El presidente de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (Aerte), Alberto Giménez, afirma que es necesario replantear el calendario de implantación de la Ley "porque un país en situación de crisis no puede plantearse la atención a los dependientes leves".
Giménez ha señalado que, aunque diversos estudios económicos demuestran que la apuesta por las políticas sociales vinculadas a la atención profesional de la dependencia generan empleo y retornos económicos, "la política que la Administración General ha impulsado ha favorecido la prestación informal y la separación de las carteras de bienestar social y sanidad, lo que ha supuesto un incremento constante del gasto público".
En este sentido, el portavoz ha añadido que esta situación se ha visto agravada por la ausencia de un modelo de financiación estable, similar al aprobado en los Pactos de Toledo, que permitiese a una financiación equitativa entre la administración estatal y la autonómica, algo que no ocurre en la actualidad y que ha generado 17 modelos de financiación diferentes y la desigualdad de los ciudadanos ante un derecho adquirido, tal y como lo define la Ley.
De hecho, Giménez ha denunciado que "hay más de 250.000 personas en situación de dependencia en grado II y III todavía no están atendidas en el marco del actual sistema. Y, como ejemplo, el portavoz de la patronal ha recordado que en las estadísticas del Ministerio todavía no hay ni una sola persona atendida en un Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD)".