Abogados contra la Corrupción / Javier Fernández
'Llevamos casos de personas adultas tutorizadas por la AMTA y todo ello oculta una gestión irregular'
El colegiado de Abogados Contra la Corrupción (ACG), Javier Fernández, nos habla de las irregularidades que han detectado en ACG en torno a las tutelas concedidas a la Agencia Madrileña para la Tutela del Adulto
Pregunta.- Según una información publicada este mes en publico.es, en relación al caso del presunto desvío de fondos por parte de Fundación Afal hacia empresas ligadas a su órbita, ustedes, desde el colectivo de abogados contra la Corrupción, solicitaron la destitución de Nuria López Mora, fiscal de Incapacidades de la Comunidad de Madrid, por una presunta relación con la presidenta de Afal, Blanca Clavijo. ¿Qué información manejan para pedir su expulsión?
Pregunta:
Respuesta:
Respuesta.- No es exactamente así , hemos solicitado su destitución inmediata de Doña Nuria López Mora, porque hemos tenido que padecer su negligencia profesional continuada en los procedimientos civiles de incapacidad que hemos seguido en los Juzgados de Madrid y donde se nombraba tutor a la Agencia Madrileña de Tutela de Adultos -AMTA-, institución denunciada por Abogados contra la Corrupción en vía penal y ante la Asamblea de Madrid de forma continuada desde el pasado mes de mayo de 2013
P.- Según la Fiscalía de Madrid, López Mora no tiene relación alguna de amistad con la presidenta Blanca Clavijo. Además, argumentaron que, en 2003, solo propuso a Afal como tutor de un discapacitado pese a presentar más de 500 demandas de discapacidad. ¿Por qué resulta sospechoso para ustedes el comportamiento de la fiscal?
R.- Salvo que una adecuada y diligente investigación judicial pruebe lo contrario, esta señora ha incumplido sistemáticamente el principio de legalidad en sus actuaciones procesales como Ministerio Fiscal y ha omitido sus obligaciones laborales para tutelar los legítimos derechos de los tutelados madrileños tal y como hemos denunciado de forma reiterada en los Juzgados de Instrucción madrileños.
P.- ¿El hecho de que López Mora figure en la página web de Afal como profesora de uno de los cursos que imparte la asociación la incapacita legalmente para recomendar a Afal como entidad de tutelaje?
R.- Se trata de un detalle irrelevante, cuando esta señora infringe en sus actuaciones procesales el art.124.1 de la C.E y a mayor perjuicio de los ciudadanos, cobra mensualmente de los Presupuestos Generales del Estado por incumplir sistemáticamente sus obligaciones profesionales
P.- Ustedes han manifestado recientemente que hay numerosos procedimientos de incapacidad y tutela de adultos en la Comunidad de Madrid basados en un “quebrantamiento continuado del principio de legalidad” y que esto perjudica los derechos de los tutelados. ¿Qué casos llevan directamente desde el colectivo?
R.- Llevamos casos de personas adultas tutorizadas por la Agencia Madrileña de Tutela de Adultos, y ello cuando cuentan con medios económicos y la asistencia de familiares para no precisar dicha tutela, todo ello oculta la gestión irregular de sus patrimonios inmobiliarios y económicos bajo el paraguas de una falsa tutela obtenida en un procedimiento judicial irregular que no garantiza los derechos de los tutelados adultos madrileños
P.- ¿Qué tipo de negligencias se están produciendo?
R.- Básicamente Penales: delito de falsedad y prevaricación administrativa Articulo 404 C.P. y detención ilegal (Articulo 163 C.P.); Delitos continuados contra su integridad moral (Art 173.1 C.P.) y maltrato psicológico (Art.153 C.P.).
Últimamente el Ministerio Fiscal se dedica a presentar querellas por un presunto delito de amenazas contra mi persona para evitar la necesario investigación judicial que saque a la luz el sufrimiento y expolio de los tutelados madrileños a través de la Fundación Afal y el Agencia Madrileña de Tutela de Adultos -AMTA- y en el que existen varios órganos judiciales involucrados por omisión de sus obligaciones e incompetencia profesional.
P.- ¿A qué tipo de defensa pueden tener acceso las víctimas de estos abusos?
R.- Lo curioso y realmente paradigmático de este caso es que debe ser el Ministerio Fiscal y el Juzgado las instituciónes encargadas de velar por los derechos de los tutelados adultos conforme al artículo 749.1 y 750.1 de la Ley Enjuiciamiento Civil, art.228 del Código Civil
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