El Proyecto de Ley de Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad culmina su tramitación administrativa con el objetivo de ser enviada lo antes posible a las Cortes de Castilla y León. El proyecto acaba de ser remitido al Consejo Económico y Social para que emita el preceptivo informe y, posteriormente, se enviará al Consejo Consultivo. Son los pasos previos a que el texto llegue a las Cortes, previsiblemente antes de verano. Así lo anunció el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, durante la inauguración del Congreso Internacional “Autismo de Alto Funcionamiento/Síndrome de Asperger: evidencias basadas en la experiencia”, en Burgos, y que sirvió de encuentro entre profesionales y de intercambio de experiencias en materia de investigación para profundizar en la heterogeneidad que caracteriza la discapacidad.
Ante profesionales de la Educación, la Sanidad, los Servicios Sociales, el mundo asociativo, personas con autismo y sus familiares, Herrera explicó que la futura ley, pactada ya con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), recoge un nuevo enfoque de la atención a las personas con discapacidad, basado en los principios de no discriminación, de acción positiva, de defensa y protección jurídica, de sensibilización e información y medidas de prevención y promoción de la autonomía personal.
No se trata de reconocer nuevos derechos para las personas con discapacidad más allá de los recogidos en la Ley de Servicios Sociales de Castilla y      León, sino de garantizar una igualdad real de oportunidades para este colectivo y la efectividad de los derechos y deberes de los aproximadamente 161.200 discapacitados de la Comunidad, el 6,3% de la población.

Participación efectiva
La Junta de Castilla y    León está llevando a cabo una apuesta decidida por facilitar a las personas con discapacidad un “proyecto de vida” que implique el máximo grado de autonomía personal y de participación efectiva en la sociedad. Y, como el empleo es la base, la Administración autonómica trabaja en el diseño de un nuevo modelo que integre el ámbito formativo, el ocupacional y el empleo para que las personas con discapacidad puedan dar el salto desde el sistema educativo al mercado laboral.
Se trata de crear itinerarios sociolaborales estructurados en cuatro fases. La primera, garantizar el tránsito de un sistema educativo a un centro ocupacional. La segunda, convertir, de forma pionera en España, una buena parte de los actuales centros de día y centros ocupacionales en centros especiales de empleo.
La tercera, conseguir que estos centros se configuren como proyectos empresariales sólidos. Y, por último, que faciliten la inserción de las personas con discapacidad en el mundo laboral normalizado.