Darpón solicita a la ministra de Sanidad que reconsidere el nuevo copago farmacéutico
El consejero vasco de Salud habló telefónicamente con Ana Mato para trasladarle su rechazo a la medida, que afectaría en Euskadi a unas 4.000 personas con procesos oncológicos, hepatitis crónica, artritis reumatoide, psoriasis y asma grave, entre otros
El consejero de Salud del Gobierno Vasco, Jon Darpón, aseguró ayer que se había puesto en contacto telefónico con la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, para solicitarle que reconsidere la aplicación del copago de farmacia hospitalaria ambulatoria y anunciarle que, en caso contrario, el Gobierno Vasco recurrirá la medida.
Según señaló el consejero, que compareció públicamente en la mañana de ayer en Bilbao junto al director de Farmacia, Iñaki Betolaza, se trata de "una medida no justificable e injusta ya que penaliza indiscriminadamente a las personas con enfermedades crónicas graves y así se lo hice saber ayer a la ministra". Darpón manifestó asimismo, que confía en que el Ministerio reconsidere su postura y, finalmente, retire la propuesta.
En este sentido, recordó que son numerosas las comunidades autónomas que se han manifestado públicamente en contra de su aplicación "comunidades autónomas gobernadas por partidos de prácticamente todo el espectro político", advirtió.
En caso de que esta medida no se retire, Jon Darpón desveló que, en el plazo previsto en la resolución -30 días desde la publicación-, se procederá a presentar un recurso de alzada ante la Secretaría de Sanidad y Consumo del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, solicitando la suspensión. En el caso de que el recurso fuera desestimado, el consejero adelantó su intención de "acudir al contencioso, solicitando la suspensión de aplicación y negándonos a su aplicación".
Además, recordó que la citada resolución se ampara en el Real Decreto 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones; en el Real Decreto 28/2012, de 30 de noviembre, de medidas de consolidación y garantía del sistema de Seguridad Social; ambos recurridos por el Gobierno Vasco ante el Tribunal Constitucional, por falta de competencia, y pendientes de sentencia.
En este sentido, y en palabras del titular de Salud, esta nueva medida que propone el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad "supone, nuevamente, una invasión de la competencia respecto a la gestión de la sanidad interior recogida en el estatuto, que tampoco vamos a permitir".
Asimismo, señaló que esta nueva resolución del Ministerio es totalmente contraria al principio de equidad que siempre se ha defendido en Osakidetza, dado que puede afectar de forma desigual y arbitraria a las personas con enfermedades crónicas. De hecho, "habrá personas que, a pesar de sufrir la misma patología, se verán afectadas y otras que no; todo depende del tratamiento, puesto que algunos fármacos quedan incluidos en la resolución y otros no". "Y no se puede jugar con la salud de las personas de esta manera", recalcó Jon Darpón.
El consejero vasco de Salud criticó también sin ambages la falta de reflexión y debate con la que el Ministerio ha anunciado esta medida, ya que ni siquiera se trató el tema en el Consejo Interterritorial de Sanidad celebrado el pasado 23 de julio en Madrid ni en el encuentro de Consejeros del pasado 14 de septiembre en Barcelona.
La medida adoptada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad introduce la aportación del usuario en 43 medicamentos, suministrados fundamentalmente en los Hospitales Universitarios de Cruces, Basurto, Galdakao-Usansolo, Araba y Donostia. El Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha estimado que la aplicación de esta medida afectaría a unos 4.000 vascos con procesos oncológicos, hepatitis crónica, artritis reumatoide, psoriasis y asma grave, entre otros.
El responsable del Departamento de Salud del Gobierno Vasco afirmó igualmente que la puesta en marcha de esta medida tampoco beneficiaría a las arcas públicas, ya que el coste administrativo para cobrar a los enfermos superaría probablemente la propia recaudación prevista. "No es una medida buena para nadie, por lo que los Departamentos de Salud y de Justicia y Función Pública del Gobierno Vasco seguiremos estudiando las fórmulas jurídicas oportunas para evitarlo en Euskadi en caso de que, finalmente, la ministra no haga caso de nuestra solicitud de retirada de la medida".
Según señaló el consejero, que compareció públicamente en la mañana de ayer en Bilbao junto al director de Farmacia, Iñaki Betolaza, se trata de "una medida no justificable e injusta ya que penaliza indiscriminadamente a las personas con enfermedades crónicas graves y así se lo hice saber ayer a la ministra". Darpón manifestó asimismo, que confía en que el Ministerio reconsidere su postura y, finalmente, retire la propuesta.
En este sentido, recordó que son numerosas las comunidades autónomas que se han manifestado públicamente en contra de su aplicación "comunidades autónomas gobernadas por partidos de prácticamente todo el espectro político", advirtió.
En caso de que esta medida no se retire, Jon Darpón desveló que, en el plazo previsto en la resolución -30 días desde la publicación-, se procederá a presentar un recurso de alzada ante la Secretaría de Sanidad y Consumo del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, solicitando la suspensión. En el caso de que el recurso fuera desestimado, el consejero adelantó su intención de "acudir al contencioso, solicitando la suspensión de aplicación y negándonos a su aplicación".
Además, recordó que la citada resolución se ampara en el Real Decreto 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones; en el Real Decreto 28/2012, de 30 de noviembre, de medidas de consolidación y garantía del sistema de Seguridad Social; ambos recurridos por el Gobierno Vasco ante el Tribunal Constitucional, por falta de competencia, y pendientes de sentencia.
En este sentido, y en palabras del titular de Salud, esta nueva medida que propone el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad "supone, nuevamente, una invasión de la competencia respecto a la gestión de la sanidad interior recogida en el estatuto, que tampoco vamos a permitir".
Asimismo, señaló que esta nueva resolución del Ministerio es totalmente contraria al principio de equidad que siempre se ha defendido en Osakidetza, dado que puede afectar de forma desigual y arbitraria a las personas con enfermedades crónicas. De hecho, "habrá personas que, a pesar de sufrir la misma patología, se verán afectadas y otras que no; todo depende del tratamiento, puesto que algunos fármacos quedan incluidos en la resolución y otros no". "Y no se puede jugar con la salud de las personas de esta manera", recalcó Jon Darpón.
El consejero vasco de Salud criticó también sin ambages la falta de reflexión y debate con la que el Ministerio ha anunciado esta medida, ya que ni siquiera se trató el tema en el Consejo Interterritorial de Sanidad celebrado el pasado 23 de julio en Madrid ni en el encuentro de Consejeros del pasado 14 de septiembre en Barcelona.
La medida adoptada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad introduce la aportación del usuario en 43 medicamentos, suministrados fundamentalmente en los Hospitales Universitarios de Cruces, Basurto, Galdakao-Usansolo, Araba y Donostia. El Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha estimado que la aplicación de esta medida afectaría a unos 4.000 vascos con procesos oncológicos, hepatitis crónica, artritis reumatoide, psoriasis y asma grave, entre otros.
El responsable del Departamento de Salud del Gobierno Vasco afirmó igualmente que la puesta en marcha de esta medida tampoco beneficiaría a las arcas públicas, ya que el coste administrativo para cobrar a los enfermos superaría probablemente la propia recaudación prevista. "No es una medida buena para nadie, por lo que los Departamentos de Salud y de Justicia y Función Pública del Gobierno Vasco seguiremos estudiando las fórmulas jurídicas oportunas para evitarlo en Euskadi en caso de que, finalmente, la ministra no haga caso de nuestra solicitud de retirada de la medida".
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