martes, 18 febrero 2025
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Tras el enésimo recorte a la dependencia, ¿qué cabe esperar del sistema?

Es una cuestión muy repetida, pero vuelve a la actualidad tras conocerse el Plan Nacional de Reformas: hasta dónde podrá aguantar un modelo que acusa múltiples problemas de financiación aún sin resolver si cada año cuenta con menos recursos
Cuando, hace apenas un mes, se hizo público el Plan Nacional de Reformas 2013 -informe que el Gobierno envió a Bruselas para justificar ante la UE sus actuaciones para reducir el déficit público-, saltaron todas las alarmas. El documento incluía una reducción de 1.108 millones de euros para el presente ejercicio en el Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (Saad), que -por no esperado ni bien explicado- no sólo sorprendió negativamente a casi todos los agentes implicados (usuarios, profesionales, empresas...), sino que se entendió como el enésimo hachazo a un sistema ya de por sí muy tocado.
El Gobierno asegura que no hay ningún recorte a mayores, y que el ahorro detallado en el informe enviado a Bruselas es resultado de la aplicación de las medidas incorporadas al Real Decreto 20/2012, de 13 de julio. Lo hizo en boca del secretario de Estado de Servicios Sociales, Juan Manuel Moreno, que, por cierto, es el único miembro del Ejecutivo que ha dado la cara con respecto a este tema, y lo hizo en el Congreso de los Diputados, tras el veto del Partido Popular a una comparecencia de la ministra Ana Mato, tal y como solicitaban los grupos de la oposición. Asimismo, tanto ella como el director general del Imserso, César Antón Beltrán, declinaron dar explicaciones sobre el contenido del documento a este periódico.  
El Plan Nacional de Reformas, no obstante, matiza que para alcanzar el objetivo fijado, el Gobierno aprobará en los próximos meses tres nuevos decretos: uno que fijará nuevas condiciones de copago para los usuarios y otros dos cuyo objetivo apenas se ha detallado, pues el informe sólo explica que su objetivo es “adecuar las prestaciones a las necesidades reales de los dependientes y priorizar los servicios profesionales sobre las prestaciones económicas”. Con la redacción de estas normas, el Estado dejará de gastar 828 millones de euros, por lo que se entiende que el resto del ahorro -hasta esos 1.108 millones de euros mencionados anteriormente- será fruto de las medidas que ya entraron en vigor en 2012: la eliminación de niveles en la valoración de la dependencia (lo que ha repercutido en que se haya rebajado el grado de dependencia a algunas personas y, por tanto, el montante de sus ayudas), una reducción del 15% en las prestaciones para el cuidado en el entorno familiar y la salida del sistema de Seguridad Social de los cuidadores informales.

¿Existen alternativas?
Gracias a ello, además, el ahorro en el Saad fue ya de 599 millones en 2012, según expone el Gobierno en el documento enviado a Bruselas, y estas medidas todavía repercutirán en las cuentas de 2014, cuando se estima una reducción adicional de 571 millones. Al hilo de todo esto, la cuestión que vuelve a ponerse sobre la mesa es qué va a pasar con el Saad, ¿es viable un modelo que requiere cada vez más recursos y al que se le dirigen menos año a año?
“Es viable si se quiere invertir en él lo que se necesita”, afirma la profesora de la Universidad de Murcia e investigadora de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Cristina Vilaplana Prieto. Y, precisamente, ante la disyuntiva evidente “es necesaria más financiación, ¿cómo conseguirla?”, la experta explica que “algunos países han establecido mecanismos de aportación de los trabajadores (en algunos casos los pensionistas también), de forma voluntaria como en Estados Unidos o Singapur, u obligatoria, como en Japón y Alemania. Estas contribuciones pasan a integrarse dentro de un fondo específicamente creado para atender al sistema de cuidados a largo plazo. De esta forma, la financiación de los cuidados de largo plazo deja de ser una partida presupuestaria más, al albur de las contingencias económicas”.
A juicio de Vilaplana, “tal vez éste sea el momento perfecto para reflexionar sobre la idoneidad de crear algún mecanismo de acumulación de reservas para España”. Este modelo, también llamado de “pre-funding”, presenta para la investigadora dos ventajas: “evita incrementos bruscos de cotizaciones o impuestos (“tax-smoothing”) que pudieran producirse si hubiera que corregir un desfase imprevisto entre gastos asociados a cuidados de largo plazo y la financiación presupuestada; y, en segundo lugar, minimiza la posibilidad de que los posibles déficit en la financiación de la dependencia pudieran derivar en una mayor deuda, y por consiguiente, no se trasladan cargas financieras a las generaciones futuras”. Vilaplana reconoce, sin embargo, que los comienzos de un sistema de estas características “son difíciles porque exigen un esfuerzo financiero por parte de las actuales generaciones de jóvenes y adultos para poder iniciar el proceso de acumulación de reservas”. Pero plantearse esta cuestión es inevitable ya que, advierte, “el sistema de cuidados de largo plazo no puede quedar relegado. No hay que esperar a un momento de bonanza económica para reformarlo, sino hacerlo ahora, cuando las circunstancias lo requieren”.
Por su parte, el director de Inforesidencias, Josep de Martí, asegura que, ya desde hace tiempo, él viene planteando “que lo mejor sería derogar la Ley de Dependencia”. En el punto actual, afirma, habría que transferir todas las competencias a las comunidades autónomas y que cada una de ellas regule la protección a la dependencia que considere “adecuada y asumible”. “Quizás no sería una opción bonita, pero, al menos, dejarían de engañar a los ciudadanos”, zanja el experto. Desde su punto de vista, los problemas que acucian hoy al Saad no parten tanto de una falta en los recursos financieros para su mantenimiento como de que “técnicamente era, y sigue siendo, un desastre: se basaba en planificaciones defectuosas; contiene contradicciones que hacen imposible su aplicación lógica; basa su financiación en que el Estado y cada comunidad autónoma lleguen a acuerdos…”.
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Sostenibilidad o demolición
Para el presidente de la Coordinadora de Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia, Jaime-Esteban García, asistimos “a la demolición programada del sistema de atención a la dependencia”, pues, manifiesta, “con la excusa de la sostenibilidad del sistema, a base de reales decretos están cargando todos los costes a los usuarios (dependientes y sus familias), lo que lleva a la precarización de las prestaciones económicas de los cuidadores y de los servicios, y el riesgo de exclusión social de muchas familias”. En su intervención parlamentaria, Moreno negó que el Gobierno quiera “cargarse la dependencia”, sino que lo que tratan, dijo, es de “hacerla sostenible, que sobreviva a este tsunami económico y social que está viviendo el país”.
En todo caso, al presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, le parece que el contenido del Plan Nacional de Reformas para 2013, al menos en lo que a dependencia se refiere, le parece “una nueva e insoportable crueldad” porque “uno de cada tres euros de los recortes cuantificados lo sufren las personas en situación de dependencia”. En este sentido, Cristina Vilpalana lamenta que “el aniquilamiento al que está siendo sometido el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia no recibe tanta atención en los medios como otras áreas, tal y como lo hicieron el copago farmacéutico o el aumento de la carga docente del profesorado” y, a su vez, ejemplifica esta afirmación en la moratoria aprobada el año pasado para incorporar al sistema a todas las personas dependientes moderadas, que tendrán que esperar a julio de 2015 para comenzar a recibir la prestación que se les haya reconocido: “se habla de las listas de espera en la Sanidad, pero ¿cómo calificar el hecho de que una persona tenga que esperar dos años para poder recibir una prestación?”.
Por su parte, Josep de Martí  considera que algunas de las medidas a adoptar por el Gobierno son adecuadas, pero manifiesta su desacuerdo con la motivación de las mismas. “Veo bien que se reduzca la prestación para el cuidador no profesional y que se reglamente el copago, veo fatal que los ahorros obtenidos vayan a reducir el déficit. Creo que, como mínimo, la mitad de ellos deberían ir a aumentar las partidas de cuidado profesional”.  En este sentido, asegura que “si se reducen millones en una prestación que debería ser excepcional, y esos millones se asignan a la contratación de más servicios profesionales, recortar de una parte para poner en otra, sería una opción virtuosa”, pero, critica, “nadie en el Gobierno se cree que gastar en dependencia puede tener un efecto positivo sobre la economía si lo que se gasta sirve para comprar servicios a empresas o entidades”. Y en esta línea, Ramírez duda de la capacidad del Ejecutivo para dar una solución al Saad: “El sistema muere por inanición a un ritmo de cuatro beneficiarios menos a la hora -hay 24.113 beneficiarios menos que en julio de 2012- y, mientras tanto, el Ministerio cuenta milongas y produce un diccionario de eufemismos”.

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