Pregunta: Según el estudio “Envejecimiento: miedo al futuro”, elaborado por Nielsen, casi la mitad de los españoles (49%) cree que con la pensión pública no será suficiente para llegar a fin de mes. ¿Qué medidas cree prioritarias para mejorar la situación?
Respuesta:En cuestión de derechos no podemos dar pasos hacia atrás. No podemos aceptar que los jubilados del futuro vivan en peores condiciones económicas que los actuales. Ahora podemos saber con antelación qué pensión nos quedará a cada ciudadano cuando nos jubilemos. Eso dependerá del esfuerzo de cotizaciones y de ahorro que haya realizado cada persona en su vida laboral. Hay que informar a la población trabajadora de qué condiciones económicas tendrán cuando se jubilen, y también planificar nuevas posibilidades de empleo para trabajadores de edades avanzadas, y establecer nuevas fórmulas para compatibilizar trabajo y pensión. -¿El envejecimiento de la población en España y el aumento de la esperanza de vida pueden repercutir y debilitar las pagas de los futuros jubilados? Evidentemente, el sistema tendrá que ser modificado nuevamente y, más temprano que tarde, tendremos que proveer financiación complementaria a través de impuestos, y no sólo a través de cotizaciones. Lo que sería positivo es que no se nos ignore en el debate, y que las organizaciones de personas mayores tengamos más protagonismo en el deseable consenso que se debe alcanzar para un tema de tanta trascendencia. También defendemos que es necesario fomentar la natalidad para equilibrar la pirámide demográfica.
Pregunta: En cuanto a la edad de jubilación, actualmente en España se ha subido hasta los 67 años, ¿optaría por un sistema de jubilación voluntaria que tuviese más en cuenta los años trabajados, en vez de la edad de jubilación?
Respuesta:Nosotros abogamos por un sistema que tenga en cuenta los años cotizados y los esfuerzos de cotización realizados durante toda la vida laboral. Pero necesitamos un sistema que sea solidario. No podemos olvidar las características de nuestro país, donde las mujeres llevan la mayor parte del peso en los cuidados a familiares dependientes, así como en años dedicados a la crianza de los hijos. Esto les perjudica claramente en sus carreras de cotización. Desde nuestra organización defendemos la jubilación voluntaria siempre que se esté en condiciones. Es decir, seguir trabajando más años, voluntariamente, siempre que se pueda. Decidir la expulsión del mercado laboral de las personas en función de un número que determina la edad, es arbitrario e injusto en muchas ocasiones. No obstante, hay que atender a las particularidades de cada empleo, pues no es lo mismo realizar un trabajo que requiere un intenso esfuerzo físico, que uno que no lo necesita.
Pregunta: El gerontólogo y vicepresidente de UDP Madrid, Víctor López García, aborda, en su último libro, las enfermedades crónicas y advierte que serán “un verdadero reto” en el futuro debido al envejecimiento de la población. ¿Qué medidas hay que tomar?
Respuesta:Víctor lo explica muy bien en su libro. Hay que implantar una cultura sanitaria de base accesible a toda la ciudadanía, para que las personas sean conscientes, estén motivadas, y sean responsables en el cuidado de su propia salud y sepan envejecer bien. Se deberá fomentar al máximo, la medicina preventiva y la Gerontología preventiva, y crear escuelas de salud, recurrir a las aportaciones de la medicina natural científica, los balnearios, centros termales, manantiales de aguas mineromedicinales, sanatorios de reposo y revitalización. Víctor introduce conceptos interesantes, como la figura de pacientes, fieles seguidores de un estilo de vida saludable que se convertirán en pacientes expertos en salud, y serán promotores y propagadores de la salud, en el seno de sus familias y en sus barrios. Finalmente, en el libro se habla de un concepto fundamental: humanizar la medicina.
Pregunta: En el XXVI Seminario de malos tratos a los mayores en Melilla, se habló de que el 5% de los mayores sufre algún tipo de abuso, pero solo el 10% de los casos se denuncian. ¿Cómo podemos detectar el maltrato? ¿Hay que denunciar a la menor sospecha?
Respuesta:La forma más sencilla de detectar un maltrato o abuso es la denuncia o queja de la propia persona mayor. Sin embargo, si ya existen dificultades para denunciar en los casos de malos tratos a mujeres y menores, mayor dificultad tienen las personas mayores, porque el ámbito donde se producen es más cerrado y privado y en muchas ocasiones resulta muy duro para la persona mayor denunciar a sus hijos, de los que además suelen depender física, emocional y económicamente. En relación a los signos, además de las posibles lesiones se deben tomar como tal la prestación de tratamientos médicos, higiene insuficiente y aspecto desaseado, malnutrición, deshidratación, depresión, retraimiento, aislamiento social o físico impuesto y mención de la palabra castigo por el mayor o los cuidadores, entre otros. Hay que ser valiente y denunciar a la menor sospecha, sobre todo los vecinos de esos mayores, ya que este tipo de maltrato suele llegar casi siempre por parte de los familiares más directos de los ancianos. Se debe tener claro que el tema del maltrato es una realidad de enorme importancia, que en modo alguno se puede minimizar. La mayor parte de las acciones u omisiones de maltrato son constitutivas de delito o falta y muchas de ellas llevan unida la responsabilidad civil.
Pregunta: Según el último Barómetro del Mayor de UDP, el porcentaje de mayores que ayudan económicamente a hijos, amigos y familiares es de un 59,5%. ¿Este tipo de solidaridad, que la crisis está incentivando, puede afectar a la vida digna de los mayores?
Respuesta:Desde luego afecta a sus bolsillos y a su calidad de vida, pues miles de jubilados están soportando con su pensión y su patrimonio a cientos de miles de ciudadanos que vivirían situaciones insostenibles de no ser por este apoyo. Pero creo que es un ejemplo de dignidad y discreción cómo están llevando este tema los jubilados españoles. Cuando todo esto pase, se entenderá en toda su magnitud el papel que están desempeñando los jubilados, y el sistema de pensiones español. -Según un informe de Fundación La Caixa, Esade y PwC, “La reacción del Tercer Sector Social al entorno de crisis”, se prevé una contención de la financiación pública a corto plazo (caída del 3% entre 2014-17). ¿Cree, como recomienda el informe, que las ONGs deben orientarse hacia el sector privado? Las organizaciones que intervienen en el tercer sector realizan proyectos de utilidad pública. Se trata de atender necesidades que no cubren otros mecanismos de protección social. Por ello es exigible un esfuerzo de la administración en el apoyo a las ONG. Pero también las empresas realizan su actividad dentro de un entorno social, y deben colaborar con el Tercer Sector en los proyectos que éstas llevan a cabo.
Pregunta: La crisis económica actual ha derivado en una mayor sensibilización de la población hacia causas sociales y, sin embargo, el gasto público disminuye. ¿Cómo le está afectando a UDP esta situación y qué acciones cree que son prioritarias llevar a cabo?
Respuesta:El presupuesto de nuestra organización se emplea en la realización de proyectos concretos que atienden a un número determinado de personas. Hemos procurado que los usuarios de nuestros programas se vean afectados de la menor manera posible, recortando en otras partidas. Me parece fundamental concienciar a la población de los programas que realizan las ONG. En Tenerife, una de nuestras organizaciones se encarga del reparto de alimentos a más de 2.500 familias mensualmente. Tenemos en Cádiz un comedor social que da diariamente más de 80 comidas a personas sin recursos, realizamos voluntariado, apoyo a ciudadores de dependientes, ayuda a domicilio a personas mayores sin recursos, etcétera. Todos estos programas, financiados a través de la casilla de fines sociales de la declaración de la Renta, tienen un gran valor, atienden necesidades urgentes, ayudan a personas con nombres y apellidos. Cuando uno lee que se ayuda con miles de millones a tal o cual banco, o se avala a tal o cual empresa, es difícil justificar que se recorte en gasto social.