La jornada del paro realizada en varios centros de España ha dejado de manifiesto la gran preocupación que vive el sector por el retraso y la falta de pago de la deuda que asciende a casi 1.300 millones de euros.
El presidente de la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED), Jose Alberto Echevarria, ha asistido a este parón en una residencia valenciana. Durante el acto, Echevarría ha leído un comunicado en el que ha destacado que “hablamos de más de 5.000 empresarios, 200.000 puestos de trabajo directos, estables y no deslocalizables; 100.000 puestos de trabajo indirectos y 1 millón de personas en situación de dependencia que se detendrán hoy para protestar por el trato que la Administración les da. Una Administración Pública que debe al sector socio-sanitario más de 1.268 millones de euros". Han acudido a dicho encuentro además de empresarios familiares de los residentes.
El parón empresarial, que se repetirá en unos días tiene el objetivo de transmitir a la sociedad la preocupación, y el estado de ansiedad que se vive, al ver que la Administración no está cumpliendo con los plazos
económicos a los cuales ellos mismos se han comprometido, en muchos casos con retrasos de más de  un año.
Con la deuda de la administración se considera que la viabilidad del proyecto del estado de bienestar está en una situación precaria. Por su parte los empresarios han manifestado en reiteradas ocasiones que las empresas, los puestos de trabajo y la estabilidad del servicio que prestamos a nuestros usuarios están en un serio peligro.

Las propuestas
•    Exigir a la administración de forma unida y conjunta que nos paguen la deuda
•    Somos conscientes de los problemas de tesorería actuales, pero esto no puede ser una excusa para no atender a nuestros dependientes y deben tomarse medidas urgentes:
•    Reducir todos aquellos gastos en otros sectores  que no son necesarios y básicos de la administración de forma que puedan atenderse de forma inmediata a todos los dependientes
•    Modificar los baremos del Cuidador Informal supondría 800 millones de ahorro de forma inmediata, lo cual permitiría aumentar las PEVS en 80.000 usuarios más y crear 40.000 puestos de trabajo de atención de directa.
•    Exigencia de control exhaustivo de las Prestaciones del Cuidador Informal, al objeto de que no se otorguen prestaciones que no garanticen la calidad del servicio
•    No otorgar ninguna prestación al grado I en tanto no estén atendidos todos los grados ya reconocidos por la.
•    Apertura de líneas de financiación modelo confirming con el aval y garantía de la AGE.
•    Que se pueda compensar la deuda de la Administración con nuestras empresas con cargo a impuestos y cotizaciones.