La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, intervino hace unos días en el pleno del Comité de las Regiones en dos debates esenciales que buscaban abordar la configuración de la futura Política de Cohesión y el problema de acceso a la vivienda junto a los comisarios competentes en sendas materias. La número dos del Ejecutivo autonómico puso de relieve la importancia de que se escuche la postura de las comunidades autónomas y regiones de Europa para que se conozca la realidad de cada territorio y así poder desarrollar políticas adaptadas a sus necesidades, ya que son estas las que gestionan los servicios de una manera más próxima a los ciudadanos. Asimismo, añadió que es preciso avanzar en una cohesión europea más flexible y que no solo ponga a disposición líneas de financiación específicas adecuadas para cada región para afrontar, especialmente, el reto demográfico, sino la gestión de estas.

Esta reunión de alto nivel se produjo tan solo un mes después de que Isabel Blanco se desplazase también a Bruselas para reunirse con Isabelle Boudineau, miembro del Consejo Regional de Nueva Aquitania (Francia) y, al igual que la también consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, representante de su territorio en el Comité de las Regiones de la Unión Europea (UE). El encuentro buscaba definir las propuestas de cómo se deberían desarrollar y distribuir los fondos de Cohesión de la Unión Europea, como previa a esta reunión en la que se inicia el diálogo para elaborar el Dictamen sobre el futuro de la Política de Cohesión en la Unión Europea, que comenzará a adoptarse en 2027. En este sentido, Blanco también defiende una Política de Cohesión flexible, integradora, innovadora y descentralizada, en la que las instituciones locales y regionales sean los verdaderos protagonistas, y que afronte sin ambages el reto demográfico. La número dos del Ejecutivo autonómico insistió en que esta cuestión debe constituirse como uno de los pilares estratégicos de la UE, al nivel de las transiciones ecológica y digital.

La futura Política de Cohesión que se aplique a partir de 2027 –propuso Isabel Blanco–, debe incluir líneas de financiación específicas y la gestión directa por parte de las regiones para hacer frente a las consecuencias de la despoblación, un problema que afecta a grandes áreas del continente europeo de manera permanente y que incide de manera directa en los ámbitos económico, social, cultural y ambiental.

La vicepresidenta expresó que los servicios se prestan donde residen las personas y, en comunidades como Castilla y León, grande y muy dispersa, con 2.248 municipios, de los cuales 2.119 no pasan de los 2.000 habitantes, llevar esos servicios es más costoso. Por ello, otro de los mayores retos implica poder seguir prestando los servicios en todas las regiones al mismo nivel, por lo que el reparto de los fondos de cohesión debe establecerse de acuerdo con criterios que se ajustan más a la realidad de cada área, como son los demográficos, los cuales determinan de manera decisiva la vulnerabilidad de los territorios. Tal y como insistió la vicepresidenta, no puede haber ciudadanos de segunda o de tercera; independientemente del número de habitantes o de la dispersión demográfica, todas las regiones deben avanzar al mismo ritmo y esos servicios han de llegar a todas las personas en las mismas condiciones.

Para poder facilitar esa gestión de los servicios, Isabel Blanco explicó que es urgente abordar una reducción de la burocracia y la eliminación de trabas administrativas, lo cual va ligado, indefectiblemente, a una mayor descentralización de los fondos. Estos tienen que llegar de manera directa a las Administraciones regionales y locales, añadió, para que estas puedan decidir cómo ejecutarlos en función de sus propias necesidades.

En último término, la vicepresidenta explicó que la futura Política de Cohesión ha de ser innovadora, en el sentido de que debe ser lo suficientemente flexible como para ir adaptándose a los tiempos y a las transiciones que han surgido y surgirán en un contexto global en constante evolución.

VIVIENDA
En lo que respecta al problema de acceso a la vivienda –el primer gran reto que se abordó en la sesión plenaria–, Isabel Blanco mostró el apoyo de Castilla y León para aumentar las inversiones, a través de los fondos de cohesión, en forma de ayudas específicas, y así facilitar la movilización de suelo tanto público como privado con el objetivo de construir vivienda accesible.

La vicepresidenta también abogó por flexibilizar el marco regulatorio para construir más viviendas protegidas, por proporcionar, desde la Administración, alquileres asequibles y por rebajar la fiscalidad.

La también consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades insistió en la necesidad de aplicar estas medidas para hacer frente al aumento descontrolado de precios y a la insuficiente oferta, a lo que se suma la necesidad de acelerar la transición hacia viviendas más sostenibles. El acceso a la vivienda es, apuntó, una de las principales preocupaciones de los ciudadanos europeos.