El Centro Internacional sobre el Envejecimiento, Cenie, y la Universidade de Vigo han presentado en el Campus de Ourense el estudio El Derecho al Cuidado y la Economía de los Cuidados en España, con una lectura territorial específica para Galicia bajo el título Claves para Galicia: derecho, territorio y futuro.

El informe analiza si España garantiza de forma efectiva el derecho a recibir cuidados cuando una persona los necesita, especialmente en situaciones de dependencia, envejecimiento o pérdida de autonomía. Para ello, examina el funcionamiento del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, SAAD, la suficiencia de los apoyos públicos, el peso del cuidado informal y el impacto económico de reforzar las políticas de cuidados de larga duración.

En el caso gallego, el estudio identifica una realidad especialmente exigente: el 26,9% de la población de Galicia tiene 65 o más años, frente al 20,7% de la media española. Además, el 98% de las personas con discapacidad que reciben cuidados en su hogar y el 96% de las personas con dependencia reconocida reciben algún tipo de cuidado informal.

Según el informe, los cuidados informales en Galicia equivalen a 491,35 millones de horas anuales y su valor monetario se sitúa entre 4.227 y 5.495 millones de euros al año, según los escenarios de cálculo utilizados. Estos datos evidencian que una parte esencial del bienestar en Galicia sigue dependiendo del trabajo no remunerado, principalmente del familiar, que sostiene el sistema sin suficiente reconocimiento social, laboral y económico.

LA BRECHA EN LOS CUIDADOS

La comunidad ha reducido el llamado “limbo de la dependencia” hasta el 0,5% en 2025, frente al 36% registrado en 2015, situándose muy por debajo de la media nacional, que es del 6,3%. Sin embargo, el tiempo medio de acceso a las prestaciones sigue siendo elevado, con 329 días de espera, una cifra cercana al promedio estatal y alejada de comunidades como el País Vasco o Castilla y León.

El estudio también señala que Galicia mantiene una brecha absoluta de cuidados del 83,6%, por encima de la media nacional. En otras palabras: aunque el sistema ha mejorado en tramitación y resolución administrativa, las necesidades de cuidado siguen siendo muy superiores a los apoyos efectivamente disponibles.

La separata gallega insiste en que los cuidados de larga duración deben reconocerse como un derecho social y no como una responsabilidad privada o exclusivamente familiar.

En Galicia, 298.810 personas tienen discapacidad, de las cuales el 44% cuenta con un grado igual o superior al 33%, y 54.950 personas tienen dependencia reconocida. Entre las personas con dependencia que reciben cuidados en Galicia, el 73% tiene 65 o más años, frente al 68% de la media nacional.

Este contexto convierte a Galicia en un territorio clave para debatir el futuro de los cuidados. El envejecimiento demográfico, la dispersión poblacional y el peso de las familias en la provisión de cuidados hacen especialmente urgente avanzar hacia un modelo más profesionalizado, domiciliario, comunitario y centrado en la persona.

RETORNO ECONÓMICO DE LA INVERSIÓN EN CUIDADOS

También se subraya que reforzar las políticas públicas de cuidados no solo tiene impacto social, sino también económico. En España, en 2023, 10.623 millones de euros en prestaciones generaron un impacto de 17.260 millones sobre el PIB, con un multiplicador cercano a 1,6. Aplicado a Galicia, cada 100 millones de euros de inversión pública en cuidados podrían movilizar alrededor de 160 millones de euros de actividad económica.

Además, por cada euro que las Administraciones públicas destinan a cuidados de larga duración, ingresan potencialmente 49 céntimos en retornos fiscales y cotizaciones. En Galicia, este dato cobra especial relevancia por la elevada incidencia del cuidado informal y por la oportunidad de transformar parte de ese trabajo invisible en empleo formal, actividad económica y servicios de proximidad.

De cara a 2030, el estudio estima que reforzar el sistema requeriría para Galicia una inversión adicional equivalente a 0,6 puntos del PIB gallego, es decir, unos 491 millones de euros anuales. Dependiendo del criterio de distribución, esta inversión podría traducirse en un impacto potencial de entre 21.900 y 31.700 nuevos empleos.

DEBATE INSTITUCIONAL, ACADÉMICO Y TRANSFRONTERIZO

La jornada celebrada en el marco del proyecto Iberlongeva, aprobado dentro del Programa Interreg VI-A España-Portugal, POCTEP 2021-2027, de la Unión Europea, fue inaugurada por Montserrat Cruz, representante de la Universidade de Vigo, quien destacó que "es importante abrir espacios de diálogo en lugares como las universidades, sobre los grandes retos sociales, y precisamente hablar de cuidados en Galicia, es hablar de territorio, bienestar y futuro”.

Le siguió Gonzalo Pérez Jácome, alcalde del Concello de Ourense, quien señaló que “el cuidado no debe verse solo como una carga. Muchas veces, cuando miramos atrás, entendemos que esos momentos dedicados a cuidar también forman parte de los recuerdos más importantes de nuestra vida”.

En la misma línea, Patricia Torres, diputada provincial de Políticas Sociales, Conciliación y Envejecimiento Activo de la Deputación de Ourense, subrayó que “cuidar es un acto de amor grandísimo, tanto por parte de las familias como de las personas que trabajan en este sector. Pero también es un ámbito muy precarizado, muy feminizado y con poca renovación profesional, por lo que tenemos que reforzarlo”.

Por su parte Olivia Pereira del Instituto Politécnico de Bragança puso el foco en la dimensión transfronteriza del proyecto al afirmar que “el reto de los cuidados exige una respuesta compartida, basada en la evidencia científica, la cooperación institucional y la participación de toda la comunidad”.

Tras la apertura institucional, Juan Martín, director del Cenie, ha presentado el marco de Iberlongeva, proyecto en el que se enmarca este estudio, y ha destacado que “el debate sobre los cuidados es también un debate sobre el modelo de sociedad que queremos construir. Galicia muestra con claridad que la longevidad debe abordarse desde la investigación, la cooperación institucional y una mirada territorial.”

A continuación, Nacho Álvarez, codirector del estudio, ha expuesto las principales conclusiones aplicadas a Galicia, en su intervención, Álvarez ha puesto el foco en la necesidad de “tenemos que entender que los cuidados de larga duración no son solo un coste, sino también una inversión que permite movilizar actividad económica. En el caso de Galicia, cada 100 millones de euros invertidos en cuidados podrían movilizar 160 millones de euros de actividad económica y generar 49 millones de retorno fiscal”.

Durante el diálogo 'Galicia ante el derecho al cuidado: del diagnóstico a los compromisos', Raquel Martínez Buján, profesora titular de sociología en la Universidade de A Coruña, ha defendido que “el cuidado no puede seguir entendiéndose solo como un asunto privado que se resuelve dentro de la familia. Necesitamos avanzar hacia un modelo más público, comunitario y corresponsable, que acompañe a las personas cuidadas y también a quienes cuidan”.

Chema Pazos, vicepresidente de la Sociedad Galega de Xerontoloxía e Xeriatría, ha continuado diciendo que “las residencias tienen que ser espacios mucho más abiertos, conectados con el barrio y con el sistema sanitario. No se trata solo de atender a personas mayores, sino a personas con dependencia, fragilidad y patologías cada vez más complejas, y eso exige más coordinación sociosanitaria, más formación y más capacidad de decisión para los profesionales”, mientras que Xaime Fandiño, comunicador, escritor y miembro de la Cátedra de Edadismo de la Universidad de Vigo ha puesto el foco en la intergeneracionalidad al afirmar que “la vacuna contra el edadismo es la intergeneracionalidad. Si convivimos, hablamos y compartimos espacios con personas de distintas edades, dejamos de ver la edad como una barrera y empezamos a entenderla como una etapa más de la vida”.

El estudio ha sido dirigido por Nacho Álvarez, profesor titular de Economía Aplicada en la Universidad Autónoma de Madrid, y Jorge Uxó, profesor titular de Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid. En el equipo investigador han participado también Fernando Bermejo, Raúl del Pozo y Pablo Moya, de la Universidad de Castilla-La Mancha; Ricardo Molero y Laura Pérez Ortiz, de la Universidad Autónoma de Madrid; Paloma Villanueva, de la Universidad Complutense de Madrid; y Elia Gómez, de SIIS Centro de Documentación y Estudios, Fundación Eguía Careaga.