Malestar e incertidumbre es lo que vivieron las dos últimas semanas los 600 mayores vigueses que se estaban quedando sin teleasistencia domiciliaria, un servicio que les permite recibir atención en sus propios domicilios y, que por tanto, garantiza su bienestar y calidad de vida.
Tras la reciente decisión del Gobierno central de recortar la cofinanciación de este recurso -lo que supone la supresión de una partida de 29 millones de euros que permitía que el Imserso financiase el 65% de este servicio en Vigo-, quedó en el aire quién debía, a partir de ese momento, sufragar los costes del servicio en la ciudad olívica. Mientras fuentes del Ayuntamiento confirmaban que ésta debía ser una responsabilidad de la Diputación de Pontevedra, del Partido Popular, desde el ente provincial insistían en que ellos sólo asumen la teleasistencia en municipios de menos de 20.000 habitantes y, por lo tanto, la financiación del servicio en Vigo debería estar a cargo del Gobierno local. Ante esto, desde la Diputación de Pontevedra exigieron al gobierno socialista de Abel Caballero que actuase como el resto de ciudades y que diese continuidad al mantenimiento de servicio. En todo el país son las diputaciones las responsables de localidades de menos de 20.000 habitantes y los ayuntamientos, mientras tanto, financian el resto de municipios y ciudades.

Resolución del conflicto
En medio de esta polémica, los afectados de este problema, es decir, los usuarios del servicio, asistían perplejos a cómo una y otra institución se rebotaban el problema de un lado al otro. El cruce de acusaciones parecía no tener fin y los 600 perjudicados directos, en su mayoría mujeres, veían ya cómo la empresa concesionaria del servicio, Grupo Eulen, iba retirando los dispositivos de teleasistencia de sus hogares.
Después de días de enfrentamiento, el Concello de Vigo se ha visto obligado a dar un paso adelante y anunció que asumirá el coste de los cerca de 150.000 euros que supone el mantenimiento de este servicio aunque, eso sí, sin reconocer su responsabilidad. Abel Caballero se mantiene firme a su postura inicial y reconoce que se hace cargo  de este gasto para que este recurso no desaparezca y, por tanto, no se perjudique a los ciudadanos, pero insiste en que reclamará a la Administración autonómica esta cantidad económica por todas las vías pertinentes.
El alcalde de la ciudad confirmó que Eulen ya ha paralizado la retirada de los dispositivos en esos 580 hogares vigueses.