Más de 87.900 expedientes serán revisados antes de que termine el año por el departamento de Empleo y Asuntos Sociales y el de Hacienda para comprobar que las personas que reciben ayudas de emergencia social, complemento de vivienda o la renta de garantía de ingresos cumplen con los requisitos exigidos por la ley. Con esta iniciativa, el ejecutivo vasco quiere "terminar de esta manera con las constantes sospechas que un día sí y otro también se levantan en torno a estas ayudas", que en los preuspuestos de 2011 contarán con una partida de 325 millones de euros.
"No es que no nos fiemos, es que es nuestra obligación", ha señalado la consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, quien considera que la partida presupuestaria que el Ejecutivo destina a ayudas sociales es "una cantidad lo suficientemente importante" como para proceder a esta revisión. En caso de detectar irregularidades, el Gobierno vasco comunicará a las instituciones competentes, ayuntamientos y diputaciones, la suspensión de estas ayudas para porceder a la ejecución de las sanciones. Este proceso de revisión se centrará en evaluar que el perceptor de la ayuda esté activado en la búsqueda de empleo, comprobar los bienes inmuebles que poseé al margen de la vivienda habitual y su situación de empadronamiento(actualmente sólo se pueden recibir ayudas sociales 2 personas por cada domicilio para evitar hacinamientos).