El Consejo de Gobierno de la Diputación Foral aprobó recientemente el texto definitivo del Decreto de las Prestaciones de Dependencia en Gipuzkoa, con un incremento del gasto foral en 4,4 millones de euros (casi un millón de euros más de lo inicialmente previsto), de manera que 6 de cada 10 personas que reciben dichas prestaciones (9.333 de un total de 16.000) mejorarán las cuantías de sus aportaciones. Esta nueva regulación se produce después de que el ente foral haya aceptado las alegaciones presentadas por algunos grupos junteros, ayuntamientos, Eudel, entidades del tercer sector, así como por ciudadanas y ciudadanos.

Así, en el texto definitivo del Decreto se han incluido, entre otras, las siguientes modificaciones respecto al borrador de decreto que presentó en octubre: eximir de la formación obligatoria a personas cuidadoras de 75 años o más; se ha añadido como finalidad de la PEAP (Prestación económica de asistente personal) la plena inclusión y participación en la comunidad; asimismo se ha incluido entre los criterios para el seguimiento de los cuidados la prevención del acoso sexual y sexista; y, por último, se ha ampliado el plazo para adaptarse a los nuevos requisitos de la PECE (Prestación económica para cuidados en el entorno) a 1 año.

Según explicó la diputada de Políticas Sociales, Maite Peña, que compareció junto al portavoz de la Diputación Foral, Imanol Lasa, el objetivo de esta nueva regulación foral es por un lado, “reforzar” las ayudas que perciben las personas con dependencia severa, y por otro, “adaptarnos” a la modificación de la Ley de Dependencia. Y añadió que también es un objetivo estratégico “promover prestaciones ligadas a servicios profesionalizados en el domicilio, así como avanzar en la garantía de calidad de los cuidados, y anticiparnos al incremento de demanda de servicios derivado de los cambios demográficos previstos”.

En lo referente a las cuantías económicas, también se han modificado los importes presentados anteriormente y con la nueva propuesta se destinan 4 millones más a los grados de dependencia II y III; la PEAP (Prestación económica de asistencia personal), es decir, cuando se contrata una ayuda externa, se impulsa con 3 millones más. Todos los cambios se aplicarán a partir de este 1 de enero, no solo a las nuevas solicitudes; salvo la formación obligatoria. Asimismo, las cuantías de PEVS (Prestación Económica Vinculada al servicio) se refuerzan para hacer más atractiva la prestación.

Además de la eliminación de las cuantías por niveles o puntuación, los principales cambios de la nueva prestación son que las personas en Grado II y III con cuidadoras de edad avanzada –más de 85 años- no pueden acceder a la PECE ni seguir con ella. A su vez se elimina el requisito de 3 meses en lista de espera para PEVS (Prestación económica vinculada al servicio) y se flexibiliza la continuidad de la prestación. También se regulan los requisitos de cualificación profesional para la PEAP, así como la  formación obligatoria para nuevos cuidadores familiares, además de establecerse un seguimiento individualizado.

Para finalizar, la diputada recordó que gracias a esta nueva regulación de las prestaciones de dependencia en el territorio, y tras haber aceptado las mencionadas alegaciones,  “podremos mejorar la atención a las personas con dependencia, respondiendo a la creciente demanda de atención motivada por el envejecimiento de la población, además mejorar el servicio que apuesta por la “profesionalización de la asistencia personal”. “Todo ello -recordó-  supondrá la creación de 250 nuevos empleos, dentro de nuestra estrategia de profesionalizar los cuidados frente al modelo de cuidado familiar, que sigue siendo el más demandado”.