Julio A. del Pino, profesor del Departamento de Sociología I de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (Uned), considera que “el proceso se ha visto agudizado por la dinámica natural de la población”. Esto se debe, tal y cómo apunta Del Pino, a que “el aumento general de la esperanza de vida combinada con bajas tasas de natalidad –niños que nacen– y de fecundidad –hijos en relación a la población femenina en edad fértil– hace que las generaciones mayores aumenten mientras que las menores tienden a disminuir”.

En relación al mencionado aumento de la esperanza de vida, cabe señalar que en España, desde los años 70 del siglo pasado, el grupo de población que mayor crecimiento ha experimentado en este sentido ha sido el de los mayores de 65 años. De hecho, los indicadores han ido progresivamente creciendo hasta situar a España entre los más altos del mundo. Así, según datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la esperanza de vida ronda actualmente los 80 años en los hombres y los 85, en las mujeres. Unos valores que suelen ser más elevados en el ámbito rural y que, según las previsiones del INE, alcanzarían en el año 2029, los 84 años en los hombres y los 88,7 en las mujeres. Igualmente, el instituto prevé que se sobrepasarán los 90 años en ambos sexos en torno al año 2063. 

“Se trata de un asunto poco investigado. Efectivamente, la mayor esperanza de vida en los pueblos es un hecho comprobado que contradice la tradicional visión de lo rural como entorno poco desarrollado y, por lo tanto, con menor esperanza de vida”, apunta Julio A. del Pino. 

“No se han investigado convenientemente las causas de estas diferencias, pero seguramente la explicación debería combinar la creciente convergencia en las condiciones de vida de ambos entornos –que habría revertido la tradicional menor esperanza de vida rural– y las experiencias generacionales de los migrantes rurales en las ciudades –que habrían rebajado la esperanza de vida urbana–”, explica. 

Asturias, Castilla y León, Aragón y Galicia son, en la actualidad, las comunidades autónomas más envejecidas de España, realidad considerablemente más notable en sus áreas rurales. Pero, ¿por qué esta tendencia es especialmente acusada en estos territorios? Su ubicación alejada de los focos de expansión demográfica de España, como son Madrid y la costa mediterránea, junto con el hecho de ser áreas históricamente vinculadas con la emigración, son los factores que determinan esta realidad. Además, son comunidades en las que la superficie rural poblada es mayor que en otras zonas de la península, aspecto que también influye en su incapacidad de atraer población joven.

Esta tendencia al envejecimiento, más notable en el ámbito rural, tiene dos importantes efectos: la feminización progresiva de la población mayor debido a las diferencias en la esperanza de vida existente entre sexos –mayor en el caso de las mujeres– y un aumento de la situación de dependencia. 

Este segundo factor, cuyo incremento es directamente proporcional al envejecimiento de la población, está estrechamente vinculado con el desarrollo de la discapacidad y presenta una consecuencia especialmente notable en el rural: la gestión de dicha situación suele descansar, casi en su totalidad, sobre la familia. 

En este sentido, Julio A. del Pino apunta que en este ámbito se dan una serie de matices particulares. “Las dificultades de movilidad, que son la base de muchas situaciones de dependencia, tienen consecuencias muy importantes en las áreas rurales, donde la vida cotidiana depende, en gran medida, de la capacidad de moverse por casas más grandes, con escaleras; por el pueblo; para acudir a servicios básicos que se dan en las cabeceras comarcales, etcétera”, señala. 

Además, según indica, “en general, las áreas rurales están peor dotadas de servicios públicos que las áreas urbanas, de modo que cuestiones sencillas como el transporte, la atención hospitalaria o los trámites burocráticos requieren más ayuda de la familia y allegados que en entornos urbanos”.

En esta línea de ideas se mueve también el estudio promovido por La Caixa “La población rural de España. De los desequilibrios a la sostenibilidad social”, en el que participó Del Pino y que fue coordinado por Luis Camarero, catedrático del Departamento de Teoría, Metodología y Cambio Social de la Uned. En este se indica que “la peor situación en relación con la discapacidad corresponde a las mujeres rurales. A partir de los 60 años estas alcanzan valores más elevados hasta que son igualadas, en edades cercanas a los 90, por los hombres rurales y las mujeres urbanas”.

Tratar de revertir el envejecimiento, ligándolo con el despoblamiento y la desaparición de las formas rurales de vida, es en la actualidad, según apunta Julio A. del Pino, uno de los focos principales de atención para las administraciones.

En este sentido, las políticas de desarrollo rural europeas están incidiendo principalmente en tratar de alentar el desarrollo endógeno. De conseguir resultados positivos, se trataría de fijar la población a través de actividades no agrarias que la conecten con el territorio a través del turismo, el cuidado del patrimonio, la conservación de la naturaleza, etcétera. Es decir, se buscaría que estos enclaves no estuvieran exclusivamente vinculados a sus actividades tradicionales para así tratar de atraer a nuevos vecinos que contribuyan a combatir su desaparición.

Sin embargo, Del Pino asegura que “pese a las políticas de desarrollo, el despoblamiento continúa, aunque a un ritmo muchísimo menor, hasta nuestros       días”. “El envejecimiento ha tenido consecuencias catastróficas en algunas áreas, por ejemplo, en el nororeste peninsular o en el sistema ibérico, con la desaparición completa de pueblos”. 

Concretamente, en los últimos 15 años han desparecido aproximadamente 900 pueblos, siendo Castilla y León, Castilla-La Mancha y Aragón las comunidades autónomas más afectadas por este fenómeno. Sin embargo, estas regiones no son las únicas, ya que, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), 1.971 aldeas gallegas están al borde de la desaparición.

A pesar de estos datos, el INE refleja otros tantos que permiten mantener la esperanza. Así, comunidades como Murcia, Madrid, Navarra e Illes Balears registraron en los últimos años la recuperación de algunos núcleos rurales que en su momento habían quedado abandonados.

“El hecho de que ni las políticas de desarrollo hagan florecer, en su conjunto, la vida rural, ni las poblaciones rurales terminen por extinguirse, nos hace preguntarnos sobre la necesidad de ofrecer un nuevo marco para pensar sobre el envejecimiento en las áreas rurales”, señala Del Pino que, en este sentido, se muestra esperanzado pues “el envejecimiento ya no es contemplado, por lo menos no únicamente, como amenaza sino como oportunidad para el desarrollo de las áreas rurales”. 

En este nuevo horizonte, estos núcleos recuperados ya no cuentan con mayores como sus únicos habitantes, “sino que, crecientemente, también son nuevos residentes o personas que se han visto vinculadas de diferente manera al pueblo a lo largo de su vida”. Nuevos habitantes que favorecen la atracción de servicios a estos enclaves y contribuyen a un envejecimiento más activo y saludable de sus mayores, que a menudo ven cómo sus pueblos y aldeas son elegidos para pasar a albergar, por ejemplo, residencias y centros destinados al colectivo senior.

El envejecimiento de la población afecta a toda España y, especialmente al rural, por ello desde muchas comunidades se están desarrollando medidas para tratar de afrontar este fenómeno.

Desde la Xunta de Galicia y, en particular, desde la Consellería de Política Social se están llevando a cabo reuniones con los regidores de núcleos rurales para desarrollar medidas que contribuyan a mejorar sus servicios de atención. Por su parte, la Consellería de Medio Rural, mediante el programa Leader, está apoyando económicamente diversas acciones para dotar de servicios al rural como, por ejemplo, las nuevas instalaciones de la Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (Cogami) en Vigo, que prevé atender a personas con discapacidad del área del Baixo Miño.

Por su parte, la Conselleria de Sanitat de la Generalitat está trabajando en la colaboración con las oficinas de farmacia en actividades de promoción y protección de la salud, en el marco de las funciones que les atribuye la normativa sanitaria vigente en esta materia. Entre las iniciativas destaca Salud y Comunidad Rural, un programa formativo dirigido a la población desde las farmacias ubicadas en este entorno. 

Entre otras líneas de actuación, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León se encuentra trabajando en la puesta en marcha de una “Estrategia de prevención de la dependencia para las personas mayores y la promoción del envejecimiento activo”. Se trata de un plan integral que aglutina todos los programas que ya se desarrollan y otros nuevos para mejorar la calidad de vida de los mayores, con especial atención con la situación del medio rural. A través del mismo se busca trabajar la prevención, la detección precoz de la dependencia y la promoción de la autonomía personal.

Uno de los programas del Gobierno Vasco y, concretamente, de su Departamento de Empleo y Políticas Sociales, es el betiON. Esta iniciativa, que desde que se puso en marcha en 2011 ha tratado de ampliar la cobertura de la teleasistencia domiciliaria, sigue su andadura para llegar a todos los rincones de la geografía vasca. Otra acción del Gobierno Vasco es Euskadi Lagunkoia Sustraietatik, un proyecto del mismo departamento que tiene por objetivo movilizar a instituciones, agentes y personas para hacer de los barrios, pueblos y ciudades espacios amigables, donde sea posible vivir sin obstáculos físicos y convivir sin barreras. 

Ya en Aragón, desde la Consejería de Ciudadanía y Derechos Sociales destacan la importancia que tiene la colaboración entre el Gobierno de Aragón y las entidades sociales, sobre todo en el medio rural, para que las personas discapacitadas de la comunidad tengan acceso a los mismos servicios cerca de su casa. Además, la consejera, María Victoria Broto, está llevando a cabo reuniones para analizar la situación de los servicios sociales en el ámbito rural de Aragón.

El Gobierno regional de Castilla-La Mancha ha solicitado recientemente a la Unión Europea el desarrollo de políticas que faciliten el equilibrio territorial y demográfico entre zonas urbanas y rurales. Además, está trabajando en la red de Servicios Sociales Básicos y, en concreto, en las zonas en las que se aplica el Plan Regional de Acción Social mediante la contratación de trabajadores y educadores sociales que presten servicios para ayudar a fijar población y a crear empleo en el medio rural. Por su parte, desde la Dirección General de Atención a la Dependencia insisten en que su objetivo para 2016 es mejorar la atención a la dependencia, favoreciendo para ello el mantenimiento de las personas en su entorno el mayor tiempo posible y retrasando su institucionalización siempre que sea adecuado, especialmente en las zonas rurales, promocionando el empleo y evitando su despoblamiento.