolución establece que el grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta (es decir, abierto a la participación de la sociedad civil), se reunirá cada año en Ginebra en dos períodos de sesiones de cinco días de duración, retransmitido por Internet.

Además, invita a los Estados, a las organizaciones, organismos, fondos y programas competentes de las Naciones Unidas, a las instituciones nacionales de derechos humanos, a la sociedad civil, especialmente a las personas de edad y a las organizaciones que las representan, a que contribuyan activa y constructivamente a la labor del grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta.

También exhorta al grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta a que aliente y promueva la participación y el compromiso significativos de las personas de edad y sus organizaciones representativas de todos los grupos regionales, de manera inclusiva, y en particular a que dé a las personas de edad la oportunidad de expresar sus opiniones sobre el tema y el contenido del proyecto de instrumento internacional jurídicamente vinculante.

Los próximos pasos más inmediatos serán determinar cómo se dotará de recursos y se organizará el nuevo grupo de trabajo intergubernamental que deberá presentar un informe sobre los progresos realizados al Consejo de Derechos Humanos para que lo examine en su 63º período de sesiones –prevista para finales de 2026– y que publique el informe en un formato accesible y de fácil lectura.