Pensionistas y dependientes temen que los recortes repercutan negativamente en sus derechos
El presidente José Luis Rodríguez Zapatero acaba de aprobar los mayores recortes sociales de la historia nacional, unas medidas con las que el Ejecutivo pretende reducir un déficit público que ya alcanza los 15.250 millones de euros
Los españoles viven pendientes, desde hace unas semanas, del Plan de Reducción del Déficit Público anunciado por el presidente del Gobierno, una actuación con la que el Ejecutivo anhela recuperarse de un déficit que asciende a 15.250 millones de euros. En el momento en que José Luis Rodríguez Zapatero compareció en el Congreso de los Diputados, el 12 de mayo, y presentó un paquete de medidas adicionales que calificó de “imprescindibles, eficientes y lo más equitativas posibles”, comenzaron las valoraciones y las críticas de todos los sectores implicados. Tan sólo unos días después de esta noticia, el Gobierno aprobó el Real Decreto Ley con el que dichas propuestas se convertían, ya, en una realidad. Pero, ¿qué implican estas decisiones?, ¿a qué colectivos afectan? y, sobre todo, ¿qué posibles efectos tendrán para los españoles?
Las resoluciones anunciadas por el Gobierno -un texto que contó con 169 votos a favor, 168 en contra y 13 abstenciones- se concretan en los siguientes puntos: reducción de un 5% de los salarios públicos; suspensión de la revalorización de las pensiones en 2011, salvo las mínimas y las no contributivas; suspensión del régimen transitorio de jubilación parcial; eliminación de la retroactividad en las prestaciones por dependencia; recorte del gasto farmacéutico; y eliminación del cheque bebé.
Frentes abiertos: jubilación, pensiones y dependencia
El hecho de que se trate de recortes sociales implica que colectivos como los de personas dependientes, mayores, enfermos y pensionistas, entre otros ciudadanos, vayan a verse especialmente afectados por estas medidas. De hecho, los datos aportados por el Ejecutivo señalan que de la cifra total de 15.250 millones, 6.000 -el 40%- se obtendrá de los recortes de salario al sueldo de funcionarios y la congelación de las pensiones.
Por ejemplo, en lo referente a la jubilación parcial, a partir de este mes sólo se podrá acceder a ella a partir de los 61 años, después de haber cotizado un mínimo de 30.
En segundo lugar, durante 2011 se congelarán las pensiones, una decisión que, como era de esperar, ha levantado algunas ampollas entre algunos colectivos. Desde la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (Ceoma), su presidente José Luis Méler y de Ugarte se cuestiona “¿por qué son los mayores los que tienen que ser especialmente penalizados por la crisis?” y “¿dónde ha quedado el compromiso del presidente del Ejecutivo de no tocar el gasto social?”. Ante éstas y otras críticas, Rodríguez Zapatero insistió, recientemente, en que desde 2004 el gasto social en España se ha incrementado un 50% y que “las medidas aprobadas suponen un 1,5% del total que lidera el Gobierno y el 0,5% del conjunto del gasto social del país”.
Por su parte, la Unión Democrática de Pensionistas (UDP) valora el anuncio de Zapatero desde una perspectiva algo más prudente. Su presidente, Luis Martín Pindado, expresa que “estas medidas de urgencia deben considerarse temporales, a la espera de las reformas más profundas en el sistema de pensiones que deben salir consensuadas de la Comisión del Pacto de Toledo en el que los jubilados no tenemos representación frente a nuestras peticiones y el compromiso del presidente”. Además, Pindado añade que “no nos resignaremos a ser el único colectivo que sufra este recorte (...) Los jubilados aceptamos abrocharnos el cinturón, pero siempre que el apretón sea igual para todos”.
En esta línea, desde Ceoma manifiestan que “la suspensión de la revalorización es una grave equivocación que atenta contra derechos y principios fundamentales y es injusta. La medida es políticamente equivocada porque supone una violación del Pacto de Toledo”.
Ése es uno de los puntos que más ha sorprendido a los pensionistas, uno de los colectivos más vulnerables del país, que asisten expectantes ante el tambaleo del principal acuerdo social vigente en España, el Pacto de Toledo. Algunos se adelantan y ya hablan de incumplimiento.
Desde el Partido Popular, el diputado y portavoz en la Comisión del Pacto de Toledo, Tomás Burgos, califica este nuevo Real Decreto Ley 8/2010 (publicado en el BOE del 20 de mayo) como una decisión “injusta, improvisada e insostenible en función del sistema de protección social que hemos ido configurado en nuestro país”. La oposición lamenta, además, que no se hayan adoptado soluciones cuando el resto de socios europeos tomaron sus medidas para el control del gasto. Para muchos, estas actuaciones llegan un poco tarde.
Respecto a esta congelación de las retribuciones, Tomás Burgos expresa que “no sólo hace recaer sobre los pensionistas los desaguisados económicos del Gobierno, sino que contraviene el acuerdo social más importante que se ha suscrito en España, el Pacto de Toledo, un elemento vital para la sostenibilidad del sistema de protección social en su conjunto y uno de los distintivos de nuestro sistema de pensiones y, por todo ello, debe ser preservado. Esta congelación es un atentado directo contra la esencia de este Pacto y el Partido Popular entiende que es una medida inaceptable”. En este sentido, insiste en que los acuerdos están para cumplirlos. “¿Qué sentido tiene la existencia de un pacto que se suscribió para proteger a los pensionistas de aquellas coyunturas económicas que pudieran resultar adversas si cuando nos enfrentamos a una crisis económica la primera medida es recortar las pensiones de los ciudadanos?”, reflexiona el diputado. Además, Burgos apunta que esta decisión “atenta contra la contributibuidad, en la medida en que penaliza a aquellos que han cotizado, y no a quienes lo han hecho en condiciones o cantidades más escasas”.
“El Gobierno se está portando de manera deshonesta y desleal con los mayores. Ellos deben ser los más protegidos ante circunstancias económicas complicadas como éstas”, señala Tomás Burgos, diputado del Partido Popular y portavoz en la Comisión del Pacto de Toledo. Pregunta:
Respuesta:
Las resoluciones anunciadas por el Gobierno -un texto que contó con 169 votos a favor, 168 en contra y 13 abstenciones- se concretan en los siguientes puntos: reducción de un 5% de los salarios públicos; suspensión de la revalorización de las pensiones en 2011, salvo las mínimas y las no contributivas; suspensión del régimen transitorio de jubilación parcial; eliminación de la retroactividad en las prestaciones por dependencia; recorte del gasto farmacéutico; y eliminación del cheque bebé.
Frentes abiertos: jubilación, pensiones y dependencia
El hecho de que se trate de recortes sociales implica que colectivos como los de personas dependientes, mayores, enfermos y pensionistas, entre otros ciudadanos, vayan a verse especialmente afectados por estas medidas. De hecho, los datos aportados por el Ejecutivo señalan que de la cifra total de 15.250 millones, 6.000 -el 40%- se obtendrá de los recortes de salario al sueldo de funcionarios y la congelación de las pensiones.
Por ejemplo, en lo referente a la jubilación parcial, a partir de este mes sólo se podrá acceder a ella a partir de los 61 años, después de haber cotizado un mínimo de 30.
En segundo lugar, durante 2011 se congelarán las pensiones, una decisión que, como era de esperar, ha levantado algunas ampollas entre algunos colectivos. Desde la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (Ceoma), su presidente José Luis Méler y de Ugarte se cuestiona “¿por qué son los mayores los que tienen que ser especialmente penalizados por la crisis?” y “¿dónde ha quedado el compromiso del presidente del Ejecutivo de no tocar el gasto social?”. Ante éstas y otras críticas, Rodríguez Zapatero insistió, recientemente, en que desde 2004 el gasto social en España se ha incrementado un 50% y que “las medidas aprobadas suponen un 1,5% del total que lidera el Gobierno y el 0,5% del conjunto del gasto social del país”.
Por su parte, la Unión Democrática de Pensionistas (UDP) valora el anuncio de Zapatero desde una perspectiva algo más prudente. Su presidente, Luis Martín Pindado, expresa que “estas medidas de urgencia deben considerarse temporales, a la espera de las reformas más profundas en el sistema de pensiones que deben salir consensuadas de la Comisión del Pacto de Toledo en el que los jubilados no tenemos representación frente a nuestras peticiones y el compromiso del presidente”. Además, Pindado añade que “no nos resignaremos a ser el único colectivo que sufra este recorte (...) Los jubilados aceptamos abrocharnos el cinturón, pero siempre que el apretón sea igual para todos”.
En esta línea, desde Ceoma manifiestan que “la suspensión de la revalorización es una grave equivocación que atenta contra derechos y principios fundamentales y es injusta. La medida es políticamente equivocada porque supone una violación del Pacto de Toledo”.
Ése es uno de los puntos que más ha sorprendido a los pensionistas, uno de los colectivos más vulnerables del país, que asisten expectantes ante el tambaleo del principal acuerdo social vigente en España, el Pacto de Toledo. Algunos se adelantan y ya hablan de incumplimiento.
Desde el Partido Popular, el diputado y portavoz en la Comisión del Pacto de Toledo, Tomás Burgos, califica este nuevo Real Decreto Ley 8/2010 (publicado en el BOE del 20 de mayo) como una decisión “injusta, improvisada e insostenible en función del sistema de protección social que hemos ido configurado en nuestro país”. La oposición lamenta, además, que no se hayan adoptado soluciones cuando el resto de socios europeos tomaron sus medidas para el control del gasto. Para muchos, estas actuaciones llegan un poco tarde.
Respecto a esta congelación de las retribuciones, Tomás Burgos expresa que “no sólo hace recaer sobre los pensionistas los desaguisados económicos del Gobierno, sino que contraviene el acuerdo social más importante que se ha suscrito en España, el Pacto de Toledo, un elemento vital para la sostenibilidad del sistema de protección social en su conjunto y uno de los distintivos de nuestro sistema de pensiones y, por todo ello, debe ser preservado. Esta congelación es un atentado directo contra la esencia de este Pacto y el Partido Popular entiende que es una medida inaceptable”. En este sentido, insiste en que los acuerdos están para cumplirlos. “¿Qué sentido tiene la existencia de un pacto que se suscribió para proteger a los pensionistas de aquellas coyunturas económicas que pudieran resultar adversas si cuando nos enfrentamos a una crisis económica la primera medida es recortar las pensiones de los ciudadanos?”, reflexiona el diputado. Además, Burgos apunta que esta decisión “atenta contra la contributibuidad, en la medida en que penaliza a aquellos que han cotizado, y no a quienes lo han hecho en condiciones o cantidades más escasas”.
“El Gobierno se está portando de manera deshonesta y desleal con los mayores. Ellos deben ser los más protegidos ante circunstancias económicas complicadas como éstas”, señala Tomás Burgos, diputado del Partido Popular y portavoz en la Comisión del Pacto de Toledo. Pregunta:
Respuesta:
Supresión del pago de la retroactividad
La Ley de Dependencia, una Norma por cuya implantación y puesta en marcha eficaz luchan todas las regiones será otro de los pilares que se vean afectados por los recortes. Con el Decreto se suprimirá, para los nuevos solicitantes, la retroactividad del pago de prestaciones por dependencia al día de presentación de la solicitud, estableciéndose, paralelamente, un plazo máximo de resolución de seis meses -su incumplimiento llevará aparejada retroactividad desde esa fecha-. Además, el texto establece la posibilidad de aplazar, hasta un máximo de cinco años, el pago de los derechos de retroactividad generados.
Según valora el presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España, José Manuel Ramírez, “estas medidas afectan a una de cada tres personas que se encuentran el limbo de la dependencia”, es decir, aquellos ciudadanos que ya han sido valoradas y tienen nivel y grado y que les asegura una prestación económica pero están pendientes de que se les realice el Plan Individual de Atención para asignarles la prestación que les corresponde. Asimismo, Ramírez avanza que “esto afectará de manera desigual según la Comunidad Autónoma donde residan. Según datos oficiales del Sisaad en relación con el limbo de la dependencia, así afectará a las personas que ya tienen reconocido el derecho: La Rioja (4%), País Vasco (7%), Castilla y León (15%), Cantabria (16%), cuyos porcentajes de lista de espera son mínimos y no serán muchas las personas ni el tiempo de espera de las mismas. Pero en regiones como Canarias (60%), Valencia (52%), Baleares (43%), Galicia (39%) y Madrid (37%) van a ser muchas las personas afectadas”.
Emilio Marmaneu, presidente de la Confederación Española de Familiares y Enfermos de Alzheimer y otras Demencias (Ceafa), profundiza en lo que la opinión tacha de contradicción por parte del Gobierno de Zapatero, es decir, que unas medidas de ahorro puedan llegar a desembocar en un importante gasto social. “Pretender recortar los derechos de los más débiles -pensionistas y personas en situación de dependencia- no deja de ser una medida incomprensible, sobre todo si se tiene en cuenta que el sistema de pensiones, primero, y el de atención a la dependencia, ahora, se construyen sobre la base de derechos adquiridos por las personas, y representan uno de los activos más importantes del país. Aún partiendo de la base de que es necesario establecer un plan de ahorro, el Gobierno, en ningún caso, debería haber puesto su punto de mira en ninguno de los cuatro pilares del Estado del Bienestar”, apunta Marmaneu.
Por su parte, Tomás Burgos considera que “el Gobierno se está portando de manera deshonesta y desleal con un colectivo que ya ha aportado, en tiempos difíciles, todo su esfuerzo. Deben ser ellos los más protegidos ante circunstancias económicas complicadas como éstas”.
> Futuro y alternativas
> Entrevista a José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales de España
> Entrevista a Emilio Marmaneu, presidente de Ceafa
> Entrevista a Ildefonso Álvarez, presidente de la Asociación de Jubilados del Banco Pastor
La Ley de Dependencia, una Norma por cuya implantación y puesta en marcha eficaz luchan todas las regiones será otro de los pilares que se vean afectados por los recortes. Con el Decreto se suprimirá, para los nuevos solicitantes, la retroactividad del pago de prestaciones por dependencia al día de presentación de la solicitud, estableciéndose, paralelamente, un plazo máximo de resolución de seis meses -su incumplimiento llevará aparejada retroactividad desde esa fecha-. Además, el texto establece la posibilidad de aplazar, hasta un máximo de cinco años, el pago de los derechos de retroactividad generados.
Según valora el presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España, José Manuel Ramírez, “estas medidas afectan a una de cada tres personas que se encuentran el limbo de la dependencia”, es decir, aquellos ciudadanos que ya han sido valoradas y tienen nivel y grado y que les asegura una prestación económica pero están pendientes de que se les realice el Plan Individual de Atención para asignarles la prestación que les corresponde. Asimismo, Ramírez avanza que “esto afectará de manera desigual según la Comunidad Autónoma donde residan. Según datos oficiales del Sisaad en relación con el limbo de la dependencia, así afectará a las personas que ya tienen reconocido el derecho: La Rioja (4%), País Vasco (7%), Castilla y León (15%), Cantabria (16%), cuyos porcentajes de lista de espera son mínimos y no serán muchas las personas ni el tiempo de espera de las mismas. Pero en regiones como Canarias (60%), Valencia (52%), Baleares (43%), Galicia (39%) y Madrid (37%) van a ser muchas las personas afectadas”.
Emilio Marmaneu, presidente de la Confederación Española de Familiares y Enfermos de Alzheimer y otras Demencias (Ceafa), profundiza en lo que la opinión tacha de contradicción por parte del Gobierno de Zapatero, es decir, que unas medidas de ahorro puedan llegar a desembocar en un importante gasto social. “Pretender recortar los derechos de los más débiles -pensionistas y personas en situación de dependencia- no deja de ser una medida incomprensible, sobre todo si se tiene en cuenta que el sistema de pensiones, primero, y el de atención a la dependencia, ahora, se construyen sobre la base de derechos adquiridos por las personas, y representan uno de los activos más importantes del país. Aún partiendo de la base de que es necesario establecer un plan de ahorro, el Gobierno, en ningún caso, debería haber puesto su punto de mira en ninguno de los cuatro pilares del Estado del Bienestar”, apunta Marmaneu.
Por su parte, Tomás Burgos considera que “el Gobierno se está portando de manera deshonesta y desleal con un colectivo que ya ha aportado, en tiempos difíciles, todo su esfuerzo. Deben ser ellos los más protegidos ante circunstancias económicas complicadas como éstas”.
> Futuro y alternativas
> Entrevista a José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales de España
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