Un estudio auspiciado por el Banco de España y realizado por Juan Carlos Berganza, Rodolfo Campos, Enrique Martínez Casillas y Javier Pérez, en el que se analiza la demografía de Latinoamérica, demuestra que la región está disfrutando del llamado “dividendo demográfico” (una proporción favorable de la población en edad de trabajar con respecto a la que no se encuentra en edad activa). Sin embargo, estima que a partir de este año, la pirámide de población de América Latina será como la que mostraban las economías avanzadas en 1990 y, hacia 2050, ambos grupos de países mostrarán perfiles poblacionales similares.

A ello hay que sumarle los tres retos que supone el contexto actual: la región dispondrá de menos tiempo para adaptarse a las consecuencias del fenómeno del envejecimiento; los mercados latinoamericanos se caracterizan por la informalidad –que representa un 50% del empleo total– y las necesidades de gasto de los sistemas de pensiones, sanitario y de dependencia están directamente relacionadas con el tamaño de la población de edad avanzada, que supone un factor estructural de presión sobre el gasto público.

También hay que tener en cuenta la heterogeneidad entre países. Chile, por ejemplo, pasó de un sistema de pensiones público a uno de capitalización privado, mientras que Argentina o Brasil ostentan un modelo público. En este sentido, los autores del estudio afirman que los sistemas privados no han generado “los resultados esperados en cuanto a la cobertura y suficiencia de las prestaciones”, lo que llevó a los Gobiernos a desarrollar mecanismos públicos contributivos y no contributivos. Así, llegan a la estimación de que el gasto público en pensiones podría pasar de representar cerca de un 6% del PIB en 2020 a un 15% en 2050. “Por ello”, afirman los autores, “es esperable que las autoridades continúen reformando los sistemas de pensiones para adecuarlos a la transición demográfica que enfrenta la región”.