viernes, 15 noviembre 2024
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La cuenta atrás para el 4 de diciembre ha comenzado

El RD 1/2013 permitió la aprobación del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad, y marcó esta fecha como límite para que los productos, bienes y servicios fuesen accesibles. A seis meses de este día, los expertos en accesibilidad comparten sus puntos de vista con entremayores
Parece que el 4 de diciembre no va a ser un día cualquiera, pues esta es la fecha que alude al plazo legal que España se dio en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprobaba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, y que dice que: “La exigibilidad de las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación que en el caso de bienes y servicios existentes el 4 de diciembre de 2015, que sean susceptibles de ajustes razonables, cuando sean bienes y servicios de titularidad privada que no concierten o suministren las administraciones públicas: 4 de diciembre de 2017”. Se trata de la fecha límite para que no solo los entornos públicos cumplan con las condiciones de accesibilidad, sino para que también las viviendas en régimen de propiedad horizontal hagan las reformas pertinentes para que todos sus vecinos tengan libre acceso, sin barreras, a todas las zonas del edificio en el que viven.
Al respecto de lo decisivo de esta fecha, desde el Cermi, su director gerente, Luis Alonso, expresa que “cada vez hay más concienciación pero, precisamente, la importancia de ese 4 de diciembre es que, a partir de ese momento, el tema de la concienciación va a dar igual porque va a existir una obligación normativa. Llevamos 2.017 años concienciando a las personas y ahora, que ya hemos tenido tiempo de concienciarnos, si no lo hemos hecho habrá que acudir a la ley”.
En este sentido, la Ley 8/2013, del 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, ya había marcado un hito, pues agilizaba sustancialmente el proceso de los trámites que una persona con discapacidad o mayor debía hacer para solicitar la reforma de su vivienda.
“Desde mi punto de vista –expone Nieves Peinado, arquitecta del Ceapat-Imserso–, esta ley supuso muchas cosas. En primer lugar, volver la mirada hacia lo que tenemos, nuestro patrimonio construido, repensar los edificios de viviendas y los espacios urbanos en los que vivimos, no dejarlos de lado como hasta entonces, para buscar la forma de mejorarlos. Pero también supuso la formalización de acciones que algunos ayuntamientos ya habían puesto en práctica con buenos resultados, de manera que otros ayuntamientos las incorporasen también”. Y matiza que, en todo caso, “siguen habiendo muchas dificultades para llevar acciones de mejora de la accesibilidad, por ejemplo, en comunidades de vecinos. Hay que seguir trabajando en ello”.
Desde el Consejo General de Administradores de Fincas de España (CGCAFE), su presidente, Salvador Díez, opina que “siempre son bienvenidas las medidas que facilitan la adopción de acuerdos en las comunidades de propietarios que, con demasiada frecuencia, son muy rígidas a la hora de tomar sus decisiones. Lo mejor que ha traído la Ley es que se ha logrado una gran difusión de las ventajas de acometer obras de accesibilidad, siendo estas ventajas tanto desde el punto de vista patrimonial como funcional”.

Condiciones básicas
Se habla de ellas pero, ¿cuáles son las condiciones básicas de accesibilidad? A grandes rasgos, son aquellas que se establecen a través de los requisitos Dalco –deambulación, aprehensión, localización y comunicación–, que se definen en las distintas normas UNE correspondientes. Luis Alonso detalla que son “cuestiones que coinciden con el concepto, más que el de accesibilidad universal, con el de diseño para todos”.
En el caso de la edificación, dichas condiciones básicas serían, principalmente, las definidas en el Código Técnico de la Edificación (CTE).
Por su parte, Nieves Peinado matiza que la afirmación de que todos los edificios deberán cumplir con todas las condiciones básicas de accesibilidad a finales de año no es del todo cierta. “Deberán serlo aquellos que sean susceptibles de ajustes razonables (AR), por lo tanto no son todos. El problema se nos plantea al tener que decidir cuándo una adaptación o intervención es susceptible de AR, ya que este es un término jurídico indeterminado, solo definido para los edificios en régimen de propiedad horizontal y que, por lo tanto, solo podremos resolverlo a través del consenso social y de su aplicación práctica a lo largo del tiempo”.
Coincide en ello el presidente del CGCAFE, que destaca que “los principales problemas a los que nos enfrentamos vienen determinados porque en muchas ocasiones la norma es de difícil interpretación. A esto hay que añadir las circunstancias económicas de cada edificio y de cada propietario”.
Según datos del CGCAFE, el 75% de los edificios necesita mejorar su accesibilidad, por lo que la llegada de esa fecha límite afectará a la mayoría de comunidades de propietarios. “Cualquier propuesta es válida si da solución a las necesidades concretas del edificio que la implementa”, expresa Salvador Díez. Y añade que “hay que apelar a la responsabilidad de los propietarios. Debemos pensar que estas obras nos benefician a todos, con independencia de nuestra edad o condición física”.
Borja Romero, director general de BJ Adaptaciones, señala que “lo principal es revisar cada uno de los elementos que permiten el acceso y tránsito libre y autónomo de personas con movilidad reducida, desde la calle hasta su hogar. Eliminando cualquier tipo de barrera física y conceptual que permita que las personas sean lo más autónomas posible en el edificio”.
BJ Adaptaciones es una empresa española que ofrece soluciones avanzadas en diseño y construcción o reforma de espacios clave como baños con duchas 100% planas, grúas de techo que recorren habitaciones, pasillos y estancias o cocinas adaptadas a las alturas y anchuras necesarias para usuarios de silla de ruedas, por ejemplo. “A estas soluciones le sumamos otras tecnológicas que permiten el control de todos los elementos del entorno: luces, televisión, equipo de música o persiana, de forma fácil desde mandos a distancia o desde el teléfono móvil”, señala Romero.

¿Está España comprometida con la accesibilidad?
En lo que respecta al ámbito legal, Belén Galán, directora de Marketing y Comunicación de Thyssenkrupp Encasa, señala que “podríamos decir que España sí está comprometida con la accesibilidad, puesto que hay un amplio espectro en este sentido. Sin embargo, el problema es la puesta en práctica. Es triste decirlo, pero aunque se trabaja activamente en la eliminación de barreras físicas, aún hay muchas barreras mentales. En este sentido, vemos cómo la accesibilidad se sigue viendo como un gasto, en vez de una inversión. En muchas ocasiones no se invierte en accesibilidad hasta que no llega un requerimiento de la Administración”.
Precisamente este es uno de los compromisos que mantienen con más fuerza desde el Ceapat-Imserso. En el área de Arquitectura, desde hace más de 25 años, como expone Nieves Peinado, trabajan “con y para las personas con discapacidad y las personas mayores, para mejorar los entornos donde viven, trabajan, se divierten, etcétera. Trabajamos también con los profesionales y organismos que solicitan nuestro asesoramiento. Y de toda esta experiencia aprendemos día a día para plantearnos nuevos retos”. En este punto es reseñable un proyecto que están desarrollando sobre accesibilidad al patrimonio cultural, en turismo accesible, así como los relativos a la seguridad para todos frente al fuego, accesibilidad cognitiva, smartcities, soluciones de viviendas para personas mayores, etcétera. “Tenemos un montón de frentes abiertos”, resume la arquitecta.
A pesar de las asignaturas pendientes evidentes, desde el Cermi opinan, y así lo ponen de manifiesto en su campaña ‘Horizonte Accesibilidad 4 de diciembre’, que “se han hecho bastantes cosas”. El gerente de esta plataforma destaca, por ejemplo, el tema de la lengua de signos, “que ya no es algo subsidiario, sino que se ve, es algo reconocido en todas las esferas. La Administración Pública la está utilizando y, en ese sentido, se ha avanzado bastante”. Y añade que “si paseas por cualquier ciudad se observa que, con buena voluntad, aunque a veces poco conocimiento técnico, se han adaptado las calles, se han incorporado avisadores acústicos en los semáforos… Antes, todo esto no se veía. Poco a poco la gente se va concienciando y muestra interés en ello, más allá de la administración, que tiene obligación de estarlo”.
No obstante, el presidente del CGCAFE alude a que “es previsible que se produzcan incumplimientos de esta norma. En estos casos, el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social incluye un régimen de infracciones y sanciones. Habrá que estar atentos para ver cómo se aplica este sistema disciplinario”.
En opinión de Borja Romero, “se ha recorrido mucho camino y todavía nos queda por recorrer. Lo importante es entender que la discapacidad es algo habitual –un 9% de la población– y que si la vida nos sonríe, nos haremos mayores y las limitaciones irán apareciendo. Las empresas españolas somos pioneras en soluciones a nivel europeo y eso nos permite seguir innovando y ofreciendo nuevas alternativas a los retos que se plantean a nivel público o privado”. Aunque matiza que “la cultura de la accesibilidad está extendida desde hace más tiempo en otros países que en el nuestro, y eso nos ha de servir para aprender y mejorar nuestro sistema actual”.

>> Entrevista con Luis Alonso, director gerente del Cermi.
>> El Cermi da voz a las personas.
>> Entrevista con Nieves Peinado, arquitecta del Ceapat-Imserso.
>> Las comunidades de propietarios apuran los últimos meses. Pregunta:
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Marta S. Massó
Marta S. Massóhttps://entremayores.es/
Licenciada en Periodismo por la Universidad Pontificia de Salamanca. Cubre la información de nacional de entremayores y la edición de Galicia.

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