Gipuzkoa mantendrá las cuantías de las prestaciones vinculadas a la Ley de Dependencia

La portavoz del Gobierno foral, Larraitz Ugarte, aseguró que la norma foral "sortea los recortes sociales impuestos por Madrid y ratifica el compromiso de la Diputación con el mantenimiento del sistema actual, en el que incluso ha introducido mejoras".
Ugarte calificó de "contrarreforma" de la Ley de Dependencia el RD 20/2012 aprobado por el Gobierno central en julio del año pasado y que modifica algunos aspectos de la Ley de Dependencia y que suponen, entre otros, la reducción de un 15% en la cuantía de las actuales prestaciones y de un 30% en las nuevas altas. "Ante semejante vulneración de los derechos económicos de las personas con dependencia, el Gobierno foral ha dejado claro desde un primer momento su rechazo absoluto y su negativa a aplicar restricción alguna en Gipuzkoa, a pesar de que supondrá un enorme esfuerzo para las arcas forales. De este modo se demuestra que la atención a las personas con dependencia es un proyecto estratégico para esta Diputación", afirmó la portavoz. En concreto, los recorte del Gobierno en la financiación de la Ley de Dependencia supondrán que el Territorio dejará de percibir en 2013 en torno a diez millones de euros de ingresos para sufragar prestaciones y servicios.
El decreto aprobado por la Diputación fija, para 2013, los precios de las prestaciones por dependencia en las cuantías que se venían abonando hasta el momento, sin rebaja alguna. De este modo, se mantienen las máximas de 520,69 euros para Prestación Económica para Cuidados en el Entorno, que perciben casi 10.300 personas en Gipuzkoa; 833,96 euros, tanto para la Prestación Económica Vinculada al Servicio como para la de Asistencia Personal, que perciben 150 y 1.190 guipuzcoanos, respectivamente.
En el caso de esta última, además, Ugarte recordó que la Diputación aprobó en enero una ampliación de los derechos que permitirá cobrar esta ayuda también a quienes sean valorados con grado II y con grado I nivel 2. Casi 12.500 guipuzcoanos tienen esos niveles de dependencia, por lo que, a partir de este año, podrían acogerse a las nuevas ayudas para contratar personas cuidadoras.
"El Gobierno español ha ejecutado un ataque frontal contra la Ley de Dependencia, un recorte de derechos inasumible y un paso atrás en el Estado de bienestar. El único objetivo del Gobierno del PP es reducir drásticamente la aportación económica a las comunidades autónomas y diputaciones para la atención a la dependencia, en lugar de ayudarnos en la complicada tarea de poner a disposición de la ciudadanía prestaciones y servicios que contribuyan al mantenimiento en el entorno de las personas dependientes", manifestó Ugarte.