Alberto Núñez Feijóo/Presidente de la Xunta de Galicia
“Lo importante no es lo que opinemos los políticos, sino si hay más personas atendidas, o menos. Y ahora hay más gente en Galicia que recibe atención”
Pregunta: El 19 de febrero entró en vigor el Decreto 15/2010 de Dependencia. ¿Qué va a suponer para la aplicación en Galicia de la Ley de Dependencia la puesta en marcha de esta nueva normativa?
Respuesta:Lo primero que va a suponer es reiterar nuestro compromiso con los mayores. Ése es el fin político del Decreto, atenderles con más respeto e intentar que los derechos que reconocemos en las leyes se trasladen a los hogares. La nueva resolución busca tres objetivos fundamentales: que la tramitación administrativa de los expedientes de dependencia pasen de una media de 18 meses de tardanza a seis meses, por lo tanto, reducir en dos tercios este proceso. En segundo lugar, por primera vez en España, este Decreto establece en qué supuestos los familiares de personas fallecidas pueden recuperar los gastos que han tenido durante su vida y que no han sido atendidos porque no se ha tramitado a tiempo la Ley de Dependencia. Es evidente que esos gastos tienen que estar previamente justificados. Y en tercer lugar, pretende dar prioridad a los grandes dependientes, es decir, aquellas situaciones que producen más deterioro en los mayores. Por lo tanto, este Decreto lo que persigue, nada más y nada menos, es dotar a la Ley de Dependencia de más agilidad, menos burocracia y más respeto hacia los derechos de los beneficiarios. Todo esto, evidentemente, en el contexto del escenario presupuestario que tenemos. Por dar unos datos, en los nueve primeros meses de Gobierno hemos aumentado un 70% el número de personas que está cobrando las ayudas de la Ley de Dependencia, hemos pasado de 14.000 a 24.000 gallegos. Y en lo que se refiere a grandes dependientes, teníamos un objetivo a final de este año, que eran 16.500, y estamos ya en 19.600. Por lo tanto, hemos incrementado nuestro propio compromiso electoral en un 20%. Y lo que es más importante, la Xunta está cumpliendo con la Ley de Dependencia. Este Gobierno regional ha puesto 370 millones para darle cobertura y sólo pedimos una cosa, que el Gobierno central, que ha dictado la Ley, cumpla su parte. Estamos recibiendo 150 millones de euros y nosotros estamos poniendo 370 millones, pero esto tiene que ser cofinanciado al 50%, y es evidente que faltan 220 millones de euros, es decir, la aportación que el Estado debe hacer anualmente. Si remitiese la misma cantidad que Galicia pone para atender la dependencia, todos los beneficiarios estarían recibiendo las ayudas. Como hay esa diferencia de 220 millones, habrá personas que tendrán derecho a percibir la ayuda y no podrán recibirla por un problema financiero. Por lo tanto, sería bueno hacer la reflexión de que cuando se dicta una Ley por parte del Gobierno central, que está repercutiendo gasto a las comunidades autónomas, debería ser respetuoso con ellas. Pero lo que no es justificable es que el Gobierno central ni siquiera cumpla su parte. Por último, es obvio que el esfuerzo hecho por la Xunta está ahí, tiene nombres y apellidos, 24.000 personas; tiene un presupuesto, hemos incrementado en 100 millones de euros el dinero que nos encontramos en 2009, haciendo traslados de partidas de gasto ineficiente hacia gasto social; y en tercer lugar, hemos aprobado un Decreto ambicioso, valiente, para que en seis meses se tramiten los expedientes administrativos, y cuando el Estado transfiera su parte poder pagar al 100% de los dependientes.
Pregunta: ¿Cómo se van a hacer efectivos los derechos de prestación de los solicitantes fallecidos? ¿Una medida de este tipo dará lugar a picaresca?
Respuesta:Lo que vamos a hacer, en primer lugar, es auditar y comprobar cada uno de los titulares, incluidos en la bolsa de expedientes, que lamentablemente han fallecido. En el supuesto de que alguno estuviese dentro de la obligación legal de ser beneficiario de esa ayuda, nosotros tramitaríamos el expediente. Y para poder percibir la ayuda, las familias tendrían que justificar si se han producido gastos para financiar el cuidado de esa persona a través de las facturas correspondientes. En el supuesto de que la persona fallecida tuviera derecho a beneficiarse de la Ley de Dependencia pero los familiares no pudiesen acreditar los gastos, evidentemente, no podremos costearlos. Por lo tanto, lo que inspira esta Norma es respetar, primero, los principios de la Ley y segundo, pagar realmente aquellos gastos en los que ha incurrido la familia.
Pregunta: ¿Cómo valora las críticas que se están vertiendo contra la Xunta, acusándola de querer privatizar y mercantilizar los servicios sociales?
Respuesta:Había un diseño en toda España, y sigue existiendo, de que los servicios sociales son públicos. Por supuesto, están financiados con fondos públicos, con los impuestos de todos los ciudadanos y la mayoría de los servicios sociales están en manos de ONG, de asociaciones sin fines de lucro, de órdenes religiosas, etcétera. Eso es lo que ha habido siempre. Es más, el Gobierno anterior creó una empresa privada en la que la Xunta tenía una participación minoritaria para gestionar las residencias y los servicios sociales con presencia de las cajas de ahorro. ¿Nos sorprende todo esto que se ha venido haciendo hasta ahora en Galicia y en España? Pues, esto mismo, es lo que ahora se discute. Es muy difícil criticar un gobierno cuando en nueve meses ha incrementado un 70% el número de personas que ha cobrado las ayudas de Dependencia; y que en el ámbito de la atención a los mayores ha aumentado en este año, nada más y nada menos, un 37% el número de plazas para el colectivo; o nos hemos comprometido a crear 2.000 nuevas plazas en centros de día, en centros de Alzheimer y en residencias, a pesar de la crisis económica. Nunca ha habido tanto gasto social, y nunca ha habido una apuesta mayor por plazas de residencia, por centros de día y de Alzheimer, y por la atención a la dependencia como en este último año. Y lo importante no es lo que opinemos los políticos, sino si hay más personas atendidas o menos, y ahora hay más gente en Galicia que recibe atención.
Pregunta: Recientemente firmó un acuerdo bilateral con Juan Vicente Herrera. En el marco de este convenio han acordado trabajar conjuntamente en materia de servicios sociales y dependencia. ¿Qué medidas se desarrollarán en este sentido?
Respuesta:Lo que hemos acordado es que por el hecho de que una persona gallega se vaya a residir a Castilla y León (o viceversa), y haya iniciado los trámites de la Ley de Dependencia, que no tenga que reiniciarlos de nuevo en el lugar del nuevo domicilio. Es decir, que el hecho de un traslado no perjudique los derechos del dependiente. De la misma forma hemos hablado de otras cuestiones, como algunas referidas al ámbito sanitario. Por ejemplo, las personas que viven en el entorno de León o de Lugo, Ourense o Zamora, podrán acudir a cualquiera de los hospitales que están en esos entornos. En definitiva, lo que hemos firmado es una relación de colaboración plena, que no haya diferencia para los derechos sociales y los sanitarios por vivir en un sitio u otro.
Pregunta: Pasando al tema económico. ¿Qué valoración haría sobre las reformas presentadas por el Gobierno central en materia de pensiones?
Respuesta:El problema es que para hacer una valoración sobre una propuesta ha de existir, y sobre todo, mantenerla. En este momento no sabemos si es un globo sonda o una improvisación, porque no conocemos la propuesta firme de Gobierno. En realidad, creo que este debate tiene un contexto y un foro, que es el Pacto de Toledo, y en él se presentan las propuestas. Tengo una anécdota ocurrida en una Conferencia de Presidentes celebrada para pactar una serie de medidas contra la crisis. Nos dieron el documento a las tres de la tarde y dijeron de votarlo al cabo de dos horas. Eso no es pactar nada, eso es simplemente un gobierno que está desorientado y superado por los acontecimientos y que intenta responsabilizar a los que no gobiernan. Por lo tanto, cualquier planteamiento tan profundo como decir a los españoles que no hay dinero para pagar las pensiones o que el mismo gobierno que patrocinaba jubilaciones anticipadas a los 50, ahora establece retiros obligatorios a los 67, no puede ser, obviamente, fruto de la improvisación. Siempre hemos estado a disposición de los intereses generales, hemos pactado la reforma de las pensiones, saneamos el sistema de pensiones que estaba en quiebra en el año 1996 y dejamos 18.000 millones de euros de excedentes, y por ello, con todos los respetos, creo que algo de credibilidad tenemos en esta materia. En definitiva, sobre la seguridad de los mayores no se puede improvisar y sería una improvisación por mi parte decir si estoy de acuerdo con una medida que desconozco. Insisto, nosotros estamos de acuerdo en hablar de blindar el sistema de protección social, de blindar el sistema de pensiones, y estamos de acuerdo en ver y estudiar cualquier medida que vaya en ese sentido. Lo que no podemos es hacer tertulia sobre las pensiones.
Pregunta: A punto de cumplirse su primer año al frente del Gobierno gallego, ¿qué balance hace de este tiempo? ¿Qué retos se marca a corto-medio plazo?
Respuesta:En primer lugar, ha sido un año para decirle a Galicia lo que pasaba. Esta Región atraviesa una profunda crisis económica. Es verdad que tenemos un 6% menos de paro que el resto de España y que el desempleo aquí se incrementa menos que en el resto del país, pero aquí estamos viviendo una profunda crisis económica. En segundo lugar, pagar lo que debemos. Nos encontramos con un presupuesto con 1.200 millones de agujero y hemos compensado ese déficit haciendo una reestructuración del gasto, lo que nos llevará a recuperar la confianza. Tercero, hacer un profundo plan de austeridad reduciendo el 50% el personal de la administración pública autonómica desde el punto de vista de los altos cargos. Y cuarto, establecer todos nuestros planes. Hemos hecho un plan de choque en el ámbito económico, hemos puesto en marcha un proyecto para incrementar la venta de vehículos y estamos entre las regiones en las que más se han incrementado las matriculaciones. Hemos iniciado un plan para reordenar la acuicultura en Galicia, un plan de infraestructuras para el año 2013, 2015 y 2020. Hemos ideado un plan de infraestructuras hidráulicas para sanear las rías. Hemos planteado una reforma para buscar un equilibrio entre las dos lenguas oficiales en Galicia, además de introducir una tercera lengua extranjera como idioma vehicular en algunas asignaturas. Estamos preparando el Xacobeo… En definitiva, hemos puesto orden en las cuentas públicas, hemos hecho un profundo plan de austeridad, y estamos actuando de acuerdo con una planificación previa en los grandes asuntos de la Comunidad (en los sectores productivos, en las infraestructuras, en las políticas de equilibrio lingüístico, en la celebración del Xacobeo), y todo ello, siendo conscientes de la profunda crisis económica que tenemos. En suma, hemos blindado el gasto social eficiente, que es, dedicar menos dinero a burocracia y más dinero a asistencia, como lo acredita que el 70% de los beneficiarios están cobrando la Ley de Dependencia, o que ampliaremos el número de plazas en centros de día un 96%, en centros de Alzheimer un 102%, y en residencias un 22%. Vamos a tener que seguir trabajando y tenemos que trasladar a la sociedad gallega que el Gobierno sabe que las familias lo están pasando mal y que tenemos que generar confianza para que Galicia sea un lugar donde invertir y donde vivir.
Respuesta:Lo primero que va a suponer es reiterar nuestro compromiso con los mayores. Ése es el fin político del Decreto, atenderles con más respeto e intentar que los derechos que reconocemos en las leyes se trasladen a los hogares. La nueva resolución busca tres objetivos fundamentales: que la tramitación administrativa de los expedientes de dependencia pasen de una media de 18 meses de tardanza a seis meses, por lo tanto, reducir en dos tercios este proceso. En segundo lugar, por primera vez en España, este Decreto establece en qué supuestos los familiares de personas fallecidas pueden recuperar los gastos que han tenido durante su vida y que no han sido atendidos porque no se ha tramitado a tiempo la Ley de Dependencia. Es evidente que esos gastos tienen que estar previamente justificados. Y en tercer lugar, pretende dar prioridad a los grandes dependientes, es decir, aquellas situaciones que producen más deterioro en los mayores. Por lo tanto, este Decreto lo que persigue, nada más y nada menos, es dotar a la Ley de Dependencia de más agilidad, menos burocracia y más respeto hacia los derechos de los beneficiarios. Todo esto, evidentemente, en el contexto del escenario presupuestario que tenemos. Por dar unos datos, en los nueve primeros meses de Gobierno hemos aumentado un 70% el número de personas que está cobrando las ayudas de la Ley de Dependencia, hemos pasado de 14.000 a 24.000 gallegos. Y en lo que se refiere a grandes dependientes, teníamos un objetivo a final de este año, que eran 16.500, y estamos ya en 19.600. Por lo tanto, hemos incrementado nuestro propio compromiso electoral en un 20%. Y lo que es más importante, la Xunta está cumpliendo con la Ley de Dependencia. Este Gobierno regional ha puesto 370 millones para darle cobertura y sólo pedimos una cosa, que el Gobierno central, que ha dictado la Ley, cumpla su parte. Estamos recibiendo 150 millones de euros y nosotros estamos poniendo 370 millones, pero esto tiene que ser cofinanciado al 50%, y es evidente que faltan 220 millones de euros, es decir, la aportación que el Estado debe hacer anualmente. Si remitiese la misma cantidad que Galicia pone para atender la dependencia, todos los beneficiarios estarían recibiendo las ayudas. Como hay esa diferencia de 220 millones, habrá personas que tendrán derecho a percibir la ayuda y no podrán recibirla por un problema financiero. Por lo tanto, sería bueno hacer la reflexión de que cuando se dicta una Ley por parte del Gobierno central, que está repercutiendo gasto a las comunidades autónomas, debería ser respetuoso con ellas. Pero lo que no es justificable es que el Gobierno central ni siquiera cumpla su parte. Por último, es obvio que el esfuerzo hecho por la Xunta está ahí, tiene nombres y apellidos, 24.000 personas; tiene un presupuesto, hemos incrementado en 100 millones de euros el dinero que nos encontramos en 2009, haciendo traslados de partidas de gasto ineficiente hacia gasto social; y en tercer lugar, hemos aprobado un Decreto ambicioso, valiente, para que en seis meses se tramiten los expedientes administrativos, y cuando el Estado transfiera su parte poder pagar al 100% de los dependientes.
Pregunta: ¿Cómo se van a hacer efectivos los derechos de prestación de los solicitantes fallecidos? ¿Una medida de este tipo dará lugar a picaresca?
Respuesta:Lo que vamos a hacer, en primer lugar, es auditar y comprobar cada uno de los titulares, incluidos en la bolsa de expedientes, que lamentablemente han fallecido. En el supuesto de que alguno estuviese dentro de la obligación legal de ser beneficiario de esa ayuda, nosotros tramitaríamos el expediente. Y para poder percibir la ayuda, las familias tendrían que justificar si se han producido gastos para financiar el cuidado de esa persona a través de las facturas correspondientes. En el supuesto de que la persona fallecida tuviera derecho a beneficiarse de la Ley de Dependencia pero los familiares no pudiesen acreditar los gastos, evidentemente, no podremos costearlos. Por lo tanto, lo que inspira esta Norma es respetar, primero, los principios de la Ley y segundo, pagar realmente aquellos gastos en los que ha incurrido la familia.
Pregunta: ¿Cómo valora las críticas que se están vertiendo contra la Xunta, acusándola de querer privatizar y mercantilizar los servicios sociales?
Respuesta:Había un diseño en toda España, y sigue existiendo, de que los servicios sociales son públicos. Por supuesto, están financiados con fondos públicos, con los impuestos de todos los ciudadanos y la mayoría de los servicios sociales están en manos de ONG, de asociaciones sin fines de lucro, de órdenes religiosas, etcétera. Eso es lo que ha habido siempre. Es más, el Gobierno anterior creó una empresa privada en la que la Xunta tenía una participación minoritaria para gestionar las residencias y los servicios sociales con presencia de las cajas de ahorro. ¿Nos sorprende todo esto que se ha venido haciendo hasta ahora en Galicia y en España? Pues, esto mismo, es lo que ahora se discute. Es muy difícil criticar un gobierno cuando en nueve meses ha incrementado un 70% el número de personas que ha cobrado las ayudas de Dependencia; y que en el ámbito de la atención a los mayores ha aumentado en este año, nada más y nada menos, un 37% el número de plazas para el colectivo; o nos hemos comprometido a crear 2.000 nuevas plazas en centros de día, en centros de Alzheimer y en residencias, a pesar de la crisis económica. Nunca ha habido tanto gasto social, y nunca ha habido una apuesta mayor por plazas de residencia, por centros de día y de Alzheimer, y por la atención a la dependencia como en este último año. Y lo importante no es lo que opinemos los políticos, sino si hay más personas atendidas o menos, y ahora hay más gente en Galicia que recibe atención.
Pregunta: Recientemente firmó un acuerdo bilateral con Juan Vicente Herrera. En el marco de este convenio han acordado trabajar conjuntamente en materia de servicios sociales y dependencia. ¿Qué medidas se desarrollarán en este sentido?
Respuesta:Lo que hemos acordado es que por el hecho de que una persona gallega se vaya a residir a Castilla y León (o viceversa), y haya iniciado los trámites de la Ley de Dependencia, que no tenga que reiniciarlos de nuevo en el lugar del nuevo domicilio. Es decir, que el hecho de un traslado no perjudique los derechos del dependiente. De la misma forma hemos hablado de otras cuestiones, como algunas referidas al ámbito sanitario. Por ejemplo, las personas que viven en el entorno de León o de Lugo, Ourense o Zamora, podrán acudir a cualquiera de los hospitales que están en esos entornos. En definitiva, lo que hemos firmado es una relación de colaboración plena, que no haya diferencia para los derechos sociales y los sanitarios por vivir en un sitio u otro.
Pregunta: Pasando al tema económico. ¿Qué valoración haría sobre las reformas presentadas por el Gobierno central en materia de pensiones?
Respuesta:El problema es que para hacer una valoración sobre una propuesta ha de existir, y sobre todo, mantenerla. En este momento no sabemos si es un globo sonda o una improvisación, porque no conocemos la propuesta firme de Gobierno. En realidad, creo que este debate tiene un contexto y un foro, que es el Pacto de Toledo, y en él se presentan las propuestas. Tengo una anécdota ocurrida en una Conferencia de Presidentes celebrada para pactar una serie de medidas contra la crisis. Nos dieron el documento a las tres de la tarde y dijeron de votarlo al cabo de dos horas. Eso no es pactar nada, eso es simplemente un gobierno que está desorientado y superado por los acontecimientos y que intenta responsabilizar a los que no gobiernan. Por lo tanto, cualquier planteamiento tan profundo como decir a los españoles que no hay dinero para pagar las pensiones o que el mismo gobierno que patrocinaba jubilaciones anticipadas a los 50, ahora establece retiros obligatorios a los 67, no puede ser, obviamente, fruto de la improvisación. Siempre hemos estado a disposición de los intereses generales, hemos pactado la reforma de las pensiones, saneamos el sistema de pensiones que estaba en quiebra en el año 1996 y dejamos 18.000 millones de euros de excedentes, y por ello, con todos los respetos, creo que algo de credibilidad tenemos en esta materia. En definitiva, sobre la seguridad de los mayores no se puede improvisar y sería una improvisación por mi parte decir si estoy de acuerdo con una medida que desconozco. Insisto, nosotros estamos de acuerdo en hablar de blindar el sistema de protección social, de blindar el sistema de pensiones, y estamos de acuerdo en ver y estudiar cualquier medida que vaya en ese sentido. Lo que no podemos es hacer tertulia sobre las pensiones.
Pregunta: A punto de cumplirse su primer año al frente del Gobierno gallego, ¿qué balance hace de este tiempo? ¿Qué retos se marca a corto-medio plazo?
Respuesta:En primer lugar, ha sido un año para decirle a Galicia lo que pasaba. Esta Región atraviesa una profunda crisis económica. Es verdad que tenemos un 6% menos de paro que el resto de España y que el desempleo aquí se incrementa menos que en el resto del país, pero aquí estamos viviendo una profunda crisis económica. En segundo lugar, pagar lo que debemos. Nos encontramos con un presupuesto con 1.200 millones de agujero y hemos compensado ese déficit haciendo una reestructuración del gasto, lo que nos llevará a recuperar la confianza. Tercero, hacer un profundo plan de austeridad reduciendo el 50% el personal de la administración pública autonómica desde el punto de vista de los altos cargos. Y cuarto, establecer todos nuestros planes. Hemos hecho un plan de choque en el ámbito económico, hemos puesto en marcha un proyecto para incrementar la venta de vehículos y estamos entre las regiones en las que más se han incrementado las matriculaciones. Hemos iniciado un plan para reordenar la acuicultura en Galicia, un plan de infraestructuras para el año 2013, 2015 y 2020. Hemos ideado un plan de infraestructuras hidráulicas para sanear las rías. Hemos planteado una reforma para buscar un equilibrio entre las dos lenguas oficiales en Galicia, además de introducir una tercera lengua extranjera como idioma vehicular en algunas asignaturas. Estamos preparando el Xacobeo… En definitiva, hemos puesto orden en las cuentas públicas, hemos hecho un profundo plan de austeridad, y estamos actuando de acuerdo con una planificación previa en los grandes asuntos de la Comunidad (en los sectores productivos, en las infraestructuras, en las políticas de equilibrio lingüístico, en la celebración del Xacobeo), y todo ello, siendo conscientes de la profunda crisis económica que tenemos. En suma, hemos blindado el gasto social eficiente, que es, dedicar menos dinero a burocracia y más dinero a asistencia, como lo acredita que el 70% de los beneficiarios están cobrando la Ley de Dependencia, o que ampliaremos el número de plazas en centros de día un 96%, en centros de Alzheimer un 102%, y en residencias un 22%. Vamos a tener que seguir trabajando y tenemos que trasladar a la sociedad gallega que el Gobierno sabe que las familias lo están pasando mal y que tenemos que generar confianza para que Galicia sea un lugar donde invertir y donde vivir.
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