La Junta de Castilla y León acaba de aprobar la nueva estructura orgánica de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social, una reorganización administrativa con la que pretende integrar de forma más estrecha la atención sanitaria y los servicios sociales, especialmente en ámbitos como las personas mayores, la discapacidad, la dependencia y la cronicidad. Los decretos fueron aprobados por el Consejo de Gobierno extraordinario celebrado el 29 de junio y se publican en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) este 1 de julio. La nueva organización entra en vigor el día 2.

El departamento estará dirigido por el consejero Alejandro Vázquez y asumirá las competencias que hasta ahora correspondían a la Consejería de Sanidad –departamento que lideró en la anterior legislatura– , incorporando además las políticas de atención a las personas mayores, las personas con discapacidad y la dependencia. El objetivo de esta integración es favorecer una respuesta más coordinada a las necesidades derivadas del envejecimiento de la población y del aumento de las situaciones de dependencia.

Una de las principales novedades será la creación de dos viceconsejerías. La Viceconsejería de Sanidad estará al frente de la Gerencia Regional de Salud y será ocupada por el actual gerente de Sacyl, Álvaro Muñoz Galindo. Por su parte, la Viceconsejería de Bienestar Social recaerá en la actual gerente de Servicios Sociales, Esperanza Vázquez, que asumirá la coordinación de las políticas sociales incluidas en el nuevo departamento. La estructura mantiene la Dirección General de Salud Pública, encargada de la vigilancia epidemiológica, la promoción de la salud y la prevención de enfermedades, así como la Dirección General de Planificación, Investigación e Innovación, responsable de la planificación sanitaria y del impulso a la investigación y la innovación.

Uno de los cambios más relevantes afecta a la Gerencia de Servicios Sociales. La anterior Dirección General de Personas Mayores, Personas con Discapacidad y Atención a la Dependencia se divide en dos órganos diferenciados. Por un lado, se crea la Dirección General de Personas Mayores y Personas con Discapacidad, que desarrollará las políticas dirigidas a fomentar la autonomía personal, la participación social y la calidad de vida de ambos colectivos. Por otro, nace la Dirección General de Atención a la Dependencia, que concentrará la gestión del sistema de dependencia y reforzará la coordinación con el sistema sanitario para atender las necesidades derivadas de la cronicidad y los cuidados de larga duración.

Según la Junta, esta reorganización permitirá adaptar la estructura administrativa al incremento del número de personas mayores y dependientes, además de reforzar el modelo de atención centrado en la persona que desarrolla la Comunidad.

En el ámbito sanitario, la Gerencia Regional de Salud también modifica su organización. La actual Dirección General de Asistencia Sanitaria y Humanización se desdobla en dos nuevas direcciones generales. La Dirección General de Asistencia Sanitaria asumirá la coordinación de la actividad asistencial y la organización de la cartera de servicios, mientras que la nueva Dirección General de Cuidados y Humanización se centrará en impulsar la atención sociosanitaria, la humanización de la asistencia y la coordinación entre los recursos sanitarios y sociales.

La nueva estructura incorpora además la Dirección General de Salud Digital e Infraestructuras Sanitarias, que tendrá entre sus funciones promover la transformación digital del sistema de salud, la incorporación de tecnologías como la inteligencia artificial y la modernización de los centros sanitarios.

También se crea la Dirección General de Calidad, Evaluación e Inspección Sanitaria, responsable de la evaluación de la calidad asistencial, la seguridad del paciente y las funciones inspectoras. Por su parte, se mantiene la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional, que continuará gestionando las políticas de recursos humanos y el desarrollo profesional de los trabajadores del sistema sanitario.

Con esta reorganización, el Ejecutivo autonómico busca adaptar la estructura administrativa a los retos que plantea el envejecimiento de la población, reforzar la integración entre los ámbitos sanitario y social y mejorar la coordinación de los recursos destinados a las personas mayores, la dependencia y la atención a las enfermedades crónicas.