La reforma de la Ley de Dependencia: ¿sostenibilidad o desmantelamiento?

El Gobierno aprobó el pasado mes de julio un decreto en el que se enmendan algunos artículos de la Ley 39/2006 (la Ley de Dependencia) buscando, según se establece en el Real Decreto Ley 20/2012, “asegurar la sostenibilidad presente y futura del sistema”. A su vez, la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, defendió que se trata de una reforma que “actualiza y mejora un modelo que se había quedado desfasado” y que con este decreto se avanza en un sistema “más transparente” y que “será más ágil en la gestión del día a día”.
El resultado, no obstante, ha generado cierta controversia. Mientras algunos consideran que la reforma garantiza la viabilidad del sistema de dependencia, otros sectores ven en la revisión de la Ley un desmantelamiento del SAAD y acusan al Ejecutivo de “gobernar con la calculadora” -no en vano, estas reformas fueron incluidas en el Real Decreto-Ley 20/2012 de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, lo que da una idea de la naturaleza de sus objetivos-.
Los cambios más importantes
¿Pero, qué es lo que ha cambiado con la aprobación de este RD? En primer lugar, se retrasa hasta 2015 la incorporación al SAAD de los dependientes de Grado I (es decir, los dependientes moderados), lo que implica que habrá más de 300.000 afectados -los que a día de hoy ya han sido valorados como tal- que tendrán que esperar tres años para recibir la prestación a la que tienen derecho. Mientras no entren en el sistema, las personas con dependencia moderada serán atendidas por los servicios sociales de Atención Primaria, algo que, por otra parte, ya venía ocurriendo en la práctica.
El Ejecutivo quiere, con esta medida, reducir el tiempo de espera para los dependientes más graves. A su vez, tratarán de agilizar los trámites y reducir burocracia eliminando los distintos niveles de valoración de la dependencia, simplificando el proceso en tres grados: dependencia moderada, dependencia severa y gran dependencia (hasta ahora, cada uno de estos grados se dividía en dos niveles).
Asimismo, se establecen unos criterios mínimos y básicos para la solicitud y resolución del reconocimiento del grado de dependencia, así como para la prestación, con el objetivo de que, a igualdad de condiciones, haya igualdad de resultados y se eviten las actuales diferencias entre autonomías, por ejemplo, en los servicios a los que se puede acceder según el grado de dependencia. Además, se extenderá la partida por asistente personal a todos los grados (hasta ahora sólo existía esta figura para los dos niveles del Grado III, es decir, para dependientes severos).
Es importante recalcar también que la reforma elimina las compatibilidades entre prestaciones, exceptuando la teleasistencia, que sí se podrá complementar con la ayuda a domicilio, centro de día y de noche.
Uno de los principales objetivos del Gobierno es, además, priorizar la atención profesional. Para incentivarlo, la prestación económica para cuidados en el entorno familiar se reducirá en un 15% y se está revisando el régimen de afiliación y cotización a la Seguridad Social de los cuidadores familiares -la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales estima que unas 170.000 personas tendrían que abonar por sí mismas la totalidad de la cotización si desean permanecer en ese régimen-.
Por cierto que para aquellas personas a las que se les reconozca el derecho a percibir una ayuda por cuidados en el entorno familiar, se amplía a dos años (estaba establecido en seis meses) el período en el que podrían esperar por el cobro de la ayuda sin derecho a retroactividad.
Otro de los aspectos más importantes de esta reforma tiene que ver con la aportación del usuario al sistema: ya no sólo se tendrá en cuenta su capacidad económica en términos de renta, sino que se pasa a considerar también su patrimonio. A ello se añade que el copago llegará hasta el 90% del coste del servicio -hasta ahora, la aportación media del usuario era del 80% en servicios residenciales y nunca superaba el 65% en recursos de proximidad-.
Finalmente, la reforma aborda una de las cuestiones que más ampollas ha levantado estos años en torno a la Ley de Dependencia: su financiación. La nueva legislación reduce en un 13% las cuantías del nivel mínimo garantizado, es decir, la partida que aportaba el Gobierno a las autonomías en función del número de dependientes reconocidos, y modifica los criterios para esta aportación estatal, pues pasa a ponderar el nivel de prestaciones por asistencia en servicios. Esta medida se suma a la eliminación, ya en marzo, del nivel acordado de los Presupuestos Generales, con lo que las CC AA pasaron ya entonces a contar con 283 millones menos.
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Discrepancias entre las autonomías
Puestas sobre la mesa las principales novedades de la Ley de Dependencia, las reacciones no se han hecho esperar. La mayoría de consejeros autonómicos competentes en este ámbito consideran, por ejemplo, que esta reforma favorece la sostenibilidad del sistema y avanza en una mayor calidad para el dependiente, al primar los servicios profesionales. Si bien es cierto que los que apuestan por este argumentario pertenecen todos a regiones gobernadas por el Partido Popular, salvo Canarias, cuya consejera, Inés Rojas, también se ha mostrado satisfecha con el resultado. La titular de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y Léon, Milagros Marcos, expresa su convencimiento de que “las medidas adoptadas, junto a aquellas otras que nosotros hemos tomado, permiten prever que el sistema será viable en nuestra comunidad”. No obstante, Marcos reconoce que “la modificación más problemática para Castilla y León quizá haya sido la eliminación de la financiación, que en concepto de nivel acordado aportaba el Gobierno, así como la reducción de las cuantías del nivel mínimo garantizado”. Aunque entiende que es una consecuencia directa de la reducción del 15% en las ayudas para cuidados en el entorno familiar y “es el lugar más adecuado para aplicar dicha reducción, pues es mucho el dinero que se está destinando a una prestación que debía ser excepcional pero que, por su uso excesivo, está poniendo en peligro el sistema de atención profesionalizado. Hacer que esta prestación sea menos atractiva para los usuarios, junto con medidas dirigidas a restringir los requisitos de acceso, puede ayudar a potenciar los servicios prestados por profesionales”.
La consejera andaluza de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, sin embargo, acusa a la ministra de cambiar “la orientación del modelo” al fomentar los servicios residenciales y duda de su eficacia en una comunidad rural como Andalucía, “donde la preferencia de la persona es seguir en su domicilio”. Por su parte, el consejero catalán de Benestar Social i Família, Josep Lluis Cleries, también cree que Cataluña se ve perjudicada con algunos de los puntos de la reforma. En concreto, Cleries denunció que el decreto fija un precio máximo para el coste de la plaza residencial de 1.600 euros, cuando en Cataluña este tope es de 1.869 euros. “Hay una diferencia que irá a cargo de los beneficiarios”, lamentó.
La consejera vasca de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, por su parte, defiende que “la vía correcta pasa por controlar la prestación por servicio y su calidad, no por eliminarla”, ya que “nuestro modelo de atención en casa necesita compatibilizar los cuidados profesionales y los familiares”. No obstante, en Euskadi son las diputaciones forales las que tienen la competencia en dependencia y Gipuzkoa, en boca de su diputado de Servicios Sociales, Ander Rodríguez, anunció ya que no aplicará las modificaciones introducidas en la ley.
¿Respuesta a las demandas o ruptura del sistema?
Más allá de los propios gestores del sistema de atención a la dependencia, las reformas se han encontrado con la oposición mayoritaria de los afectados y de los distintos agentes implicados en el día a día del SAAD. Sólo la patronal parece satisfecha con el resultado de la reforma. Alicia Azaña, secretaria general de la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (Aeste), considera que “se atiende a las demandas de los últimos cinco años que hemos realizado patronales y sindicatos en el Comité Consultivo, a excepción de la acreditación, que se convierte ahora en la gran asignatura pendiente, a la que habría que añadir la coordinación sociosanitaria”. Los sindicatos, sin embargo, han calificado de “irresponsable” e “injusta” la reforma. Para Almudena Fontecha, secretaria para la Igualdad de UGT, “las modificaciones suponen un quebrantamiento de la ley y una ruptura del sistema. Todas las medidas que se han acordado suponen recortes económicos cuyo objetivo es reducir el déficit público sin que, en ningún momento, se garantice el derecho a la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia”.
Mucho más vehemente, José Manuel Ramírez, presidente de la Asociacion de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, considera el RD 20/2012 “una derogación de la Ley de Dependencia burdamente enmascarada en la falsa necesidad de sacrificios a que se está sometiendo al conjunto de la sociedad española”. A su juicio, “el decreto supone la práctica destrucción del sistema de atenciones y el retroceso de los derechos de las personas en situación de dependencia y de sus familias incluso a los años anteriores a la aprobación de la Ley 39/2006”.
En esta misma línea de considerar la reforma un retroceso social, el presidente de la Unión Democrática de Pensionistas, Luis Martín Pindado, asegura que la organización que representa esperaba “que se cumpliera la ley, no que se cambiara a peor”, pues, dice, “se están vulnerando derechos adquiridos por ley”.
“Una norma que establecía un derecho subjetivo para todos los ciudadanos, atendiendo las necesidades específicas y avanzando en la consolidación de nuestro Estado de Bienestar, pero que necesariamente debía ir acompañada de un esfuerzo presupuestario. Su aplicación nunca puede ir acompañada de recortes económicos y de derechos y éstas son las únicas medidas que impone este real decreto ley”, critica Almudena Fontecha, quien zanja: “bajo el paraguas de la sostenibilidad económica, se han realizado todas las modificaciones sin que se haya hablado del verdadero grueso de esta sostenibilidad, que es la financiación”.
Un momento excepcional
Pindado confía en que las recogidas en la reforma sean modificaciones “temporales, que se rectifiquen en cuanto la situación económica lo permita”. Una línea en la que parece haber trabajado el Gobierno a juzgar por las palabras del secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno, al afirmar que “nuestra única guía para este trabajo ha sido salvar los cimientos de la dependencia para potenciar el sistema cuando haya mejor disponibilidad económica”. Si se logra el objetivo, sólo el tiempo, y la aplicación práctica que se haga desde ahora de los nuevos artículos de la ley, lo dirán.
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