Aerte cree que la apuesta de Mato por los servicios en la dependencia aporta ‘sentido común y confianza’
La patronal coincide con la ministra en que los equitativo e igualitario es una prestación en función del coste del servicio y no del grado
El presidente de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (Aerte) y representante del sector en la Junta Directiva de la Confederación Española de Organización Empresariales (CEOE), Alberto Giménez, ha señalado hoy que la apuesta de la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, por retornar a los principios de la Ley de la Dependencia recupera el “sentido común” en la gestión pública de la atención socio-sanitario y ofrece “esperanza” y “confianza” al sector frente a actuaciones anteriores donde no se ha primado el servicio y la calidad.
En este sentido, Giménez ha explicado que la situación “límite” que vive el sector en toda España tiene su origen, en parte, en la incorrecta aplicación de la norma y el fomento de una figura excepcional, caso del cuidador familiar, que ni garantizaba el derecho adquirido, ni generaba el retorno económico y social que se preveía. Una situación agravada por la implantación de 17 modelos de financiación y gestión diferenciados en función de la autonomía.
De ahí que la racionalización que prevé la nueva Ministra de Sanidad suponga “un paso adelante” en la futura estabilidad del estado del bienestar y, paralelamente, el proceso adecuado para “convertir en viable una Ley que nació y se aplicó sin desarrollar y sin respeto a su enunciado”.
Desde el punto de vista de Alberto Giménez, la priorización de la prestación de servicios, frente al modelo seguido hasta la fecha, ofrecerá mayor calidad a las personas dependientes y contribuirá también a la generación de empleo.
De hecho, el presidente de Aerte ha explicado que diversos estudios independientes han demostrado que la apuesta por la atención socio-sanitaria profesional genera empleo y retornos económicos directos e indirectos para la Administración, además de ayudar a la recuperación de otros sectores como la construcción y las infraestructuras, el alimentario o las nuevas tecnologías, entre otros.
Reducir el déficit
En este sentido, el presidente de la patronal autonómica ha explicado que, sólo en la Comunidad Valenciana, la adjudicación a personas en situación de Dependencia de las 4.000 plazas disponibles en la red socio-sanitaria permitiría la creación de cerca de 3.000 empleos, además de un retorno de unos 12 millones de euros para las Administraciones públicas. “Y eso sólo representa el 10% del efecto que tendría en el Estado la implantación global de esta medida”, ha apostillado Alberto Giménez.
Y, como ejemplo, el portavoz de Aerte ha recordado que los impuestos que recuperaría la Administración Central –IVA e IRPF-, el ahorro en prestaciones por desempleo y los ingresos por la Seguridad Social de los trabajadores incorporados ayudarían a sanear las cuentas y reducir el déficit público.
Por ello, Alberto Giménez se ha mostrado partidario de que la Administración “priorice” los servicios centrándose en los grandes dependientes y dependientes severos que “siguen sin recibir la atención que necesitan”. Y, una vez atendidos éstos con criterios profesionales y de calidad, “podremos estudiar la atención de la dependencia leve o moderada en función de los recursos disponibles y con criterios realistas, teniendo en cuenta la situación económica que vivimos”, ha apostillado el presidente de Aerte.
Así, el portavoz de la patronal valenciana ha recordado que ésta política no sólo se refiere a centros residenciales, sino también a los servicios socio-asistenciales complementarios, como los centros del día, los servicios de ayuda a domicilio o la tele-asistencia, que garantizan que el dependiente conserve sus raíces sociales y familiares prestándole un servicio necesario y sobre el que ha adquirido derecho por Ley.
Y, por tanto, el presidente de Aerte ha señalado que los empresarios del sector “entienden y apoyan” que personas con una dependencia leve o moderada aboguen por mantener su independencia y/o permanecer en el entorno familiar, si bien, es necesario que exista un control sobre aquellos que prestan servicios asistenciales fuera de la órbita de los recursos profesionales.
Criterios comunes
Del mismo modo, Giménez se ha mostrado “de acuerdo” en la apuesta de Ana Mato de establecer unos “criterios comunes” para determinar la capacidad económica de los usuarios, esto es, un baremo único de valoración y para determinar la capacidad económica de los beneficiarios, ya que estas medidas garantizarán el acceso de los dependientes al sistema en condiciones de igualdad.
Éstas, y otras medidas como la coordinación entre atención sanitaria y social, han sido defendidas por Aerte y la patronal nacional en numerosas ocasiones, si bien, hasta la fecha no habían tenido el respaldo del Gobierno. Algo que se repite con la necesaria definición de un catálogo de servicios sociales que determine cuáles son las prestaciones a las que pueden acceder los ciudadanos en el conjunto del territorio, con unos criterios comunes que garanticen la calidad de la asistencia y que sirva de referencia para todos los agentes, tal y como se ha defendido desde el sector y también ahora desde el Ejecutivo Central.
En este sentido, Giménez ha explicado que la situación “límite” que vive el sector en toda España tiene su origen, en parte, en la incorrecta aplicación de la norma y el fomento de una figura excepcional, caso del cuidador familiar, que ni garantizaba el derecho adquirido, ni generaba el retorno económico y social que se preveía. Una situación agravada por la implantación de 17 modelos de financiación y gestión diferenciados en función de la autonomía.
De ahí que la racionalización que prevé la nueva Ministra de Sanidad suponga “un paso adelante” en la futura estabilidad del estado del bienestar y, paralelamente, el proceso adecuado para “convertir en viable una Ley que nació y se aplicó sin desarrollar y sin respeto a su enunciado”.
Desde el punto de vista de Alberto Giménez, la priorización de la prestación de servicios, frente al modelo seguido hasta la fecha, ofrecerá mayor calidad a las personas dependientes y contribuirá también a la generación de empleo.
De hecho, el presidente de Aerte ha explicado que diversos estudios independientes han demostrado que la apuesta por la atención socio-sanitaria profesional genera empleo y retornos económicos directos e indirectos para la Administración, además de ayudar a la recuperación de otros sectores como la construcción y las infraestructuras, el alimentario o las nuevas tecnologías, entre otros.
Reducir el déficit
En este sentido, el presidente de la patronal autonómica ha explicado que, sólo en la Comunidad Valenciana, la adjudicación a personas en situación de Dependencia de las 4.000 plazas disponibles en la red socio-sanitaria permitiría la creación de cerca de 3.000 empleos, además de un retorno de unos 12 millones de euros para las Administraciones públicas. “Y eso sólo representa el 10% del efecto que tendría en el Estado la implantación global de esta medida”, ha apostillado Alberto Giménez.
Y, como ejemplo, el portavoz de Aerte ha recordado que los impuestos que recuperaría la Administración Central –IVA e IRPF-, el ahorro en prestaciones por desempleo y los ingresos por la Seguridad Social de los trabajadores incorporados ayudarían a sanear las cuentas y reducir el déficit público.
Por ello, Alberto Giménez se ha mostrado partidario de que la Administración “priorice” los servicios centrándose en los grandes dependientes y dependientes severos que “siguen sin recibir la atención que necesitan”. Y, una vez atendidos éstos con criterios profesionales y de calidad, “podremos estudiar la atención de la dependencia leve o moderada en función de los recursos disponibles y con criterios realistas, teniendo en cuenta la situación económica que vivimos”, ha apostillado el presidente de Aerte.
Así, el portavoz de la patronal valenciana ha recordado que ésta política no sólo se refiere a centros residenciales, sino también a los servicios socio-asistenciales complementarios, como los centros del día, los servicios de ayuda a domicilio o la tele-asistencia, que garantizan que el dependiente conserve sus raíces sociales y familiares prestándole un servicio necesario y sobre el que ha adquirido derecho por Ley.
Y, por tanto, el presidente de Aerte ha señalado que los empresarios del sector “entienden y apoyan” que personas con una dependencia leve o moderada aboguen por mantener su independencia y/o permanecer en el entorno familiar, si bien, es necesario que exista un control sobre aquellos que prestan servicios asistenciales fuera de la órbita de los recursos profesionales.
Criterios comunes
Del mismo modo, Giménez se ha mostrado “de acuerdo” en la apuesta de Ana Mato de establecer unos “criterios comunes” para determinar la capacidad económica de los usuarios, esto es, un baremo único de valoración y para determinar la capacidad económica de los beneficiarios, ya que estas medidas garantizarán el acceso de los dependientes al sistema en condiciones de igualdad.
Éstas, y otras medidas como la coordinación entre atención sanitaria y social, han sido defendidas por Aerte y la patronal nacional en numerosas ocasiones, si bien, hasta la fecha no habían tenido el respaldo del Gobierno. Algo que se repite con la necesaria definición de un catálogo de servicios sociales que determine cuáles son las prestaciones a las que pueden acceder los ciudadanos en el conjunto del territorio, con unos criterios comunes que garanticen la calidad de la asistencia y que sirva de referencia para todos los agentes, tal y como se ha defendido desde el sector y también ahora desde el Ejecutivo Central.
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