La Diputación de Álava dispondrá el año que viene de un presupuesto foral que asciende a 702 millones de euros, “a la altura de los grandes retos que tiene por delante nuestro territorio”, ha explicado en el diputado general, Ramiro González, en la presentación del proyecto de presupuestos aprobado, la semana pasada, en el Consejo de Gobierno extraordinario. “Unos presupuestos que plantean políticas que buscan por encima de todo proteger a las personas y proyectos que verán la luz en 2025 “, añadió, y que fortalecen las políticas sociales, que se convierten en una prioridad en las cuentas forales a las que se destinan 311 millones de euros.

Una inversión en gasto social por habitante que “vuelve a superarse” y alcanza los 892 euros. “Estamos a la cabeza en protección social duplicando la cantidad que invierten otras Comunidades Autónomas” ha enfatizado González.

El apoyo a las personas y familias que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad son elementos “esenciales” de este presupuesto foral. Así, el conjunto de los recursos destinados a Bienestar Social es de 283,3 millones de euros. De estos, el Instituto Foral de Bienestar Social acapara 267,5 millones, lo que supone un crecimiento del 5,3%. Duplicar la oferta de plazas en el programa Etxean Bai, la ejecución de las obras en la residencia de personas mayores de Amurrio y en la residencia Etxebidea o la concertación del servicio de atención temprana en la zona rural son algunos de los proyectos incluidos en este epígrafe.

El mandatario alavés ha subrayado también “el aumento de los recursos económicos destinados a sostener unos servicios públicos de calidad. Unas cuentas que además sirven para dar el espaldarazo definitivo al desarrollo de los proyectos estratégicos del territorio. Pasamos de los compromisos a los hechos”. En este sentido, ha citado proyectos como el Centro de Investigación del Envejecimiento o la adecuación de las instalaciones del laboratorio de Eskalmendi.

La diputación destina más recursos económicos al Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) en el ámbito rural, al que se dota con 9,3 millones de euros, un 8,3% más que en 2024. Además, se impulsará el ecosistema de cuidados locales para Montañana Alavesa, para que las personas mayores puedan mantenerse en sus domicilios, creando redes de cuidados a través del potencial comunitario, y se pondrá en marcha la nueva concertación en la zona rural del servicio de atención temprana, destinado a niñas y niños con trastorno del desarrollo.

SERVICIOS RESIDENCIALES

Se abrirá el nuevo centro residencial y centro de día para personas con discapacidad Lakondoa, así como un equipamiento, también residencial y de atención diurna, para promover la inclusión social.

A todo ello se suman las obras de adecuación y mejora de diferentes centros residenciales y otros servicios, como el destinado a personas con discapacidad Etxebidea, las residencias de mayores de Samaniego y San Antón de Armuru, en Amurrio, la vivienda para personas con discapacidad de Laudio, el centro de referencia para Etxean Bai, la nueva sede del Servicio Hegoak de atención especializada a víctimas de violencia machista, y el centro de menores de Castillo de Portilla. El capítulo de inversiones alcanza los 11,8 millones de euros.

En términos globales, Políticas Sociales dedicará más de 41 millones de euros a los recursos y servicios para personas mayores, y otros 20 millones a los destinados a personas con discapacidad.

PERSONAS CUIDADORAS

En tercer lugar, en cuanto al establecimiento de medidas de apoyo a las personas cuidadoras no profesionales, destaca el incremento de la ‘Prestación económica de cuidados en el entorno familiar’ (Pecef), que crece un 7,5%, lo que supone un incremento presupuestario de 2 millones de euros. La cuantía máxima que percibirán las personas con Grado III de dependencia y tres años de empadronamiento se sitúa en los 582,92 euros mensuales.

También se mejorará la accesibilidad al sistema de servicios sociales, destinando 150.000 euros para atender más rápido las solicitudes de valoración de la discapacidad.

Por último, el centro especial de empleo Indesa, que da oportunidades de empleo a personas con discapacidad como medio para lograr su inclusión social y laboral, contará con un presupuesto de 27,4 millones de euros (1,8 millones más que en el proyecto anterior), y se autofinancia con los servicios que presta.