Pregunta: ¿Cuál es su valoración personal sobre la implantación de la Ley de Dependencia en Madrid?
Respuesta:Nos encontramos, ahora mismo, en el ecuador de la implantación de la Ley de Dependencia y aunque nos quedan muchas cosas por hacer, creo que tenemos que poner de relevancia el esfuerzo que, por parte de todas las administraciones públicas, se ha realizado para poner en marcha lo que se ha venido a denominar el cuarto pilar del Estado de Bienestar. Pero sí es cierto, y esto tenemos que reconocerlo, que la Comunidad de Madrid parte de una situación de ventaja sobre otras comunidades y administraciones públicas, y es que la Ley de Dependencia en la Comunidad de Madrid se ha hecho fundamentada en la prestación de servicios de calidad, en lugar de prestaciones económicas. De hecho, la estructura de recursos de la Comunidad de Madrid presenta que un 76% de las personas son atendidas con un servicio público mientras que sólo un 34% lo son con una prestación que la propia Ley decía que era excepcional. Hemos atendido a más de 60.000 personas con servicios y prestaciones de calidad. Las hemos atendido con un servicio profesional en casi tres de cada cuatro casos. Eso pone de manifiesto el esfuerzo que estamos haciendo para aplicar la Ley, a la que destinamos 2,95 millones de euros al día. Obviamente, hay que afrontar otros debates y otros escenarios, como la situación de las personas reconocidas con dependencia moderada que acaban de entrar en el calendario, el nivel más alto de dependencia moderada, que es el grado I nivel 2, y en el año 2013 entrará en vigor el grado I nivel 1, que va a poner sobre la mesa la necesidad de atender a un número superior de personas. Como es lógico, nuestros esfuerzos se van a tener que doblar y, mientras que haya un solo caso sin atender o mientras que haya situaciones de necesidad en la Comunidad de Madrid, aunque esto suene a frase hueca, seguiremos incrementando nuestros presupuestos y esfuerzos, tanto personales como profesionales.
Pregunta: Entre los debates que están sobre la mesa está el de si el modelo de financiación es el adecuado. ¿Cuál es el planteamiento de su Departamento en este sentido?
Respuesta:El actual modelo, que presenta muchas virtudes y bondades, también presenta deficiencias muy importantes. Una de ellas es la financiación, donde las comunidades autónomas somos las que fundamentalmente tenemos que hacer frente a la mayor parte del coste de los servicios. De hecho, hemos presentado un estudio donde podemos ver que, por el nivel mínimo y el nivel acordado, que son las dos vías de financiación por donde recibimos financiación de la Administración general del Estado (AGE), la aportación del Gobierno de España tan sólo alcanza el 15%, cuando la Ley de Dependencia establece que una vez descontada la aportación del usuario las dos administraciones públicas competentes debíamos sufragar las prestaciones al 50%. Pero es que, incluso teniendo en cuenta los propios ingresos o la propia financiación que podíamos haber percibido con anterioridad vía sistema de financiación, tampoco la AGE está sufragando el porcentaje que le corresponde y esto tiene un problema fundamental: la sostenibilidad de este modelo. Las comunidades nos estamos haciendo cargo de las personas en situación de dependencia y no queremos poner en riesgo un modelo que nos ha costado tantos años consolidar y desarrollar. Todos, con independencia del signo político que gobierne, estamos abogando por reformar la financiación y, sobre todo, por consolidar una reforma coherente. Y digo esto porque en estos momentos la financiación está ligada al grado y nivel de dependencia reconocido, y no al tipo de servicio que tú reconozcas. Hay comunidades en las que el peso de las prestaciones económicas es mayor que el de los servicios porque en las prestaciones económicas el Estado sí está cubriendo la aportación que le corresponde. Sin embargo, en aquellas que hemos mantenido una estructura de servicios profesionalizados la aportación del Estado es muy inferior. Obviamente, tenemos que cambiar no sólo las cuantías que recibimos sino también cómo se estructuran y que la financiación esté más ligada al tipo de servicio o de prestación; el grado y nivel de dependencia puede ser tenido en cuenta, pero que no sea el único.
Pregunta: Con respecto al estudio sobre implantación del Saad que han presentado en este Congreso, ¿por qué se han decidido a hacerlo y qué implicaciones tendrán sus resultados en sus políticas futuras?
Respuesta:Fundamentalmente, tiene la finalidad y el objetivo de conocer cómo es la demanda actual de los usuarios, qué nos están demandando y cuáles son las características de la persona beneficiaria. Esto nos va a permitir adaptar nuestra oferta de servicios a la realidad de los ciudadanos. Pero también nos interesa conocer las realidades futuras porque huelga decir que el envejecimiento de la población va a motivar unos mayores índices de dependencia y, por tanto, que tengamos que proteger a un mayor número de personas. Eso es necesario conocerlo con el suficiente tiempo para poder planificar nuestras políticas de oferta, es decir, para poder proyectar nuestros presupuestos y planificar correctamente qué tipo de servicios y prestaciones vamos a tener que otorgar a los ciudadanos en el futuro.
Pregunta: ¿Y mientras esta situación no cambie que prevé hacer su Administración para garantizar que se cumpla con la Ley de Dependencia?
Respuesta:Pues lo que hemos estado haciendo hasta ahora: priorizar el gasto público. La Comunidad de Madrid en este contexto de restricciones presupuestarias y económicas que ha afectado a las administraciones públicas hemos aplicado políticas de contención del gasto público, de priorización del gasto que se considera totalmente relevante y, en nuestro caso, el gasto social representa más del 80%. Es decir, ocho de cada diez euros del presupuesto total se están destinando a gasto social: sanidad, educación, servicios sociales, atención a la dependencia… Y seguir exigiendo al gobierno de la nación la configuración de una financiación que se suficiente pero también que sea adecuada.