Con motivo de las convocatorias de huelga que los sindicatos ELA y LAB están promoviendo en las residencias privadas de Bizkaia, la Asociación Empresarial de Gestores de Centros Asistenciales (GESCA), a la que pertenecen entidades como Caser, DomusVi, IMQ Igurco o Sanitas, ha mostrado su preocupación, a través de un comunicado, por “la utilización política y sindical que se hace de las residencias de mayores”. Desde la asociación creen que esta “utilización político-sindical que se quiere hacer de este conflicto” es debido a “la proximidad de las elecciones locales y forales usando para ello a las personas dependientes y sus familias”.

Según GESCA, se ha llegado a esta situación después de que los sindicatos se hayan levantado de la mesa de negociación del convenio, los cuáles reclaman la equiparación de las condiciones laborales con el personal que trabaja en los centros de gestión pública y que el departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia se siente a negociar el convenio, aunque en GESCA recuerdan que “se trata del marco laboral entre empresas privadas, y las personas que trabajan en ellas”.

Para la asociación “no tiene ningún sentido la exigencia de publificación que las fuerzas sindicales hacen constantemente”, precisamente porque “más del 80% de los centros son de titularidad privada, es decir, han sido promovidos por entidades privadas”.

Sin embargo, desde GESCA subrayaron en su comunicado que, mediante diversas fórmulas de colaboración público-privada, “en Bizkaia se ha podido crear una tupida red de residencias que aglutina a algunas de titularidad pública y otras de titularidad privada, de manera que, cuando una persona reconocida como dependiente, tiene derecho y desea acceder a una plaza residencial, tiene libertad de elección entre un amplio abanico de opciones”.

Por otro lado, la asociación quiso desmentir que las patronales vayan a recibir de la diputación 255 millones de euros. “Esta cifra se corresponde con las 3.000 plazas que esta Administración va a concertar con las residencias privadas desde setiembre de 2021 hasta diciembre de 2023, para ofrecer la mencionada atención residencial a las personas dependientes que tienen derecho a recibir esta prestación, a un precio de 90 euros/día. De esta cantidad, las personas usuarias o sus familias copagan entre el 30-50% a la entidad foral”.

GESCA asegura que el coste de esta misma atención en los centros del Instituto Foral de Atención Social (IFAS), referente de las reivindicaciones sindicales, “se sitúa en el entorno de los 275-300 euros/darios según los presupuestos de este ente foral, es decir, el triple”.

La asociación tampoco está de acuerdo con la visión que tienen los sindicatos de los fondos de inversión que, en los últimos años, han ido adquiriendo centros residenciales para luego alquilarlos a otras operadoras profesionales: “Utilizar el despectivo calificativo de ‘buitres’ a estos inversores solo se justifica por el desconocimiento de la realidad o la intención de criminalizar a la iniciativa privada, en un discurso demagogico, con una importante carga ideológica”.

GESCA pone como ejemplo a Elkarkidetza y Geroa, entidades vascas de previsión social, que son accionistas de referencia de Healthcare Activos, el fondo especializado que más residencias tiene en el Estado español. “Los sindicatos vascos tienen el 50% de representatividad en las asambleas y juntas de gobierno de ambas entidades y. en consecuencia, del control de las mismas, y del destino de los fondos de sus socios”.