Aurelia Jerez / Presidenta de la Coordinadora Estatal de Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia
‘Una sociedad que deja en el olvido a sus miembros más vulnerables es una sociedad enferma y en vías de extinción’
Jerez explica que 'las comunidades autónomas están aportando mucho más de lo establecido, lo que hace que haya dependientes de primera y de segunda'
Pregunta: Hace cuatro años que se situó al frente de la Coordinadora Estatal de Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia. ¿Cómo estaba la atención a la dependencia en ese momento y qué diagnóstico haría de su situación actual?
Respuesta:En aquellos momentos, estábamos sufriendo la época más dura de la crisis, que se vio reflejada para nuestro colectivo en un recorte de presupuestos y de derechos de los que aún no nos hemos recuperado. En las dos últimas legislaturas del Gobierno del Partido Popular, los presupuestos para dependencia se vieron recortados en más de 4.500 millones de euros, y el Estado tan solo aporta en estos momentos algo menos del 20% del presupuesto total, lo que ahoga a las comunidades autónomas, en las que recae la gran parte del coste de las prestaciones y servicios de dependencia; además de lo que los propios dependientes aportan a través de los copagos. Con el cambio de Gobierno el año pasado, vimos cómo en su propuesta de presupuestos incluían una subida presupuestaria para dependencia de más de 800 millones de euros, de los que 315 iban destinados a la recuperación de la cotización a la Seguridad Social, con cargo al Estado, de las cuidadoras del entorno familiar (algo que llevábamos años reivindicando). Por desgracia, estos presupuestos no fueron aprobados, solo recuperándose, a través de un Decreto Ley, la cotización anteriormente citada. Esperamos que el nuevo Gobierno se ponga manos a la obra y, poco a poco, veamos avanzar las políticas relativas a nuestro colectivo.
Pregunta: Más de diez años han pasado desde la puesta en marcha de la Ley de Dependencia. ¿Qué supuso, en su opinión, el nacimiento de esta norma?
Respuesta:La aprobación de la Ley de Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia vino a reconocer a nuestro colectivo como sujetos de derecho propio, alejados por fin del concepto de caridad y beneficencia en el que estábamos anclados hasta entonces. Por fin, las personas en situación de dependencia, eran consideradas personas de derechos, y el Estado reconocía su obligación de velar por el bienestar de sus conciudadanos más débiles.
Pregunta: Muchas voces del sector insisten en que esta ley se planteó mal desde el principio. ¿Cuáles cree que han sido los principales errores que han ido marcando el estado actual de esta ley?
Respuesta:Entendemos que en el cambio del Gobierno de Zapatero al de Rajoy la ley estaba recién iniciada. Había nacido con algunos fallos (no había estadísticas sobre las personas que afectaría y sus edades); nació pensando mayoritariamente en ancianos, por lo que la cartera de servicios se adaptó a esa realidad imaginada, que en el futuro habrá que reformar para dar servicios a todo el colectivo según sus situaciones específicas. En cuanto a la financiación, no se sabía cuál podría ser la cuantía necesaria, y durante un tiempo, el presupuesto se dejó abierto para poder ampliarlo según la necesidad, pero quedándose en un limbo presupuestario que los gobiernos posteriores aprovecharon para hacer sus recortes. La llegada de la crisis no hizo más que ahondar esas primeras deficiencias. Ya vimos cómo desde el Gobierno del Partido Popular se empezó a decir que la Ley de Dependencia no era viable, y la utilización de la palabra ‘ayuda’ para denominar algo que es un derecho subjetivo (con la misma consideración que las pensiones de los jubilados, el sueldo de los funcionarios y las prestaciones de los desempleados), para hacer calar en la opinión pública que en la época de vacas flacas, estaban justificados los recortes de estas ‘ayudas’. Pensamos que el principal fallo en aquellos días fue el establecimiento de un orden de prioridades donde nuestro colectivo no estaba muy bien situado.
Pregunta: ¿Qué reformas podrían ser susceptibles de llevarse a cabo para recuperar el espíritu inicial con el que nació la ley?
Respuesta:Lo principal que necesita la Ley de Dependencia son presupuestos, recuperar los niveles mínimos y acordado para una mejor financiación y que el Estado central, tal y como recoge la propia ley, aporte el 50%, y las comunidades autónomas, el otro 50%. Hay que darle una vuelta a la cartera de servicios, para adecuarla a la situación de la totalidad de los dependientes; los servicios para el caso de menores no están debidamente contemplados, dejando como única prestación la de cuidados en el entorno familiar. Entendiendo que las competencias en esta materia están transferidas a las comunidades autónomas, necesitamos que el Gobierno central establezca unos mínimos respecto a las intensidades de los servicios y prestaciones, pudiendo las comunidades después establecer sus criterios, pero siempre al alza. La incompatibilidad entre servicios es otro de los temas que habrá que tratar y reformar.
Pregunta: A la luz de las cifras de personas que en España están pendientes de una valoración, ¿diría que el colectivo de personas con dependencia sigue siendo el gran olvidado en nuestro país?
Respuesta:Por supuesto, en estos momentos, según datos de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, existen en España 423.000 personas en lista de espera, con una media de 426 días de dilación desde la apertura del expediente hasta la prestación efectiva del servicio. Estos datos nos dicen que, cada año, 426 personas en situación de dependencia fallecen sin llegar a recibir la prestación servicio a la que tenían derecho. Son 85 cada día, 85 personas que han visto vulnerados sus derechos, personas a las que parece que a nadie importan más que a sus familias. Es necesario insuflar el dinero suficiente para poder revertir esta situación, la asociación lo cifra en 1.500 millones, a la que la crisis, la desidia y el desinterés de algunos, nos han abocado.
Pregunta: ¿Cómo considera que se podría corregir la desigualdad que existe entre las comunidades autónomas en lo que respecta a la atención a la dependencia?
Respuesta:Pensamos que hay que establecer unos criterios mínimos compartidos por todas las comunidades, y a partir de ahí, cada una pueda hacer cambios al alza. Es necesario que la financiación autonómica sea justa. Las comunidades están aportando mucho más de lo establecido, lo que hace que haya dependientes de primera y de segunda en función de la riqueza de la región donde se encuentren.
Pregunta: Desde la coordinadora estatal, precisamente, centran sus esfuerzos en que las personas con dependencia sean escuchadas y tenidas en cuenta. ¿Cuáles son las funciones de este organismo y sus líneas de trabajo actuales?
Respuesta:Nuestra organización nació al mismo tiempo que la crisis nos golpeaba. Desde todas las regiones del país se empezaron a constituir plataformas en defensa de las personas en situación de dependencia, y esta Coordinadora Estatal está formada por todas esas plataformas para unificar criterios y estrategias de actuación conjunta a nivel nacional. Nuestro trabajo se desarrolla en el ámbito estatal, y está enfocado, sobre todo, a plantear nuestras reivindicaciones ante todos los grupos parlamentarios y las distintas comisiones de Congreso y Senado. No se puede hablar sobre las personas en situación de dependencia sin saber su problemática y sin tener en cuenta su aportación en las soluciones. Nada de nosotros, sin nosotros.
Pregunta: Tienen contacto habitual con los propios afectados: las personas con dependencia. ¿Cuáles son las demandas de este colectivo que es más urgente atender?
Respuesta:La principal problemática con la que nos enfrentamos son las listas de espera, que en algunos casos llegan a superar los dos años. Una tramitación lenta y farragosa no ayuda a solucionar los problemas; además del desconocimiento de los propios usuarios al respecto de sus derechos y obligaciones y la forma de realizar la tramitación y su posible defensa ante las Administraciones públicas.
Pregunta: Hace unos años insistía en la necesidad de poner en marcha un Pacto de Estado por la Dependencia. ¿Qué partes deberían conformar esta estrategia para que fuese efectiva? ¿Qué le pediría al respecto al nuevo Gobierno?
Respuesta:En 2016, todos los partidos políticos, a excepción de PP y PNV firmaron el Pacto por la Dependencia; un pacto que no se ha podido desarrollar, ya que el partido del Gobierno hasta hace unos meses fue uno de los partidos que no apoyaron este pacto. Esperamos del actual Gobierno que empiece a desarrollarlo lo más rápidamente posible; su compromiso con las personas en situación de dependencia, y que podamos decir, más pronto que tarde, que vivimos en estado social y de derechos. Una sociedad que deja en el olvido a sus miembros más vulnerables es una sociedad enferma y en vías de extinción.
Respuesta:En aquellos momentos, estábamos sufriendo la época más dura de la crisis, que se vio reflejada para nuestro colectivo en un recorte de presupuestos y de derechos de los que aún no nos hemos recuperado. En las dos últimas legislaturas del Gobierno del Partido Popular, los presupuestos para dependencia se vieron recortados en más de 4.500 millones de euros, y el Estado tan solo aporta en estos momentos algo menos del 20% del presupuesto total, lo que ahoga a las comunidades autónomas, en las que recae la gran parte del coste de las prestaciones y servicios de dependencia; además de lo que los propios dependientes aportan a través de los copagos. Con el cambio de Gobierno el año pasado, vimos cómo en su propuesta de presupuestos incluían una subida presupuestaria para dependencia de más de 800 millones de euros, de los que 315 iban destinados a la recuperación de la cotización a la Seguridad Social, con cargo al Estado, de las cuidadoras del entorno familiar (algo que llevábamos años reivindicando). Por desgracia, estos presupuestos no fueron aprobados, solo recuperándose, a través de un Decreto Ley, la cotización anteriormente citada. Esperamos que el nuevo Gobierno se ponga manos a la obra y, poco a poco, veamos avanzar las políticas relativas a nuestro colectivo.
Pregunta: Más de diez años han pasado desde la puesta en marcha de la Ley de Dependencia. ¿Qué supuso, en su opinión, el nacimiento de esta norma?
Respuesta:La aprobación de la Ley de Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia vino a reconocer a nuestro colectivo como sujetos de derecho propio, alejados por fin del concepto de caridad y beneficencia en el que estábamos anclados hasta entonces. Por fin, las personas en situación de dependencia, eran consideradas personas de derechos, y el Estado reconocía su obligación de velar por el bienestar de sus conciudadanos más débiles.
Pregunta: Muchas voces del sector insisten en que esta ley se planteó mal desde el principio. ¿Cuáles cree que han sido los principales errores que han ido marcando el estado actual de esta ley?
Respuesta:Entendemos que en el cambio del Gobierno de Zapatero al de Rajoy la ley estaba recién iniciada. Había nacido con algunos fallos (no había estadísticas sobre las personas que afectaría y sus edades); nació pensando mayoritariamente en ancianos, por lo que la cartera de servicios se adaptó a esa realidad imaginada, que en el futuro habrá que reformar para dar servicios a todo el colectivo según sus situaciones específicas. En cuanto a la financiación, no se sabía cuál podría ser la cuantía necesaria, y durante un tiempo, el presupuesto se dejó abierto para poder ampliarlo según la necesidad, pero quedándose en un limbo presupuestario que los gobiernos posteriores aprovecharon para hacer sus recortes. La llegada de la crisis no hizo más que ahondar esas primeras deficiencias. Ya vimos cómo desde el Gobierno del Partido Popular se empezó a decir que la Ley de Dependencia no era viable, y la utilización de la palabra ‘ayuda’ para denominar algo que es un derecho subjetivo (con la misma consideración que las pensiones de los jubilados, el sueldo de los funcionarios y las prestaciones de los desempleados), para hacer calar en la opinión pública que en la época de vacas flacas, estaban justificados los recortes de estas ‘ayudas’. Pensamos que el principal fallo en aquellos días fue el establecimiento de un orden de prioridades donde nuestro colectivo no estaba muy bien situado.
Pregunta: ¿Qué reformas podrían ser susceptibles de llevarse a cabo para recuperar el espíritu inicial con el que nació la ley?
Respuesta:Lo principal que necesita la Ley de Dependencia son presupuestos, recuperar los niveles mínimos y acordado para una mejor financiación y que el Estado central, tal y como recoge la propia ley, aporte el 50%, y las comunidades autónomas, el otro 50%. Hay que darle una vuelta a la cartera de servicios, para adecuarla a la situación de la totalidad de los dependientes; los servicios para el caso de menores no están debidamente contemplados, dejando como única prestación la de cuidados en el entorno familiar. Entendiendo que las competencias en esta materia están transferidas a las comunidades autónomas, necesitamos que el Gobierno central establezca unos mínimos respecto a las intensidades de los servicios y prestaciones, pudiendo las comunidades después establecer sus criterios, pero siempre al alza. La incompatibilidad entre servicios es otro de los temas que habrá que tratar y reformar.
Pregunta: A la luz de las cifras de personas que en España están pendientes de una valoración, ¿diría que el colectivo de personas con dependencia sigue siendo el gran olvidado en nuestro país?
Respuesta:Por supuesto, en estos momentos, según datos de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, existen en España 423.000 personas en lista de espera, con una media de 426 días de dilación desde la apertura del expediente hasta la prestación efectiva del servicio. Estos datos nos dicen que, cada año, 426 personas en situación de dependencia fallecen sin llegar a recibir la prestación servicio a la que tenían derecho. Son 85 cada día, 85 personas que han visto vulnerados sus derechos, personas a las que parece que a nadie importan más que a sus familias. Es necesario insuflar el dinero suficiente para poder revertir esta situación, la asociación lo cifra en 1.500 millones, a la que la crisis, la desidia y el desinterés de algunos, nos han abocado.
Pregunta: ¿Cómo considera que se podría corregir la desigualdad que existe entre las comunidades autónomas en lo que respecta a la atención a la dependencia?
Respuesta:Pensamos que hay que establecer unos criterios mínimos compartidos por todas las comunidades, y a partir de ahí, cada una pueda hacer cambios al alza. Es necesario que la financiación autonómica sea justa. Las comunidades están aportando mucho más de lo establecido, lo que hace que haya dependientes de primera y de segunda en función de la riqueza de la región donde se encuentren.
Pregunta: Desde la coordinadora estatal, precisamente, centran sus esfuerzos en que las personas con dependencia sean escuchadas y tenidas en cuenta. ¿Cuáles son las funciones de este organismo y sus líneas de trabajo actuales?
Respuesta:Nuestra organización nació al mismo tiempo que la crisis nos golpeaba. Desde todas las regiones del país se empezaron a constituir plataformas en defensa de las personas en situación de dependencia, y esta Coordinadora Estatal está formada por todas esas plataformas para unificar criterios y estrategias de actuación conjunta a nivel nacional. Nuestro trabajo se desarrolla en el ámbito estatal, y está enfocado, sobre todo, a plantear nuestras reivindicaciones ante todos los grupos parlamentarios y las distintas comisiones de Congreso y Senado. No se puede hablar sobre las personas en situación de dependencia sin saber su problemática y sin tener en cuenta su aportación en las soluciones. Nada de nosotros, sin nosotros.
Pregunta: Tienen contacto habitual con los propios afectados: las personas con dependencia. ¿Cuáles son las demandas de este colectivo que es más urgente atender?
Respuesta:La principal problemática con la que nos enfrentamos son las listas de espera, que en algunos casos llegan a superar los dos años. Una tramitación lenta y farragosa no ayuda a solucionar los problemas; además del desconocimiento de los propios usuarios al respecto de sus derechos y obligaciones y la forma de realizar la tramitación y su posible defensa ante las Administraciones públicas.
Pregunta: Hace unos años insistía en la necesidad de poner en marcha un Pacto de Estado por la Dependencia. ¿Qué partes deberían conformar esta estrategia para que fuese efectiva? ¿Qué le pediría al respecto al nuevo Gobierno?
Respuesta:En 2016, todos los partidos políticos, a excepción de PP y PNV firmaron el Pacto por la Dependencia; un pacto que no se ha podido desarrollar, ya que el partido del Gobierno hasta hace unos meses fue uno de los partidos que no apoyaron este pacto. Esperamos del actual Gobierno que empiece a desarrollarlo lo más rápidamente posible; su compromiso con las personas en situación de dependencia, y que podamos decir, más pronto que tarde, que vivimos en estado social y de derechos. Una sociedad que deja en el olvido a sus miembros más vulnerables es una sociedad enferma y en vías de extinción.
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