Manuela Carmena se reúne con el presidente de la AIReF
Celebrada a petición del Ayuntamiento de Madrid, en la reunión técnica también participaron la interventora general, Maria José Monzón, y otros miembros del organismo de encargado de velar por la sostenibilidad de las finanzas públicas.
El encuentro sirvió también para trasladar las aportaciones realizadas en el encuentro organizado recientemente con otras entidades. El pasado mes de marzo Manuela Carmena reunió a representantes de administraciones locales y corporaciones observadas por la AIReF. Todos ellos coincidieron en la necesidad de modificar normativamente el cálculo de la regla de gasto para adecuarlo a los nuevos tiempos. Se trata de una reclamación extensiva a otros muchos Ayuntamientos de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y que la propia AIRef estima oportuna.
Desde el Ayuntamiento de Madrid se considera imprescindible garantizar la estabilidad de todas las administraciones, también las locales, y los mecanismos de control de la misma. Pero estos mecanismos, especialmente la conocida como regla de gasto, serán de mayor utilidad si se ajustan a la realidad económica y presupuestaria actual. Se trataría de incentivar la eficacia en el gasto y las políticas públicas y para eso es necesario mejorar el marco normativo.
Nueva interpretación de la regla de gasto
La regla de gasto es una limitación impuesta por la Ley de Estabilidad Presupuestaria que impide a los ayuntamientos aumentar el gasto público más allá de una tasa de referencia basada en el crecimiento de la economía española.
El cálculo de esa regla fue diseñado en un periodo en el que la mayoría de corporaciones locales incumplían los objetivos de estabilidad presupuestaria y en el que se consideraba prioritario contener el gasto público local. Sin embargo en la actualidad los ayuntamientos más importantes cumplen sobradamente los requisitos de déficit, deuda y pago a proveedores. En el caso de Madrid el superávit supera los 1.022 millones de euros, la deuda se reduce a ritmo acelerado y el periodo de pago medio a proveedores ha bajado significativamente.
Una nueva interpretación más ajustada a la situación actual no implicaría una modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.