¿Es necesario reformar el sistema de atención a la dependencia?
El III Congreso Internacional de Dependencia y Calidad de Vida, organizado por la Fundación Edad&Vida, la Comunidad de Madrid y el Imserso, abordó las virtudes y carencias de la Ley en sus primeros cuatro años de vigencia
Tras sus primeros cuatro años de desarrollo, la Ley para la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia no ha cumplido las expectativas generadas en el momento de su elaboración. Agentes sociales, afectados, proveedores y administraciones se muestran disconformes con la implantación actual de la Norma y, algunos de ellos, abogan por una reforma que mejore su desarrollo de cara al futuro.
El III Congreso Internacional de Dependencia y Calidad de Vida, organizado por la Fundación Edad&Vida en colaboración con la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, a través del Imserso, reunió durante tres días en Madrid a los principales implicados en el desarrollo de esta Norma, en un debate que puso de manifiesto las virtudes y carencias detectadas en estos primeros años de andadura. El encuentro, que se desarrolló bajo el lema "Mirando al futuro", fue inaugurado por la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, que estuvo acompañada por la consejera de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Engracia Hidalgo, el presidente de la Fundación Edad&Vida, Higinio Raventós, y el director general de la Fundación, Albert Vergés, entre otros.
El modelo de financiación que plantea la Ley, la falta de equidad territorial en su desarrollo y la necesidad de implementar un sistema que conjugue la atención social y la sanitaria fueron algunas de las principales reclamaciones efectuadas por los expertos citados en este foro. En el centro del debate, los recursos con los que se cuenta para su aplicación efectiva y, sobre todo, la necesidad de consensuar políticas y actuaciones que permitan mejorar el marco actual.
¿Es sostenible el Estado de Bienestar?
La Ley de Dependencia aspira, desde el momento de su concepción, a convertirse en el cuarto pilar del Estado de Bienestar, una vez consolidados la Sanidad, la Educación y el Sistema de Pensiones. Pero el escenario de crisis mundial ha mermado las perspectivas con las que se constituyó la Ley, configurada bajo unas circunstancias económicas mucho más optimistas que las actuales, justo cuando algunas voces demandan una reconsideración de la sostenibilidad del Estado de Bienestar tal y como se lo conoce.
Éste fue el punto de partida de este III Congreso Internacional de Dependencia y Calidad de Vida, en cuya conferencia inaugural Francesc Torralba, director de la Cátedra Ethos de Ética Aplicada de la Universidad Ramón Llul de Barcelona, apeló a "una reflexión serena y, a la vez, autocrítica de las causas de la descomposición del Estado de Bienestar y de los movimientos que deben hacerse para salvarlo y, si es posible, afianzarlo para las generaciones futuras". En su opinión, es necesario desarrollar una "cultura del deber" porque "además de derechos, el usuario tiene deberes y, sin éstos, no es posible el Estado de Bienestar".
En este sentido, el consejero vasco de Economía y Hacienda, Carlos Aguirre Arana, aseguró, en una intervención posterior, que uno de los principales problemas a los que se enfrenta la sostenibilidad del sistema de atención a la dependencia es la baja presión fiscal que hay en España, "que nos sitúa por debajo de los países de nuestro entorno y que la hacen un poco incompatible con las prestaciones que requiere nuestra sociedad", argumentó.
Precisamente, los recursos existentes para desarrollar la implantación de la Ley de Dependencia fue uno de los principales debates en este Congreso. En general, los distintos agentes coincidieron en considerarlos insuficientes, lo que, en opinión de algunos, hace necesario trabajar para conseguir una mayor eficiencia de los recursos públicos disponibles.
Falta de medios
El que no haya suficientes medios repercute directamente sobre la aplicación efectiva de la Ley, cuya financiación dependende a partes iguales del Estado y las autonomías, una vez descontada la aportación de los beneficiarios. La gestión de estos fondos, coordinación y planificación del despliegue de la Norma es competencia de cada administración regional, que debe adaptar los recursos a sus circunstancias concretas, lo que, en la práctica, los expertos coinciden en que genera una desigualdad territorial.
El hecho de que no existan unos criterios establecidos para la puesta en práctica de la Ley (cada Región decide también los requisitos de acceso a las prestaciones, el tipo de ayuda para cada grado y nivel de dependencia, etcétera) repercute en una "evidente descoordinación entre las administraciones implicadas, donde conviven 17 modelos diferentes", acusó el presidente de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (Ceoma), José Luis Méler de Ugarte. Ambos asuntos (la ausencia de acuerdo sobre las condiciones que deben regir el desarrollo de la Ley y la evidente falta de medios para su desarrollo, ya que algunos gobiernos autonómicos insisten en que el Estado no aporta la parte que le corresponde) revierten en otros problemas. En esta línea, el presidente de la Fundación Edad&Vida, Higinio Raventós, alegó que la coexistencia de diferentes sistemas "no permite que todos los ciudadanos tengan acceso a las mismas prestaciones con la misma garantía de calidad". Esto, además, "tampoco ayuda a los proveedores porque dificulta su trabajo", añadió.
En la práctica, la Ley de Dependencia genera "mucho descontento", según expresó el presidente de la Unión Democrática de Pensionistas (UDP), Luis Martín Pindado. "El reconocimiento del grado de dependencia se debe hacer en un máximo de tres meses, pero esto no se cumple en prácticamente ningún sitio", criticó. Además, el presidente de UDP consideró que falta mucha información de cara al ciudadano, que no sabe a dónde debe dirigirse, ni cómo: "la gente no sabe si para ser cuidador familiar se tiene que dar de alta en la Seguridad Social, por ejemplo". Además, añadió, "estamos creando un sistema en el que el usuario tiene mucho que decir pero no encuentra los cauces para hacerlo".
Por su parte, Méler de Ugarte estima que las ayudas no están llegando "a un importante número de personas que las necesitan de verdad". "La mayor parte de las familias con un miembro en situación de discapacidad tiene que recurrir a sus propios recursos para atenderlos", manifestó el presidente de Ceoma.
La descoordinación territorial, por su parte, supone un problema añadido para los dependientes y sus familias: "Cuando alguien tiene que trasladar su residencia de una comunidad autónoma a otra, aunque ya haya sido valorado y se le haya asignado el PIA (Plan Individualizado de Atención), tendrá que volver a empezar todo el proceso para recibir una prestación", criticó Luis Martín Pindado.
Diferentes prestaciones
Además, a todo lo anterior se une la falta de equidad en el tipo de ayudas que se ofrecen en las diferentes comunidades. A pesar de haberse configurado como una Ley para la prestación de servicios, en la actualidad la mitad de los beneficiarios en España reciben apoyos económicos, pero no es una situación homogénea, sino que existen enormes diferencias entre autonomías. Las regiones que ya tenían una buena red de servicios sociales antes de la aprobación de la Ley han podido adaptarse mejor que las que no disponían de estos recursos. En este punto, además, la financiación estatal cumple un papel importante. En opinión de Rosana Costa, secretaria de Política Social de CC OO, "las prestaciones económicas están sobredimensionadas en su uso porque están sobrefinanciadas por el Estado a las comunidades autónomas". Esto, unido a que, según datos de UGT, los servicios cuestan tres veces más que las ayudas económicas ha llevado a la tendencia generalizada de dar rentas en lugar de facilitar servicios profesionales.
Catálogo de servicios
En opinión de Costa, "es necesario un esfuerzo de inversión por parte de las distintas administraciones públicas que permita desarrollar el catálogo de servicios". En este sentido, el secretario de la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales de la Ceoe, Alfonso de la Lama-Noriega, cree que para cambiar esto sólo se necesita "voluntad de hacer cumplir la Ley".
La calidad de la atención cuando se dan prestaciones económicas, por su parte, queda en entredicho en opinión de algunos intervinientes en este Congreso. "Estas ayudas no resuelven las necesidades de atención de los ciudadanos", indicó Almudena Fontecha, secretaria para la Igualdad de UGT. Más aún cuando, según la consejera de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Engracia Hidalgo, "hay más grandes dependientes y dependientes severos pidiendo ayudas económicas que los que han sido valorados con dependencia moderada", a pesar de ser los primeros los que requieren de una mayor profesionalización de los cuidados. Con todo, "hay situaciones y lugares en los que la prestación económica es la más adecuada, por lo que no hay que demonizar esta opción", insistió José Ignacio Santaolalla, presidente de la Federación de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores (Lares).
Las prestaciones económicas vinculadas al cuidado en el hogar, además, tienen una alta demanda derivada de factores culturales: muchas personas sienten la obligación moral de cuidar a su familiar. Por eso, "avanzar en un modelo de servicios no sólo requiere avanzar en legislación, sino que hay que convencer al ciudadano de que ése es el modelo adecuado", manifestó el subdirector general de Ordenación, Planificación y Evaluación del Imserso, Antonio Balbontín. Para él, el sistema que marca la Ley tiene "plena vigencia" porque "con independencia del volumen actual de las prestaciones económicas, también tenemos en la actualidad 455.000 servicios". "Es el modelo compartido por todas las administraciones, como demuestran los acuerdos del Consejo Interterritorial de la Dependencia", explicó.
Pregunta:
Respuesta:
El III Congreso Internacional de Dependencia y Calidad de Vida, organizado por la Fundación Edad&Vida en colaboración con la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, a través del Imserso, reunió durante tres días en Madrid a los principales implicados en el desarrollo de esta Norma, en un debate que puso de manifiesto las virtudes y carencias detectadas en estos primeros años de andadura. El encuentro, que se desarrolló bajo el lema "Mirando al futuro", fue inaugurado por la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, que estuvo acompañada por la consejera de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Engracia Hidalgo, el presidente de la Fundación Edad&Vida, Higinio Raventós, y el director general de la Fundación, Albert Vergés, entre otros.
El modelo de financiación que plantea la Ley, la falta de equidad territorial en su desarrollo y la necesidad de implementar un sistema que conjugue la atención social y la sanitaria fueron algunas de las principales reclamaciones efectuadas por los expertos citados en este foro. En el centro del debate, los recursos con los que se cuenta para su aplicación efectiva y, sobre todo, la necesidad de consensuar políticas y actuaciones que permitan mejorar el marco actual.
¿Es sostenible el Estado de Bienestar?
La Ley de Dependencia aspira, desde el momento de su concepción, a convertirse en el cuarto pilar del Estado de Bienestar, una vez consolidados la Sanidad, la Educación y el Sistema de Pensiones. Pero el escenario de crisis mundial ha mermado las perspectivas con las que se constituyó la Ley, configurada bajo unas circunstancias económicas mucho más optimistas que las actuales, justo cuando algunas voces demandan una reconsideración de la sostenibilidad del Estado de Bienestar tal y como se lo conoce.
Éste fue el punto de partida de este III Congreso Internacional de Dependencia y Calidad de Vida, en cuya conferencia inaugural Francesc Torralba, director de la Cátedra Ethos de Ética Aplicada de la Universidad Ramón Llul de Barcelona, apeló a "una reflexión serena y, a la vez, autocrítica de las causas de la descomposición del Estado de Bienestar y de los movimientos que deben hacerse para salvarlo y, si es posible, afianzarlo para las generaciones futuras". En su opinión, es necesario desarrollar una "cultura del deber" porque "además de derechos, el usuario tiene deberes y, sin éstos, no es posible el Estado de Bienestar".
En este sentido, el consejero vasco de Economía y Hacienda, Carlos Aguirre Arana, aseguró, en una intervención posterior, que uno de los principales problemas a los que se enfrenta la sostenibilidad del sistema de atención a la dependencia es la baja presión fiscal que hay en España, "que nos sitúa por debajo de los países de nuestro entorno y que la hacen un poco incompatible con las prestaciones que requiere nuestra sociedad", argumentó.
Precisamente, los recursos existentes para desarrollar la implantación de la Ley de Dependencia fue uno de los principales debates en este Congreso. En general, los distintos agentes coincidieron en considerarlos insuficientes, lo que, en opinión de algunos, hace necesario trabajar para conseguir una mayor eficiencia de los recursos públicos disponibles.
Falta de medios
El que no haya suficientes medios repercute directamente sobre la aplicación efectiva de la Ley, cuya financiación dependende a partes iguales del Estado y las autonomías, una vez descontada la aportación de los beneficiarios. La gestión de estos fondos, coordinación y planificación del despliegue de la Norma es competencia de cada administración regional, que debe adaptar los recursos a sus circunstancias concretas, lo que, en la práctica, los expertos coinciden en que genera una desigualdad territorial.
El hecho de que no existan unos criterios establecidos para la puesta en práctica de la Ley (cada Región decide también los requisitos de acceso a las prestaciones, el tipo de ayuda para cada grado y nivel de dependencia, etcétera) repercute en una "evidente descoordinación entre las administraciones implicadas, donde conviven 17 modelos diferentes", acusó el presidente de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (Ceoma), José Luis Méler de Ugarte. Ambos asuntos (la ausencia de acuerdo sobre las condiciones que deben regir el desarrollo de la Ley y la evidente falta de medios para su desarrollo, ya que algunos gobiernos autonómicos insisten en que el Estado no aporta la parte que le corresponde) revierten en otros problemas. En esta línea, el presidente de la Fundación Edad&Vida, Higinio Raventós, alegó que la coexistencia de diferentes sistemas "no permite que todos los ciudadanos tengan acceso a las mismas prestaciones con la misma garantía de calidad". Esto, además, "tampoco ayuda a los proveedores porque dificulta su trabajo", añadió.
En la práctica, la Ley de Dependencia genera "mucho descontento", según expresó el presidente de la Unión Democrática de Pensionistas (UDP), Luis Martín Pindado. "El reconocimiento del grado de dependencia se debe hacer en un máximo de tres meses, pero esto no se cumple en prácticamente ningún sitio", criticó. Además, el presidente de UDP consideró que falta mucha información de cara al ciudadano, que no sabe a dónde debe dirigirse, ni cómo: "la gente no sabe si para ser cuidador familiar se tiene que dar de alta en la Seguridad Social, por ejemplo". Además, añadió, "estamos creando un sistema en el que el usuario tiene mucho que decir pero no encuentra los cauces para hacerlo".
Por su parte, Méler de Ugarte estima que las ayudas no están llegando "a un importante número de personas que las necesitan de verdad". "La mayor parte de las familias con un miembro en situación de discapacidad tiene que recurrir a sus propios recursos para atenderlos", manifestó el presidente de Ceoma.
La descoordinación territorial, por su parte, supone un problema añadido para los dependientes y sus familias: "Cuando alguien tiene que trasladar su residencia de una comunidad autónoma a otra, aunque ya haya sido valorado y se le haya asignado el PIA (Plan Individualizado de Atención), tendrá que volver a empezar todo el proceso para recibir una prestación", criticó Luis Martín Pindado.
Diferentes prestaciones
Además, a todo lo anterior se une la falta de equidad en el tipo de ayudas que se ofrecen en las diferentes comunidades. A pesar de haberse configurado como una Ley para la prestación de servicios, en la actualidad la mitad de los beneficiarios en España reciben apoyos económicos, pero no es una situación homogénea, sino que existen enormes diferencias entre autonomías. Las regiones que ya tenían una buena red de servicios sociales antes de la aprobación de la Ley han podido adaptarse mejor que las que no disponían de estos recursos. En este punto, además, la financiación estatal cumple un papel importante. En opinión de Rosana Costa, secretaria de Política Social de CC OO, "las prestaciones económicas están sobredimensionadas en su uso porque están sobrefinanciadas por el Estado a las comunidades autónomas". Esto, unido a que, según datos de UGT, los servicios cuestan tres veces más que las ayudas económicas ha llevado a la tendencia generalizada de dar rentas en lugar de facilitar servicios profesionales.
Catálogo de servicios
En opinión de Costa, "es necesario un esfuerzo de inversión por parte de las distintas administraciones públicas que permita desarrollar el catálogo de servicios". En este sentido, el secretario de la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales de la Ceoe, Alfonso de la Lama-Noriega, cree que para cambiar esto sólo se necesita "voluntad de hacer cumplir la Ley".
La calidad de la atención cuando se dan prestaciones económicas, por su parte, queda en entredicho en opinión de algunos intervinientes en este Congreso. "Estas ayudas no resuelven las necesidades de atención de los ciudadanos", indicó Almudena Fontecha, secretaria para la Igualdad de UGT. Más aún cuando, según la consejera de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Engracia Hidalgo, "hay más grandes dependientes y dependientes severos pidiendo ayudas económicas que los que han sido valorados con dependencia moderada", a pesar de ser los primeros los que requieren de una mayor profesionalización de los cuidados. Con todo, "hay situaciones y lugares en los que la prestación económica es la más adecuada, por lo que no hay que demonizar esta opción", insistió José Ignacio Santaolalla, presidente de la Federación de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores (Lares).
Las prestaciones económicas vinculadas al cuidado en el hogar, además, tienen una alta demanda derivada de factores culturales: muchas personas sienten la obligación moral de cuidar a su familiar. Por eso, "avanzar en un modelo de servicios no sólo requiere avanzar en legislación, sino que hay que convencer al ciudadano de que ése es el modelo adecuado", manifestó el subdirector general de Ordenación, Planificación y Evaluación del Imserso, Antonio Balbontín. Para él, el sistema que marca la Ley tiene "plena vigencia" porque "con independencia del volumen actual de las prestaciones económicas, también tenemos en la actualidad 455.000 servicios". "Es el modelo compartido por todas las administraciones, como demuestran los acuerdos del Consejo Interterritorial de la Dependencia", explicó.
Pregunta:
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Homogeneizar criterios
Atender cada grado y nivel de dependencia tiene unos costes diferentes y, en opinión de Higinio Raventós, "no se ha actuado con la suficiente intensidad y celeridad en uno de los elementos esenciales de la Ley. La Acreditación debería establecer una clara diferenciación de los servicios destinados a atender a las personas con diferentes grados y niveles de dependencia". De este modo, "se conseguiría una distribución de los recursos públicos mucho más eficiente".
Para salvar esta situación de desigualdad, los expertos abogan por homogeneizar una serie de criterios de acceso y prestación de servicios en todo el sistema nacional, algo, sin embargo, podría generar algún conflicto con las competencias autonómicas. La solución pasaría por "llegar a un acuerdo entre todos para que cada uno, en función de sus características, cumpla con unas condiciones comunes", indicó Joaquín Martínez Gómez, secretario autonómico de Autonomía Personal y Dependencia de la Generalitat Valenciana.
El papel del sector privado
La colaboración entre los sectores público y privado también juega un papel importante en la optimización de los medios disponibles para el desarrollo del sistema de atención a la dependencia. "Para mantener una inversión más o menos controlada no hay mejor oportunidad que la colaboración público-privada", argumentó la consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, Carmen Martínez Aguayo.
Por su parte, Tamyko Ysa, profesora del Instituto de Gobernanza y Dirección Pública de Esade, considera que este tipo de relación se debe gestionar más allá del proceso de contratación. Ambos actores deben considerar la colaboración como un instrumento estratégico y no como "un proyecto más" porque, insistió, esta cooperación debe "crear valor", tanto económico como social.
"No puede tratarse de una colaboración a corto plazo, tal y como sucede en la actualidad, a veces incluso vinculada a los ciclos electorales, pues las inversiones deben amortizarse a largo plazo, en 30 o 40 años", indicó el presidente de Edad&Vida. Para ello, añadió, "es necesario redefinir un marco claro de distribución de responsabilidades entre todos los actores".
El modelo sociosanitario
Asimismo, los expertos creen que la gestión se optimizaría de existir un modelo sociosanitario que diera respuesta a las necesidades de aquellas personas que, además de recursos sociales, requieren de atención sanitaria. De hecho, según datos aportados por la directora de la Unidad Social y Sociosanitaria de Antares Consulting, Montserrat Cervera, el coste diario de una cama en un hospital del Sistema Nacional de Salud oscila entre 500 y 900 euros, mientras que en un sistema sociosanitario, este coste se reduciría hasta 150 euros. "La interrelación entre los servicios sanitarios y los residenciales es un problema que hay que resolver", manifestó el consejero de Economía y Hacienda del País Vasco, Carlos Aguirre Arana, porque, según las cifras que maneja su Departamento, el 66% del gasto sanitario total lo consume la población mayor, una cuestión derivada del hecho de que el 30% de los mayores vascos son multicrónicos, es decir, padecen más de tres patologías de carácter crónico, cuya atención hospitalaria, estimó el responsable de Economía y Hacienda, tiene un coste superior a los 5.000 euros.
No obstante, los expertos creen que no es el ahorro la principal ventaja de la constitución de un modelo sociosanitario, sino una mejor atención a los afectados. De hecho, "el que existan camas sociosanitarias no reducirá el gasto en sanidad, pero beneficiará en cuanto a eficiencia porque estas plazas estarán ocupadas por otro tipo de pacientes, de forma que se reducirían las listas de espera", manifestó el viceconsejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio. De su misma opinión es la consejera andaluza, Carmen Martínez Aguayo, quien considera que la prioridad es "prestar de la mejor forma posible y con mayor cercanía los servicios. Se debe trabajar en una coordinación de los servicios sociales y los sanitarios que mejoren la atención a cada persona con sus características concretas, aunque esto no vaya a reducir en absoluto el gasto sanitario".
Desde el sector residencial, por su parte, se considera que el principal problema es la coexistencia de "varios modelos y realidades en diferentes autonomías". Así se expresó Domènec Crosas, director general de Sanitas Residencial, quien aseguró que en España hay "más de 100 modelos para asistir al mismo perfil de persona". En su opinión, el actual es "un sistema bien intencionado pero demasiado heterogéneo, lo que revierte en una gran carestía de fondos públicos".
Ante esto, la prioridad debe ser coordinar recursos pero, además, "prestar una atención centrada en la persona, considerando muy especialmente sus necesidades individuales", apuntó Manel Jovells i Casas, director general de la Fundación Althaia y presidente de la Unió Catalana d’Hospitals (UCH). Para ello, afirmó, es necesario flexibilizar la organización de las instituciones adaptándolas a las necesidades de las personas; implementar un abordaje multidisciplinar de las patologías; coordinar de forma efectiva los nieveles social y sanitario; y crear un sistema administrativo que facilite estos cambios.
Retos de futuro
El III Congreso Internacional de Dependencia y Calidad de Vida sirvió, en definitiva, para realizar un análisis profundo del sistema de atención a la dependencia, evaluar la realidad de su implantación y, sobre todo, para que los actores que participan activamente en su aplicación pusieran sus cartas sobre la mesa y empezaran a esbozar, en conjunto, las bases sobre las que se debe asentar en el futuro el desarrollo de la Norma. Al fin y al cabo, como se preguntaba el presidente de Ceoma, "¿cuatro años son suficientes para que el cuarto pilar del Estado de Bienestar quede apuntalado?".
>> Un estudio analiza la actual aplicación de la Ley de Dependencia en Madrid
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