La Sala de lo Contencioso administrativo del TSJCyL declaró nulo de pleno derecho el Decreto 2/2016 de autorización y funcionamiento de los centros de carácter social para la atención de las personas mayores de Castilla y León, por su defectuosa calidad normativa al carecer de la imprescindible memoria económica.

Además, la sala anula dicho decreto porque "determinados preceptos adolecen de indefinición frente a la pormenorizada regulación contenida en el Decreto 147/2001 –al que deroga el impugnado– sobre personal mínimo, personal técnico, número máximo de personas que podrán ser atendidas por cada profesional, etcétera".

Por otro lado, la sala cree que no se justifica por qué el Decreto 2/2016 no regula aspectos esenciales que el anterior decreto sí regulaba.