La CIG considera que el anuncio de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Ibañez, de reformar nuevamente el sistema público de pensiones ampliando el período de cálculo a toda la vida laboral es "alarmante". La central sindical gallega manifiesta su "absoluto rechazo" a la puesta en marcha de esta o de otras medidas similares que tienen "como único objetivo", asegura, "provocar una aún mayor reducción de sus cuantías y obligar a las trabajadoras y trabajadores a suscribir planes privados para favorecer así el negocio de la banca". 

Frente a esto la CIG, que entregó el pasado 21 de junio cerca de 14.300 firmas recogidas por el colectivo de jubilados, jubiladas y pensionistas en el Parlamento de Galicia en defensa del sistema público de pensiones, demanda que "frenen de una vez los constantes ataques al mismo, que se deroguen las reformas que ya provocaron en los últimos años el suyo deterioro, que se garantice su poder adquisitivo y que las mínimas sean iguales al salario mínimo interprofesional". 

El secretario general de la CIG, Paulo Carril, señala además "la necesidad de derogar las reformas laborales y exige que se articulen medidas para finalizar con la  subcontratación, la precariedad y las tarifas planas para las empresas no cotizar a la Seguridad Social, que son las que van generando uno deterioro en la vía de los ingresos". 

Carril recuerda que la central sindical ya tuvo que convocar una huelga general en solitario, en el año 2011, contra el retraso de la edad de jubilación a los 67 años -promovido en aquel entonces por el gobierno del PSOE- y que se movilizó en 2013 contra la reforma del gobierno del PP, encabezado por Mariano Rajoy, en la que se impuso que el IPC había dejado de ser el referente para su incremento y se introdujo que, en 2019, el factor de  sustentabilibilidade opere con el objetivo de empeorar y reducir las pensiones públicas.

Carril afirma que todas las dudas que se están generando alrededor de la viabilidad del sistema público de pensiones "son interesadas para favorecer precisamente los planes privados y seguir en este camino de recorte de las pensiones públicas, alargando los años de referencia para su cálculo y en la vía de retrasar la edad de jubilación hasta los 70 años". 

Junto a esto, el representante sindical subraya que "las pensiones gallegas ya están un 15-20% por debajo del promedio de las cuantías de las pensiones en el Estado español" y que esas sucesivas reformas aprobadas por PP y PSOE, "hicieron cada vez más difícil el acceso a las pensiones contributivas, rebajaron las pensiones de quien accede al sistema y retrasaron la edad efectiva de la jubilación". Esto junto el hecho de que en los últimos seis años hubo varios ejercicios en los que no se revisó su importe nominal –o este se hizo por debajo de la inflación-.

"Las consecuencias de tomar como referencia para el cálculo de las pensiones toda la vida laboral serían nefastas para la clase trabajadora gallega en general", subraya Carril, si bien "afectarían de forma especial a la juventud que sufre, con dureza, los efectos de la reforma laboral de 2012, que contribuyó a su precarización". 

"Tal es así que entre los menores de 18 años los ingresos disminuyeron un 43% desde 2009", matiza, "y no llegan siquiera a los 2.500 euros brutos anuales. Lo mismo ocurre en el grupo de edad de entre 18 y 26 años, donde los ingresos se redujeron desde 2009 un 24%, superando apenas los 6.300 euros anuales y ni se acercan al SMI". 

La CIG alerta también de las consecuencias que tendría para las mujeres, que "ya están discriminadas en el acceso a las pensiones contributivas, porque tienen una vida laboral más precaria y con importantes lagunas de cotización". Además, continúa, "hay una  feminización de las pensiones no contributivas, lo que hace que 1 de cada 4 mujeres mayores de 65 años esté bajo el umbral de la pobreza". 

A estas "mermadas pensiones" la CIG añade "los errores en el sistema de cálculo detectados por la CIG en la provincia de Pontevedra". La central sindical trasladó al INSS que eso estaba provocando una reducción de los ingresos de las personas jubiladas, "ya que las bases de cotización de la Tesorería General de la Seguridad Social no coincidían con las bases reguladoras del cálculo que hace el Instituto Nacional de la Seguridad Social". El propio INSS reconoció la existencia de este redondeo a la baja, "aunque no explicó qué se va a hacer para evitar que persista", concluyen en el sindicato.