El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció que el Ejecutivo autonómico va a personarse ante el Tribunal Constitucional para defender la posición de la comunidad gallega frente al recurso de inconstitucionalidad del Gobierno central contra diversos preceptos de la Ley de acompañamiento a los presupuestos de Galicia de 2025. Una actuación que supone la paralización del Plan de agilización de la dependencia y de la discapacidad, algo que calificó de «injusto, contraproducente y perjudicial».

En lo que respecta al recurso contra las homologaciones automáticas de dependencia y discapacidad, este tiene como consecuencia inmediata la suspensión del Plan de choque puesto en marcha hace un año por la Xunta de Galicia, con el que se estaba consiguiendo el doble objetivo para el cual se diseñó: incrementar el número de personas atendidas y hacerlo en el menor tiempo posible.

De hecho, tal y como recordó Rueda, «más de 12.600 gallegos con dependencia» obtuvieron en los últimos doce meses el reconocimiento de la discapacidad sin necesidad de someterse a una nueva valoración. «El recurso del Ejecutivo de Pedro Sánchez ponen fin a este mecanismo, por lo que la Administración autonómica ya no podrá seguir homologando automáticamente la discapacidad a las personas que ya tengan la dependencia, a pesar de tenerse ampliamente comprobado que existe una relación directa entre el grado de dependencia y el porcentaje de discapacidad», expresa.

Así pues, la actuación del Gobierno central supone un paso atrás en la agilización y mejora de la atención, pues deja sin efecto las medidas de simplificación de los procedimientos introducidos por la Xunta y vuelve a una burocracia más compleja. Esto incide directamente en los dependientes gallegos en forma de retrasos, más atrancos burocráticos y demora en la respuesta.

La Xunta considera contradictorio este recurso cuando el propio Ejecutivo central decidió copiar casi al completo el modelo gallego, como se puede comprobar en su propuesta de modificación de la Ley de Dependencia, que está en fase de tramitación parlamentaria. Por eso, la Xunta apunta que son motivos de recaudación los que explican esta actuación por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, pues con esta simplificación de los trámites dejó de recaudar 114 millones de euros durante el año pasado en Galicia.

RESULTADOS ALCANZADOS

El Plan de choque de la Xunta muestra en su primer año de vigencia unos resultados muy positivos, con 86.319 expedientes de dependencia y discapacidad resueltos de manera favorable, casi el doble que en todo 2024. De estas resoluciones, un total de 12.626 fueron por homologación automática. Además, se redujeron los tiempos de espera en dos meses, mientras que aumentan en el resto de España.

La Xunta advierte del impacto nefasto del recurso del Gobierno central en la atención a la dependencia y a la discapacidad, y le pide un cambio de actitud y un mayor compromiso en esta materia. Al respecto, recuerda que el Ejecutivo sigue sin cumplir con la Ley de Dependencia y no solo está muy lejos de asumir el 50% del coste de los servicios y prestaciones que exige la norma, sino que cada año reduce su aportación.

Este déficit en la financiación está acarreando una importante deuda con Galicia, que en este 2026 llegará a los 2.900 millones de euros. La Xunta demanda para Galicia «el mismo compromiso que el Ejecutivo central tiene con otros gobiernos autonómicos como el de Euskadi, con el que acordó unilateralmente financiar la partes iguales a dependencia (50%-50%), lo que en la práctica supone generar dependientes de primera y dependientes de segunda».

REACCIONES

En este sentido, la conselleira de Política Social e Igualdad, Fabiola García, instó al Gobierno central a que retire el recurso presentado ante el Tribunal Constitucional y que paraliza el plan de agilización de la dependencia y de la discapacidad puesto en marcha por la Xunta.

En relación al modelo de cuidados impulsado por la Xunta, la conselleira hizo hincapié en que la atención a las personas mayores “es una prioridad” del Gobierno gallego, como demuestran los presupuestos para este año 2026, en los que se reservan más de 840 millones de euros a este fin. García apostó por “dejar a los mayores elegir dónde quieren pasar esta etapa de su vida” y destacó que la preferencia de la mayor parte de los gallegos es recibir cuidados en su hogar. Para esto, explicó que la Xunta cuenta con varios servicios muy demandados como Xantar na Casa, el Bono Cuidado en el Hogar o el SAF.

En cuanto a la atención residencial, explicó que el objetivo de la Xunta es impulsar hasta 2028 más de 3.500 nuevas plazas públicas. Además, el Gobierno gallego está procediendo a adaptar los centros residenciales al nuevo modelo de cuidados con la inversión de más de 40 millones en lo que va de legislatura en la mejora de las residencias de la red pública gallega.