A principios de año, el Gobierno anunció, en el Boletín Oficial del Estado, que el Ministerio de Educación y Formación incorporaría un nuevo módulo de Formación Profesional titulado ‘Supervisión a la Atención sociosanitaria a la persona usuaria’, a través de un Real Decreto del título de Técnico Superior en Gestión de servicios en centros gerontológicos. Se trataría de una formación para coordinar las labores de los equipos de atención sociosanitaria, pero debido a la falta de concreción en las labores que desempeñaría, su futura inclusión está en entredicho debido a que podría generar un conflicto de competencias y favorecer la destrucción de empleo entre las enfermeras, los trabajadoras sociales, los fisioterapeutas y los auxiliares de enfermería que trabajan en estos centros sociosanitarios. 

En la comunidad vasca, como en otras regiones, esta nueva FP sociosanitaria también está suscitando mucha controversia. Sin ir más lejos, el Sindicato de Enfermería de Euskadi es una de las entidades más críticas con dicha titulación, en la que ven claramente que puede ocasionar duplicidades. “Siguiendo criterios economicistas, se pretende sustituir a las enfermeras en los centros de mayores, invadiendo competencias. Supone intrusismo profesional y repercutiría en la calidad de cuidados de las personas residentes”, señala Amaia Mayor, secretaria provincial de Satse Euskadi, y añade que “se le pretenden otorgar competencias sanitarias asistenciales que tienen que ver con los cuidados básicos y con otros tan específicos y complejos como es la ventilación mecánica, la administración de medicamentos, el manejo de botiquines y de situaciones en emergencia, etcétera”. Mayor apunta también otras atribuciones como el liderazgo de equipos, la gestión de recursos humanos y materiales, la tutoría o coordinación docente o el tratamiento de la información sanitaria y gestión de conflictos ante pacientes y familiares, entre otras competencias que se podrían usurpar, “y todo ello sin tener la capacidad de ejecución directa sobre el paciente” y siendo todas ellas “competencias de las enfermeras”.

En el polo opuesto del debate se sitúan las patronales. En el territorio vasco, por ejemplo, Aitor Pérez Artetxe, como portavoz de la Asociación Empresarial de Gestores de Centros Asistenciales (Gesca) –que representa a entidades en Bizkaia como Caser Residencial, DomusVi, IMQ Igurco, Sanitas y Orpea, entre otras– opina que “toda medida que suponga una mejora y especialización de la formación del personal que trabaja en los centros residenciales es bien recibida” y más aún, apunta, “cuando se esta avanzando hacía un modelo de Atención Centrada en la Persona, en el que el papel de la gerocultora va a cambiar”.

En cuanto al conflicto con el desempeño del personal de Enfermería, Pérez Artetxe entiende que “habrá que definir muy bien cuales son las competencias de esta nueva figura para evitar que se produzcan ‘conflictos’. Aunque el problema mas gordo no es el conflicto de competencias, sino la ausencia de profesionales sanitarios en el mercado laboral”.

De hecho, las patronales que están a favor de la nueva titulación aseguran que esta cubriría un vacío formativo existente entre Enfermería y los Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE). “Hay tareas que ahora mismo no pueden ser realizados por el personal gerocultor. Hay muchos problemas para encontrar en el mercado profesionales sanitarios. Esta nueva figura profesional puede ayudar a ‘descongestionar’ algunas de ellas, aliviando la sobrecarga de trabajo que tiene el personal de enfermería”, explica Pérez Artetxe.

Así, desde Gesca, insisten en que hay que  buscar una solución al problema estructural de ausencia de profesionales sanitarios cualificados que se arrastra en España desde hace años. “Hasta el momento no se esta haciendo nada. Es incomprensible que la oferta universitaria siga siendo tan limitada teniendo en cuenta la necesidad que hay de estas figuras profesionales. Es como si hubiera interés en seguir teniendo estas carencias”, asegura Pérez Artetxe.

No obstante, la secretaria provincial de Satse tampoco está de acuerdo con esta supuesta carencia en la atención: “No existe ningún vacío formativo. Las enfermeras ya realizamos labores de supervisión y gestión. Lo llevamos haciendo toda la vida. Detrás de esa afirmación está el ahorro económico de contratar una categoría inferior”.

En este sentido, Mayor piensa que lo que sí que existe es el riesgo –como apuntaron desde el Consejo General de Enfermería (CGE)–, de que este título sea una solución low cost a la falta estructural de profesionales sanitarios cualificados en los centros sociosanitarios. “La verdadera solución sería plantearse el porqué de la falta de profesionales, que está relacionada con las condiciones de trabajo que se ofrecen en los centros de personas mayores”, explica. “Desgraciadamente, –prosigue Mayor– tenemos experiencia en el sindicato de la precariedad y de las malas condiciones que se ofertan en muchos casos que hacen que las enfermeras abandonen estos centros o rechacen dichas ofertas”.

Por este motivo, Satse decidió interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto del Gobierno. Además, como parte de la Mesa de la Profesión Enfermera, indica Mayor, “nos hemos dirigido, junto al Consejo General de Enfermería, a las ministras implicadas –Educación y Formación Profesional, Sanidad, y Derechos Sociales– para cuestionar, en lo que a cada ministerio corresponde, la oportunidad y necesidad de regular una nueva figura que, además de innecesaria, solo va a suponer una merma en la calidad de la asistencia que reciben las personas residentes, los pacientes y las personas dependientes en los centros sociosanitarios”.

En la actualidad, aunque el Real Decreto todavía está redactándose y se encuentra en trámite de audiencia pública, el Gobierno asegura que los titulados con la nueva FP sociosanitaria no tendrán competencias sanitarias. Es decir, su labor será la de planificar las actividades socioasistenciales no sanitarias de forma integral en coordinación con los servicios del centro.

Por otro lado, la ministra de Educación y Formación Profesional de España, Pilar Alegría, recordó en el Parlamento que esta cualificación era una petición del Congreso de los Diputados, en la que se instaba al Gobierno a crear un ciclo formativo de grado superior de supervisión socioasistencial en residencias de mayores. 

Además, y en relación a las críticas, desde el Ejecutivo se asegura que todavía se están valorando todas las observaciones, haciendo referencia especialmente a la opinión de las organizaciones sindicales.

Desde Satse Euskadi lo tienen claro y, en relación a la situación actual de los centros sociosaniarios de la comunidad, las alternativas que proponen a esta titulación es “seguir contando con las enfermeras y ampliar su presencia a todos los centros”, remarca Mayor, por un lado, y “desarrollar la presencia de las enfermeras especialistas de Geriatría que llevan años formándose por la vía de la especialidad y no se les da salida profesionalmente”.

Por su parte, desde Gesca, y en palabras de su portavoz, creen necesario “continuar con el proceso de cambio de paradigma sobre el modelo de atención de los cuidados de larga duración que se había iniciado antes de la pandemia”. Pérez Artetxe subraya que desde la patronal vizcaína van a promover “un proceso participativo de reflexión para avanzar en la definición de un modelo sostenible”.