El presidente Alberto Núñez Feijóo avanzó la aprobación en el Consello de la Xunta del proyecto de Ley de Inclusión Social de Galicia, que contará con una coordinación de las políticas sociales con las políticas de empleo y con una nueva Risga flexible y modular. “En resumen, queremos evitar que las situaciones de exclusión social se conviertan en algo crónico y que los beneficiarios sean considerados como meros perceptores de subsidios; queremos tratarlos como sujetos capaces de superar la situación de exclusión social motivándolos para la inserción laboral e incentivando y apoyando esa inserción laboral”, explicó.
Feijóo afirmó, de este modo, que con esta normativa, que cuenta con una memoria económica de 100 millones de euros entre los años 2012-2014, serán compatibles rentas laborales y rentas sociales. “Actualizamos una ley que llevaba 21 años de vigencia con un texto que se sitúa en la vanguardia de las nuevas directivas europeas, porque intenta ahondar en el camino de una política real de integración acorde con la estrategia europea 2020. Y damos cumplimiento a uno de los acuerdos conseguidos en el Diálogo Social y, también, a uno de los acuerdos del Debate del Estado de Autonomía”.
Para conseguir esa estrategia verdaderamente integradora entre la capacidad laboral y la necesidad social, el titular de la Xunta avanzó, en el campo de la coordinación de las políticas sociales con las políticas de empleo, que se reforzará las sinergias entre el área de inclusión social de la Xunta y el área de empleo. “Vamos a crear un itinerario de inserción único y coherente. En el campo de la propia prestación promoveremos el fomento del acceso al mercado de trabajo al asegurar al beneficiario una cuantía a mayores se cumple el itinerario laboral; y, por otra parte, las oficinas de empleo estarán en permanente contacto con las oficinas sociales para, realmente, coordinar los servicios de empleo y los servicios sociales”.
En este sentido, cabe destacar que una de las novedades es que se realizará una diagnosis de la empregabilidad de todas las personas que cobran la renta de integración. Para eso, los servicios sociales comunitarios trabajarán de manera coordinada con el personal técnico de orientación laboral para hacer una diagnosis realista de las posibilidades de empleo.
Asimismo, la Risga se hace por primera vez compatible con las rentas obtenidas a través de trabajos esporádicos o de escasa cuantía. “De este modo, se garantiza que la persona ni abandone su proyecto de inserción, ni renuncie a la realización de un trabajo, ni tampoco recurra a la economía sumergida”.

Una nueva Risga con tres tramos de actuación

El proyecto de ley articula una nueva Risga para adaptarse a cada caso, contemplando tres tramos de actuación.
El primer tramo, el ‘personal y familiar’, supondrá una percepción básica similar a la actual -75% del Iprem- pero se incrementará en el complemento por el primer conviviente (del 12% del Iprem pasa al 14%) y en el complemento por el segundo conviviente (del 10% del Iprem al 12%). “Por lo tanto, hay una cuantía anual que será prorrogable y se elimina el máximo de cuatro años como perceptores, con la posibilidad de que se incremente ese máximo de cuatro años en función de la situación del perceptor de la Risga”.
En relación al segundo tramo, el ‘de inserción’, el beneficiario podrá percibir una cuantía a mayores del tramo personal, con el fin de estimular su acceso al empleo. Para percibir este tramo se exigirá un compromiso de seguir un itinerario de inserción laboral. En este tramo, que tendrá una duración máxima de 18 meses, también se incrementan las cuantías: la percepción sin convivintes tendrá un incremento del 11% con respeto a la cuantía anterior.
“El tercer tramo –explicó Feijóo- es el de transición al empleo y consiste en una cuantía que se sigue percibiendo durante los seis primeros meses desde la consecución de un puesto de trabajo. La cuantía va disminuyendo gradualmente hasta extinguirse en el séptimo mes y se percibirá lo que se venía percibiendo hasta el momento del contrato laboral hasta un límite de 865 euros (suma entre la Risga y los honorarios como consecuencia de una inserción laboral conquerida por el titular de la Risga). A partir de ahí, si los ingresos laborales superan sumados a los de la Risga los 865 euros al mes, disminuirá la prestación social hasta este máximo de 865 euros al mes”.
Según el presidente del Gobierno gallego, con estas modificaciones se pretende dar respuesta a algunas disfunciones como la cronificación de la situación de exclusión social. “Se detectó, también, la pérdida de vinculación del beneficiario con el proyecto de inserción. Esto se producía porque todos firmaban un proyecto de inserción pero había algunos que podían realmente cumplirlo y, por lo tanto, quedaba sin efecto el compromiso de iniciar una inserción laboral. Con la división en tres tramos se permite que aquellos beneficiarios que no estén en condiciones de cumplir un proyecto de inserción permanezcan en el tramo personal y familiar y, también, incentivamos la incorporación a estos proyectos permitiendo la recepción de una cuantía a mayores para aquellos que inicien realmente un proyecto de inserción porque están capacitados desde el punto de vista físico y de formación”.
Otra de las disfunciones que se venían detectando y que se soluciona con el nuevo documento es que, actualmente, en la práctica se penalizaba la realización de trabajos esporádicos o acciones formativas, porque la percepción de la Risga se reducía o se suspendía en este caso. “Con esta ley –reiteró- lo que tratamos es de que aquellos que tienen trabajos esporádicos puedan seguir percibiendo la Risga y, así, reducir la capacidad de economía sumergida y reducir el desinterés de incorporarse a un trabajo”.