A finales de mayo, la presidenta de la República, Michelle Bachelet, promulgó Ley que tipifica un nuevo delito de maltrato y aumenta la protección de personas en situación especial, sancionando el maltrato infantil y a otros grupos vulnerables. La nueva ley fue firmada por los ministros de Desarrollo Social, Marcos Barraza; de la Mujer y la Equidad de Género, Claudia Pascual; y de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Campos. Estuvieron presentes además los  ministros de Interior y Seguridad Pública, Mario Fernández; la secretaría general de Gobierno, Paula Narváez; la ministra del Trabajo y Previsión Social, Alejandra Krauss, y el director  nacional del Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama), Rubén Valenzuela.
Este proyecto, que refunde seis mociones parlamentarias de 40 diputados, modifica el Código Penal, la Ley de Violencia Intrafamiliar, el Código Procesal Penal y otras normas, para establecer nuevas penas, delitos y reglas respecto a conductas que involucren maltrato psíquico o físico, en contra de menores de 18 años de edad, adultos mayores o personas en situación de discapacidad. El objetivo central del proyecto de ley es mejorar la protección legal de categorías de personas en situación de vulnerabilidad.
“Hablamos de agresiones que, además, costaba mucho perseguir al no dejar, muchas veces, lesiones físicas evidentes o constatables. Hoy estamos haciendo justicia con las víctimas de maltrato, diciendo fuerte y claro a la sociedad que la violencia no es aceptable, en ningún lugar, de ninguna forma y bajo ninguna circunstancia”, afirmó la jefa de Estado.
Entre los contenidos de la ley se destaca la creación de la figura del maltrato corporalmente relevante sin resultado de lesiones. Se establece como pena para dichos delitos, adicional a la privación de libertad, la inhabilitación absoluta perpetua o temporal, para cargos, empleos, oficios o profesiones en ámbitos educacionales, de la salud o que involucren una relación directa y habitual con tales sujetos.
Además, se establece que el juez podrá decretar como pena accesoria: Ir a programas de rehabilitación a maltratadores o el cumplimiento de servicio comunitario; prohibición de acercarse a la víctima o a su domicilio, lugar de cuidado, trabajo o estudio; prohibición de porte y tenencia y, en su caso, el comiso de armas de fuego; y asistencia obligatoria a programas de tratamiento para la rehabilitación del consumo problemático de drogas o alcohol, si corresponde.
“Esto es muy relevante, porque hasta hoy las sanciones penales sólo se aplicaban en los casos en que el maltrato generaba lesiones. Lo se busca entonces con esta ley es que, en esas fases más silenciosas y menos evidentes de la violencia, se actúe a tiempo, se detenga al agresor y no tengamos que lamentar el agravamiento del daño”, señaló la mandataria.
Asimismo, Bachelet aseguró que la iniciativa aumenta la pena del delito de maltrato habitual en el contexto de violencia intrafamiliar, la que ahora podrá llegar hasta los tres años de presidio. Además, esta figura se incorpora al Código Penal como un delito que se ejecuta contra las personas, lo que permite que la acción penal se inicie con una denuncia o por acción del Ministerio Público y no como ocurría, en que debía esperarse el pronunciamiento del Tribunal de Familia.
“Hablamos de situaciones que nos duelen como sociedad. Cuando un niño, una persona en situación de discapacidad o una persona mayor es maltratada, una parte de nuestra fortaleza como sociedad se ve afectada también. Porque son situaciones que menoscaban precisamente a los más vulnerables de nuestro país, a quienes es más fácil acallar, a quienes muchas veces ni siquiera se pueden expresar”, subrayó la presidenta.