El Consejo de Gobierno conoció, a finales de marzo, el balance de aplicación en 2013 del acuerdo, de julio de 2012, por el que la Junta de Castilla y León se comprometía a incorporar aspectos sociales a los procedimientos de contratación pública de la Administración de la Comunidad. Así, 187 millones de euros contratados a lo largo de 2013 por el Ejecutivo Autonómico incluyen cláusulas sociales que favorecer la inserción laboral de los colectivos más vulnerables -personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social-, poniendo especial énfasis en la contratación con los Centros Especiales de Empleo.

En este primer año completo de aplicación del acuerdo, las distintas consejerías adjudicaron durante 2013 contratos a empresas por valor de 181,1 millones de euros que incorporan cláusulas sociales para fomentar el empleo de personas en riesgo de exclusión social o personas con discapacidad. Y, además, ha reservado contratos por valor de más de 5,9 millones de euros para los Centros Especiales de Empleo (CEE).

Se trata de las dos actuaciones fundamentales que incluía ese acuerdo, que vincula a todos los órganos de contratación de la Administración Autonómica y que responde a un compromiso expresado por el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera. Ambas medidas persiguen inculcar una perspectiva social en la contratación de la Administración Autonómica. A pesar del corto periodo de tiempo de aplicación del acuerdo, se ha conseguido dar ese giro a buena parte de los contratos y generalizar prácticamente la incorporación de las cláusulas sociales en la contratación de la Administración de Castilla y León.

El compromiso de la Junta de Castilla y León era reservar el 6,5 % del importe total de los contratos de la Administración Autonómica de un catálogo de actividades   -limpieza, lavandería, catering, paquetería, imprenta, almacenamiento, jardinería, logística, entre otras- a los Centros Especiales de Empleo. Si se compara con la contratación total de estas actividades a lo largo del pasado año, se observa que la reserva de contratos supone un 10,9 % de esa contratación, lo que supone que se ha superado en cuatro puntos el objetivo comprometido inicialmente.

Casi el 80 % del importe total de los contratos corresponde a lavandería y limpieza, si bien destaca un aumento en otro tipo de actividades respecto a la contratación de 2012, tales como imprenta, gestión, mantenimiento general, venta y distribución.

A esta iniciativa, en consonancia con la Ley de Igualdad de Oportunidades de personas con discapacidad, se suma el programa que la Junta desarrolla con entidades del sector de la discapacidad mediante la financiación de itinerarios personalizados para el empleo. El objetivo es que personas con discapacidad logren una adecuada capacitación que les permita establecer un proyecto de vida, participar en la economía y en la sociedad, y que den el salto desde la etapa educativa hasta el mercado laboral. 

El giro dado a la forma de concebir la contratación de la Administración Autonómica y los itinerarios personalizados para el empleo están teniendo un claro reflejo en el volumen de contrataciones de personas con discapacidad tanto en los Centros Especiales de Empleo como en las empresas ordinarias. Esto ha supuesto 1.280 contratos a personas con discapacidad en los Centros Especiales de Empleo o en empresas ordinarias en 2013.

Esta apuesta de la Junta de Castilla y León contribuye a dar estabilidad al empleo y a generar puestos de trabajo entre el colectivo de personas con discapacidad, pero además supone beneficios sociales, laborales y económicos. Todo ello ha contribuido a que Castilla y León ocupe el segundo lugar de España en porcentaje de personas con discapacidad ocupadas en Centros Especiales de Empleo y que registre una tasa de actividad de este colectivo más elevada que la media nacional.