Javier Font / Presidente de Famma-Cocemfe Madrid
‘La accesibilidad es una cuestión que no importa a la élite que nos dirige’
La pasividad del Gobierno madrileño como miembro del Consejo para la Promoción de la Accesibilidad y la Supresión de Barreras o la imposibilidad de ir a votar de las personas con discapacidad en las próximas elecciones son algunas de las cuestiones que Font repasa en esta entrevista
Pregunta- Famma-Cocemfe Madrid es una organización que busca mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad y sus familias. ¿En qué situación se encuentra este colectivo en la Comunidad de Madrid? ¿Considera que se están acercando a su objetivo?
Respuesta- Aunque se ha avanzado en los últimos años, queda mucho por hacer en áreas tan distintas como las relacionadas con la accesibilidad en instalaciones públicas, el transporte, la educación inclusiva o el acceso a servicios fundamentales para las personas con discapacidad, como los sanitarios o los sociales. Es necesario un mayor compromiso por parte de todos los agentes y de la Administración para que las personas con discapacidad puedan disfrutar de las mismas oportunidades que el resto de personas, sin discriminación alguna.
P.-Recientemente, desde Famma-Cocemfe denunciaron la pasividad del Gobierno regional como miembro del Consejo para la Promoción de la Accesibilidad y la Supresión de Barreras y le acusaron de “mirar para otro lado” a la hora de sancionar. ¿Qué casos de incumplimiento detectaron desde su organización?
R.-Detectamos numerosos casos de problemas de accesibilidad, fundamentalmente en instalaciones públicas o servicios de carácter o de uso público, y también numerosas deficiencias de accesibilidad en comunidades de vecinos. Son los dos tipos de denuncia que recibimos, en mayor cuantía, en el Gabinete de Accesibilidad Universal y Diseño para Todos de Famma-Cocemfe Madrid. Solamente durante el último año se recibieron casi 200 denuncias por problemas de accesibilidad en la Región. Desde la Federación lamentamos que organismos que se supone que fueron creados para fomentar la accesibilidad universal miren para otro lado cuando de sancionar se trata, y que no vigilen que se cumpla de forma estricta lo que estipula la legislación vigente con respecto a esta materia.
P.-Asimismo, destacan que la Ley 8/1993, de 22 de junio, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de las Barreras Arquitectónicas recoge que el importe de las multas que imponga el citado Consejo se ingresará en el Fondo para la Supresión de Barreras, sin embargo, este fondo carece de financiación desde su creación. ¿Qué está fallando para que se incumpla la ley de esta manera?
R.-Esta situación demuestra una falta importante de compromiso y respeto hacia las personas con discapacidad, y que la accesibilidad es una cuestión que no importa a la élite que nos dirige, pese a que se trata de una cuestión vital para miles y miles de personas que necesitan de medios de transporte adecuados y de instalaciones accesibles para poder gozar de una vida plena y de normalidad en igualdad de condiciones que las demás. A ello no ayuda, según lo anteriormente expuesto, que organismos como el Consejo para la Promoción de la Accesibilidad no vele por el cumplimiento fiel de la normativa, y que no sancione los incumplimientos, por lo que, evidentemente, no se pueden recaudar fondos que reviertan de forma positiva en la mejora de las condiciones de accesibilidad y, por ende, en la mejora de la calidad de vida de miles de ciudadanos.
P.-Otra de sus denuncias es la relativa a la renuncia del Gobierno regional –es la única comunidad autónoma que no firmó el acuerdo– a las ayudas del Ministerio de Fomento para la rehabilitación, regeneración y renovación urbana que permitirían mejorar las condiciones de accesibilidad de múltiples inmuebles. ¿Qué razones esgrimen desde el Gobierno de la Comunidad para rechazar el convenio?
R.-Han argumentado que todavía tienen pendientes de pago cuantías económicas de planes anteriores de ayuda similares. Es un absoluto despropósito. No se puede avanzar en accesibilidad y, por tanto, en integración social, laboral y a todos los niveles, si las personas con discapacidad no pueden gozar de medidas tan importantes para su movilidad como disponer de unas condiciones de accesibilidad óptimas en su entorno más inmediato. No obstante, por el contrario, se produce una situación peculiar. En la actualidad, el colectivo de personas con discapacidad actúa, en muchos casos, como financiador de la Administración, adelantando la puesta en marcha de programas y acciones de forma previa a la obtención de recursos públicos.
P.-UPyD presentó el pasado mes de febrero en el Parlamento madrileño una Proposición no de Ley para garantizar la accesibilidad en los colegios electorales que fue rechazada. Estamos en año electoral, ¿las personas con problemas de movilidad de Madrid podrán ejercer su derecho al voto en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía?
R.-No podrán hacerlo. Así de rotundo. No se están garantizando medidas ni se está trabajando desde la Administración para que ello así sea. Es un problema que llevamos denunciando públicamente desde hace tiempo, elecciones tras elecciones. Los próximos comicios están a la vuelta de la esquina y, de momento, nada parece haber cambiado.
Falta de transporte accesible hasta el lugar de votación e instalaciones con barreras arquitectónicas serán los principales problemas que tendrán las personas con discapacidad y movilidad reducida a la hora de acudir a la urna a depositar su voto. Tendrán que pedir ayuda, como ocurre muchas veces, para que las personas presentes ayuden a subir una silla en brazos hasta el interior del recinto o sacar la urna al exterior. Eso no es votar en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía, desde luego. Es penoso que esto esté ocurriendo y que ningún responsable o servidor público tome medidas para evitarlo.
P.-Por último, y ante el panorama descrito, ¿son las personas con discapacidad las gran olvidadas de la Comunidad de Madrid?
R.-Se puede decir que no se les apoya lo suficiente y que no se hace todo lo posible para fomentar que puedan vivir de forma digna y autónoma. Constantemente, en las políticas sociales se les trata de forma “denigrante” y se les relega a un segundo plano. A veces, incluso, se les obliga a una institucionalización prematura forzosa y a ser dependientes, y generalmente, no están en mente ni presentes en la agenda política. Es así.
Es necesario un mayor compromiso social por parte de nuestros gobernantes para poder avanzar en la consecución de la plena igualdad entre todas las personas, así como de mayores niveles de bienestar y autonomía personal para quienes tienen algún tipo de discapacidad y movilidad reducida.
Respuesta- Aunque se ha avanzado en los últimos años, queda mucho por hacer en áreas tan distintas como las relacionadas con la accesibilidad en instalaciones públicas, el transporte, la educación inclusiva o el acceso a servicios fundamentales para las personas con discapacidad, como los sanitarios o los sociales. Es necesario un mayor compromiso por parte de todos los agentes y de la Administración para que las personas con discapacidad puedan disfrutar de las mismas oportunidades que el resto de personas, sin discriminación alguna.
P.-Recientemente, desde Famma-Cocemfe denunciaron la pasividad del Gobierno regional como miembro del Consejo para la Promoción de la Accesibilidad y la Supresión de Barreras y le acusaron de “mirar para otro lado” a la hora de sancionar. ¿Qué casos de incumplimiento detectaron desde su organización?
R.-Detectamos numerosos casos de problemas de accesibilidad, fundamentalmente en instalaciones públicas o servicios de carácter o de uso público, y también numerosas deficiencias de accesibilidad en comunidades de vecinos. Son los dos tipos de denuncia que recibimos, en mayor cuantía, en el Gabinete de Accesibilidad Universal y Diseño para Todos de Famma-Cocemfe Madrid. Solamente durante el último año se recibieron casi 200 denuncias por problemas de accesibilidad en la Región. Desde la Federación lamentamos que organismos que se supone que fueron creados para fomentar la accesibilidad universal miren para otro lado cuando de sancionar se trata, y que no vigilen que se cumpla de forma estricta lo que estipula la legislación vigente con respecto a esta materia.
P.-Asimismo, destacan que la Ley 8/1993, de 22 de junio, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de las Barreras Arquitectónicas recoge que el importe de las multas que imponga el citado Consejo se ingresará en el Fondo para la Supresión de Barreras, sin embargo, este fondo carece de financiación desde su creación. ¿Qué está fallando para que se incumpla la ley de esta manera?
R.-Esta situación demuestra una falta importante de compromiso y respeto hacia las personas con discapacidad, y que la accesibilidad es una cuestión que no importa a la élite que nos dirige, pese a que se trata de una cuestión vital para miles y miles de personas que necesitan de medios de transporte adecuados y de instalaciones accesibles para poder gozar de una vida plena y de normalidad en igualdad de condiciones que las demás. A ello no ayuda, según lo anteriormente expuesto, que organismos como el Consejo para la Promoción de la Accesibilidad no vele por el cumplimiento fiel de la normativa, y que no sancione los incumplimientos, por lo que, evidentemente, no se pueden recaudar fondos que reviertan de forma positiva en la mejora de las condiciones de accesibilidad y, por ende, en la mejora de la calidad de vida de miles de ciudadanos.
P.-Otra de sus denuncias es la relativa a la renuncia del Gobierno regional –es la única comunidad autónoma que no firmó el acuerdo– a las ayudas del Ministerio de Fomento para la rehabilitación, regeneración y renovación urbana que permitirían mejorar las condiciones de accesibilidad de múltiples inmuebles. ¿Qué razones esgrimen desde el Gobierno de la Comunidad para rechazar el convenio?
R.-Han argumentado que todavía tienen pendientes de pago cuantías económicas de planes anteriores de ayuda similares. Es un absoluto despropósito. No se puede avanzar en accesibilidad y, por tanto, en integración social, laboral y a todos los niveles, si las personas con discapacidad no pueden gozar de medidas tan importantes para su movilidad como disponer de unas condiciones de accesibilidad óptimas en su entorno más inmediato. No obstante, por el contrario, se produce una situación peculiar. En la actualidad, el colectivo de personas con discapacidad actúa, en muchos casos, como financiador de la Administración, adelantando la puesta en marcha de programas y acciones de forma previa a la obtención de recursos públicos.
P.-UPyD presentó el pasado mes de febrero en el Parlamento madrileño una Proposición no de Ley para garantizar la accesibilidad en los colegios electorales que fue rechazada. Estamos en año electoral, ¿las personas con problemas de movilidad de Madrid podrán ejercer su derecho al voto en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía?
R.-No podrán hacerlo. Así de rotundo. No se están garantizando medidas ni se está trabajando desde la Administración para que ello así sea. Es un problema que llevamos denunciando públicamente desde hace tiempo, elecciones tras elecciones. Los próximos comicios están a la vuelta de la esquina y, de momento, nada parece haber cambiado.
Falta de transporte accesible hasta el lugar de votación e instalaciones con barreras arquitectónicas serán los principales problemas que tendrán las personas con discapacidad y movilidad reducida a la hora de acudir a la urna a depositar su voto. Tendrán que pedir ayuda, como ocurre muchas veces, para que las personas presentes ayuden a subir una silla en brazos hasta el interior del recinto o sacar la urna al exterior. Eso no es votar en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía, desde luego. Es penoso que esto esté ocurriendo y que ningún responsable o servidor público tome medidas para evitarlo.
P.-Por último, y ante el panorama descrito, ¿son las personas con discapacidad las gran olvidadas de la Comunidad de Madrid?
R.-Se puede decir que no se les apoya lo suficiente y que no se hace todo lo posible para fomentar que puedan vivir de forma digna y autónoma. Constantemente, en las políticas sociales se les trata de forma “denigrante” y se les relega a un segundo plano. A veces, incluso, se les obliga a una institucionalización prematura forzosa y a ser dependientes, y generalmente, no están en mente ni presentes en la agenda política. Es así.
Es necesario un mayor compromiso social por parte de nuestros gobernantes para poder avanzar en la consecución de la plena igualdad entre todas las personas, así como de mayores niveles de bienestar y autonomía personal para quienes tienen algún tipo de discapacidad y movilidad reducida.
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