El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, informó de que el Consello da Xunta aprobó hoy la firma del convenio del nivel acordado para 2025 entre la Consellería de Política Social e Igualdade y el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) destinado al sistema de atención a la dependencia de las comunidades autónomas y que, en el caso de Galicia, asciende a 105 millones de euros sufragados entre el Estado y la Xunta, solo tres más que los asignados el ejercicio pasado.

Tal y como informó Rueda, Galicia recibirá algo más de 52 millones de euros, gracias a que la Xunta cumple con éxito los objetivos recogidos en este acuerdo: disminución de la lista de espera, mejora en la calidad de los servicios, etcétera. De hecho, la comunidad ya supera hoy, «dos meses antes del previsto», las 90.000 personas dependientes atendidas, una meta que se había fijado inicialmente para finales de año. Según señaló Rueda, esto es posible «en gran parte gracias al Plan de choque» activado por la Xunta «que corre el riesgo cierto de paralización después del recurso presentado ante el Constitucional por el Gobierno central».

El presidente autonómico indicó que el dinero que recibe Galicia es «parte de la financiación que se va a dedicar al sistema de dependencia en Galicia, en total 844 millones de euros» y que los 52 millones de euros «ni mucho menos llega a las cifras que por ley tendrían que aportar» el Gobierno central. Así, a pesar de la firma de este convenio para el nivel acordado, el Gobierno central está muy lejos de acercar el 50% de financiación del coste de los servicios y prestaciones de la dependencia a que está obligado por ley, y la deuda acumulada con Galicia en esta materia «a finales de 2026 sería de casi 3.000 millones de euros».

Además, el Ejecutivo gallego insiste en la necesidad de revisar los criterios de distribución de los fondos, ya que los actuales no tienen en cuenta la elevada tasa de envejecimiento que tiene Galicia o su dispersión geográfica, aspectos que provocan un incremento de los gastos superior a la media. En este sentido, el Gobierno autonómico reitera la necesidad de abordar el déficit estructural que tiene la financiación de la dependencia. La Xunta también lamenta las trabas que el Gobierno de España está poniendo en este ámbito al recurrir ante el Tribunal Constitucional contra la homologación automática de la discapacidad a personas con dependencia, una medida de la que desde el pasado mes de enero ya se beneficiaron más de 10.300 personas.