Pregunta: ¿Cuáles son los principales objetivos que se ha marcado al afrontar la titularidad de la Conselleria de Bienestar Social y Familia?
Respuesta:Nuestras prioridades son luchar con más fuerza que nunca contra la pobreza y la exclusión social; impulsar y promover un sistema catalán de promoción de la autonomía personal; reforzar el papel de las familias como estructura social básica; hacer de Cataluña un referente en el cumplimiento de la Convención de los Derechos de los Niños; dar soporte al asociacionismo y al voluntariado; promover políticas de igualdad; hacer crecer la integración social y laboral de las personas con discapacidad; impulsar la vida activa de las personas mayores y potenciar la cohesión social.
Pregunta: ¿Qué valoración realiza del despliegue de la Ley de Dependencia en Cataluña? ¿Qué alternativas propone para el cambio?
Respuesta:Hay que tener en cuenta que partimos de una situación muy complicada. La mala gestión del anterior Gobierno de la Generalitat nos ha dejado una extensa lista de personas que están esperando aún su ayuda, cuando hace tiempo que deberían haberla recibido. Por eso, hemos hecho un estudio en profundidad de la realidad a la que nos enfrentamos, con el fin de poder solucionar todos los problemas que se arrastran del pasado. También considero que sufrimos un agravio comparativo importante, ya que las ayudas que fija el Estado son iguales para todas las comunidades autónomas cuando el coste del servicio es muy diferente en cada caso. Ahora hemos podido comprobar que por diferencias entre el sistema informático del Estado y de la Generalitat, el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad no tenía contabilizados a todos los dependientes. Este desfase de cifras ha provocado que el Estado no financiara la parte que le corresponde y que fuese la Generalitat quien asumiera en solitario el coste de la atención de estas personas. Precisamente, en una reunión el pasado día 2 de marzo con la ministra Pajín, acordamos crear un grupo de trabajo para poner fin a este desfase. Mientras tanto estamos trabajando para en un plazo de pocos meses atender a todas las personas que están pendientes de recibir su prestación o servicio y dejar atrás la lista de espera. Hemos de asegurar de forma prioritaria que los grandes dependientes y los severos estén plenamente atendidos y cumplir con los plazos marcados por la Ley. Nos comprometemos a limitar a un mes el tiempo en que se tarda a recibir la prestación o el servicio una vez realizado el Plan Individual de Atención (PIA), y para facilitar la asignación del servicio impulsaremos plazas de residencia propias y privadas y aprobaremos un decreto de acreditación que facilitará la concertación de plazas y asegurará su calidad. También daremos impulso a la prestación económica vinculada para centros privados acreditados, garantizando aún más, el derecho a decidir de los beneficiarios y sus familias. En la segunda etapa de legislatura impulsaremos una ley catalana propia. Una normativa que nos permita abordar un cambio de paradigma y poner un mayor acento en la autonomía personal, tratando de forma diferenciada las dependencias causadas por envejecimiento, discapacidad y enfermedades mentales.
Pregunta: Según los últimos datos del Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, 108.857 catalanes se benefician de alguna prestación de la normativa estatal ¿qué balance realiza de estos datos?
Respuesta:El estudio que hemos realizado revela que existen graves retrasos que se remontan a 2007, desde el primer momento de entrada en vigor la norma. Estos retrasos se han ido acumulando año tras año, de manera que, de las 330.607 solicitudes que se han registrado hasta enero de 2011, sólo se han realizado 155.265 PIA. Ahora mismo, pues, hay unas 54.600 persones que esperan su valoración o su Plan Individual de Atención. Y de estas, sólo 18.223 están dentro de los plazos establecidos por la Ley. Desde el Departamento de Bienestar Social y Familia somos partidarios de solucionar de forma prioritaria el retraso en las ayudas con los grandes dependientes y dependientes severos, para que cuando en el mes de julio se empiecen a realizar los PIA de las personas con Grado I Nivel II de dependencia, todos estos problemas estén superados. Recientemente anunció que impulsará una norma catalana para gestionar la implementación de la Ley de Dependencia, agilizar los trámites y optimizar los recursos. ¿De qué manera se materializará la nueva normativa? Esta ley, como le he comentado, se impulsará en la segunda parte de la legislatura. Nuestro objetivo es pasar de la cultura del subsidio a la cultura del esfuerzo y colocar a las personas en el centro de las políticas sociales. Hay que tener en cuenta que no todas las personas con dependencia son iguales y tenemos que esforzarnos por atender cada caso de forma diferenciada. Para eso necesitamos una norma que impulse diferentes procesos de integración y atención. Por otra parte, es obvio que si tenemos competencias exclusivas en servicios y políticas sociales, regulemos un sistema catalán propio.
Pregunta: ¿Qué papel jugarán los programas de prevención de la dependencia?
Respuesta:Nuestro objetivo es promover un cambio de paradigma, hablar más de autonomía personal y menos de dependencia. Apostamos por dar soluciones y respuestas a medida a las necesidades de cada usuario. Y esta máxima se debe regir no sólo en el caso la dependencia, sino también con el resto de las políticas sociales. Queremos pasar del subsidio al incentivo, de los derechos sociales virtuales a los derechos reales. Por eso apostamos por un modelo más personalizado que insista en la promoción de la autonomía y ayude a las personas a desarrollar al máximo sus capacidades.