Este 14 de mayo ha entrado en vigor la Ley 3/2024, de 12 de abril, la nueva Ley reguladora del modelo de atención en los centros de carácter residencial y centros de día de servicios sociales para cuidados de larga duración en Castilla y León. Aprobada en las Cortes el 10 de abril, esta norma recoge las Consideraciones del Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales, sobre los criterios comunes de acreditación y calidad  de los centros y servicios del SAAD. 

El texto normativo –cuyo proyecto de ley fue aprobado en Consejo de Gobierno el pasado verano– tiene como ejes principales “la dignidad de la persona, la vida independiente, la inclusión en la comunidad, el concepto de entorno familiar, la calidad de la atención y la innovación”. Deriva de un proceso de debate y de consulta largo, complejo y coral, entre los principales agentes implicados (Administración, sector privado, tercer sector, colectivos profesionales, usuarios, etcétera), con el que se adaptan todos los centros públicos y privados destinados a la atención a las personas mayores, dependientes y con discapacidad al contexto actual, generalizando el nuevo modelo de atención integral centrado en la persona. Y esta es la clave. El carácter innovador de esta nueva ley, y su esencia, radica en que las personas usuarias son las protagonistas, sus preferencias vitales, sus derechos y su dignidad, transformando todas las residencias en lugares asimilables a sus propios hogares, organizados en unidades de convivencia como modelo a desarrollar.

Castilla y León cuenta actualmente con una de las redes más extensas y avanzadas de residencias a nivel estatal. La nueva ley afectará a las más de 72.000 plazas que existen en Castilla y León en los centros residenciales y de atención diurna para la atención a personas mayores y personas con discapacidad.

En concreto, existen 54.600 plazas para la atención a personas mayores (48.791 plazas residenciales y 5.809 plazas en centros de día). En cuanto a personas con discapacidad, el Sistema Social de Castilla y León cuenta con 18.034 plazas para su atención (5.164 residencias, 2.232 viviendas, 10.638 centros de día), distribuidas por 825 centros.

Una idea muy interesante que incluye la ley es promover estos espacios con la condición de centros multiservicios, facilitando la conexión con el barrio o el pueblo donde estén situados. “El carácter de centro multiservicio permite que se constituya en una plataforma de servicios para las personas en sus propios domicilios próximos a estos centros, tanto dentro como fuera del edificio donde se enclave el centro residencial o el centro de día, lo que, indudablemente, facilita el objetivo de la vida independiente y también de otro eje mencionado, el de su inclusión en la comunidad”, dice el texto.

Como señala el texto, “para que el modelo sea posible es necesario, además, adecuar el personal de los centros a los nuevos contenidos de este”. En este sentido, la Gerencia de Servicios Sociales lleva años realizando una amplia actividad formativa en el modelo de atención integral centrado en la persona entre los profesionales de centros titularidad de la Gerencia de Servicios Sociales, de las corporaciones locales y en centros de entidades privadas, con y sin ánimo de lucro. 

Cabe destacar aquí un programa de formación para la eliminación de sujeciones, en el que están participando casi 480 centros, ya que la atención de las personas libre de sujeciones es uno de los aspectos estratégicos del modelo y que el nuevo régimen jurídico regula en su artículo 13. 

Por otro lado, si hablamos de infraestructuras, las mejoras llevadas a cabo incluyen tanto la construcción de nuevos centros titularidad de la Gerencia de Servicios Sociales adaptados al nuevo modelo, como la realización de obras destinadas a la reconversión de plazas para personas dependientes y la implantación de unidades de convivencia. Además, en 2023 se abrió una línea de ayudas para facilitar la adaptación al nuevo modelo de los centros residenciales y centros de día para cuidados de larga duración y la implantación de unidades de convivencia. Estas ayudas han ido dirigidas a entidades públicas, entidades sin fin de lucro y Pymes.

Otros de los aspectos que la norma destaca es su apuesta por la innovación. “En el marco de la planificación estratégica autonómica, las Administraciones públicas de la comunidad impulsarán la realización de investigaciones y proyectos piloto que contribuyan a abordar metodologías novedosas y actuaciones innovadoras que generen conocimiento, avancen hacia estructuras transformadoras y orienten mejoras en la calidad de la atención y el cuidado de las personas usuarias, realizando estudios en los que se considere la perspectiva de la atención en el medio rural”, dice el texto normativo. Cabe destacar aquí, que en el último año se ha incorporado tecnología dirigida a mejorar la seguridad de los residentes como sistemas de control de errantes, detectores de caídas o sistemas de estimulación cognitiva a través del uso de gafas de realidad virtual. Por otro lado, a lo largo de este año se incorporarán a los centros de titularidad propia productos de apoyo adquiridos a través de procesos de compra publica innovadora como andadores inteligentes, sanitarios inteligentes y acostadores. De igual forma, se dotarán a varios centros propios con robots capaces de interactuar socialmente con personas al objeto de ayudar a residentes y trabajadores.

El texto, ahora aprobado, también determina su organización, funcionamiento, régimen de autorización, evaluación de calidad y principios y se aplicará en todos estos centros, al margen de su titularidad y de que tengan o no ánimo de lucro, por lo que supondrá cambios significativos en la organización y funcionamiento de los cuidados residenciales. Aquí, una de las principales novedades es la creación de un sistema de verificación de calidad de los servicios. “En el plazo de un año, desde la entrada en vigor de la presente ley, se deberá constituir el sistema de calidad aquí descrito, tanto en lo referente al régimen jurídico como al órgano asesor en materia de calidad del titular de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León y a la dotación de los profesionales para garantizar la efectividad de las evaluaciones con la periodicidad exigida”. 

El informe de la evaluación del centro, que, en todo caso, será de conocimiento público, tendrá carácter anual, según especifica la norma.