Castilla y León lo ha vuelto a conseguir. Con este, ya son 12 años con un lugar en el pódium, lo que ratifica a esta comunidad con el mejor sistema de servicios sociales de todo el país. Hablamos del Índice DEC, un informe anual que elabora la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España (ADGSS), con el que realiza un análisis objetivo sobre los departamentos responsables de esta área en todos los territorios.

En esta ocasión, la región castellano y leonesa lidera a todas las comunidades, es decir, tanto a las de régimen común de financiación como a las forales —País Vasco y Navarra—. Y, además, logra la mayor nota de toda su historia: un 7,73 —0,94 más que el año pasado—, la cual supera en más de dos puntos la media nacional, que ha sido de un 5,46.

La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, asistió, a finales de junio en Madrid, a la presentación de los resultados de este trabajo, donde dio las gracias a la asociación ADGSS, a quien calificó como referente nacional para conocer la situación en la que se encuentran los sistemas sociales y también para proponer cambios y seguir avanzando.

Este Índice, relativo a 2024, refleja el resultado fruto del clima de diálogo y consenso social que se da en la comunidad, en la que es clave la colaboración entre la Junta, las corporaciones locales y las entidades del Tercer Sector, explicó Isabel Blanco. De hecho, este trabajo conjunto, así como la toma de decisiones estratégicas adecuadas, son elementales para la gran eficiencia del sistema social autonómico, tal y como refleja el informe.

Desde que, en el año 2012, la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales comenzara a elaborar el Índice DEC, Castilla y León ha estado en las primeras posiciones: liderando siempre a las comunidades de régimen común, cuando no a todas ellas, incluidas las forales. De hecho, ese año y en 2018 ya obtuvo la nota más alta de España, si bien ha sido este 2024 cuando ha batido el récord. En todos los informes publicados, la comunidad ha mostrado de manera continua un sistema muy equilibrado que, además, incluso ha ido mejorando con los años. Ha alcanzado la excelencia en derechos y cobertura y tiene una de las mejores ratios entre cobertura y gasto. La gestión es eficiente, las decisiones estratégicas son apropiadas y hay una alta correspondencia entre los derechos que reconoce y las prestaciones y servicios que otorga, de acuerdo con el Índice DEC.

Hay que tener en cuenta que estas conclusiones a las que llega la entidad que elabora el informe se dan en un contexto sociodemográfico muy complejo: la sociedad castellana y leonesa es muy rural, vive muy dispersa, está envejecida y hay una baja natalidad. Esto dificulta sobremanera a la hora de prestar servicios a la ciudadanía. Por tanto, la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, debe realizar un gran esfuerzo económico y, a la vez, lograr organizar y coordinar una cartera de servicios que deben llegar a todos los rincones de la Comunidad.

PUNTOS FUERTES DEL SISTEMA CASTELLANO Y LEONÉS

En lo que respecta a la parte económico-financiera, Castilla y León ha incrementado de manera significativa el gasto social por habitante hasta alcanzar los 592,5 euros –85,3 euros y un 16,8% más que en 2023–, colocándose 44,4 euros por encima del conjunto de España. En términos globales, las Administraciones públicas regionales han aumentado también el porcentaje presupuestario destinado a Servicios Sociales llegando al 11,1%, frente al 10,25% de todo el Estado. De ese gasto social global, el 79,4% procede de la Junta, cuyas cifras se elevan 5,1 puntos sobre la media nacional.

Otro de valores más destacados del sistema castellano y leonés es la cobertura efectiva de prestaciones y servicios. En atención a personas en situación de dependencia, la comunidad obtiene la nota más alta de España: un 8,3 frente a una media global del 5,1. En ello tiene mucho que ver que el tiempo medio para resolver un expediente, en Castilla y León, es de 113 días, frente los 342 del resto. El 94,81% de las personas con derecho a algún tipo de prestación la están recibiendo –cuatro puntos más que en todo el país–. En cuanto a atención residencial, Castilla y León es la primera comunidad, con una cobertura del 11,82%, en plazas residenciales con financiación pública para mayores de 75 años, frente al 5,89% estatal. Un primer puesto que se repite en servicios residenciales para personas con discapacidad: cuenta con una cobertura del 4,55% frente al 1,72% del conjunto del país. Esto significa que, en este territorio, un castellano y leonés perteneciente a este colectivo tiene 2,6 veces más de posibilidades de obtener una plaza en un centro residencial que a nivel nacional.

En el ámbito de la violencia de género, el sistema social de Castilla y León suma 21,1 plazas por cada 100 mujeres protegidas, frente a las 18,3 globales.

En lo que respecta a menores integrados en el sistema de protección de la comunidad, el 50,2 % del total de los acogimientos se producen en un entorno familiar –la media estatal es del 47,8 %–.

Y, en relación con los alojamientos para personas sin hogar, hay 82,7 plazas por cada 100.000 habitantes, 21 más que a nivel nacional.