El Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno vasco ha denunciado que la reciente aprobación de la Ayuda de Garantía de Ingresos (AGI) por parte de la Diputación Foral de Gipuzkoa ha dejado sin ayudas complementarias a 3.130 pensionistas guipuzcoanos. "Antes de empezar a gestionar la AGI, la Diputación de Gipuzkoa está retirando ayudas a un colectivo muy vulnerable de la sociedad guipuzcoana y, encima, por la puerta de atrás", aseguró el viceconsejero de Planificación y Empleo, Javier Ruiz.
Según el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales, han tenido conocimiento de este recorte acometido por la Administración foral guipuzcoana a través de la red de oficinas de Lanbide, a las que han acudido pensionistas afectados para solicitar el amparo. Por esta razón, el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales ha urgido a la Diputación a una reunión en el menor tiempo posible para no perjudicar a las personas afectadas por esta situación.
"Son personas vulnerables a las que la Diputación debe dar información individualizada y creemos que no debe retirarles las ayudas de un día para otro hasta que no coopere con nuestro Departamento con el fin de buscar una solución que no perjudique a este colectivo", señaló al respecto Ruiz. "Esta interrupción automática puede ocasionar un grave perjuicio a muchos ciudadanos guipuzcoanos, en su mayoría, mayores o discapacitados a los que esta actuación sólo va a generar zozobra e inquietud", manifestaron desde el Departamento.
No obstante, Empleo y Asuntos Sociales ha recordado que la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) no sustituye de manera automática dichas prestaciones ya que no todas las personas afectadas por el recorte de Gipuzkoa cumplirán los requisitos de entrada en su variable de complemento de pensiones.
En este punto, el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales cree que la Diputación Foral de Gipuzkoa ha actuado "de forma poco transparente" al haber introducido mediante una disposición derogatoria la eliminación de estas ayudas en el Decreto de Garantía de Ingresos, que regula aspectos que nada tienen que ver con estas ayudas, ni por su objetivo ni por las personas a las que va dirigida.

Sin comunicación entre administraciones
El Departamento de Empleo y Asuntos Sociales ha considerado igualmente incomprensible que no haya existido una comunicación de la Administración foral guipuzcoana sobre la decisión a tomar y sobre la situación de las personas afectadas. "Esa comunicación hubiera permitido dar una respuesta personal e individual a cada situación sin que tengan que moverse de su domicilio, dada la naturaleza de los afectados. Nos parece una actuación censurable desde el fondo y desde la forma", apuntó el viceconsejero de Planificación y Empleo.
"La Diputación Foral de Gipuzkoa no ha atendido en ningún momento a la más básica regla de mutua colaboración entre las administraciones, que siempre deben velar por dar el mejor servicio al ciudadano. Y más en este capítulo, que afecta a personas mayores o con discapacidad", denunciaron desde el Departamento de Asuntos Sociales.
Entre las personas afectadas por esta situación hay, según el Gobierno vasco, alrededor de 2.700 beneficiarios de pensiones no contributivas, 120 personas que perciben un subsidio de Garantía de Ingresos mínimo y otros 310 con pensiones de Fondo de Bienestar Social por Ancianidad y Enfermedad.