El Senado aprobó, de manera definitiva, la reforma del artículo 135 de la Constitución con el fin de incluir el principio de estabilidad presupuestaria dentro del documento, una modificación llevada a cabo entre el Gobierno y el Partido Popular (PP) y secundada por el apoyo de Unión Del Pueblo Navarro (UPN). Esta primera reforma sustancial de la Carta Magna del 78 obtuvo 233 votos a favor, tres en contra y ninguna abstención, superando así los tres quintos de la Cámara requeridos para salir adelante.
Tras el apoyo previo de los mismos grupos durante la votación en el Congreso, y después del rechazo de las diferentes enmiendas presentadas por los partidos de izquierdas y nacionalistas vascos, catalanes, canarios y gallegos, ahora se abre un plazo de quince días para solicitar la celebración de referéndum, el cual precisa de la firma de 26 senadores o 35 diputados.
La propuesta que reforma y amplía el artículo 135 de la Constitución española destaca varios puntos importantes que pueden incidir en el futuro económico del país, aunque no entrará en vigor hasta 2020. En primer lugar, la modificación pretende adecuar a las administraciones públicas al principio de estabilidad presupuestaria, lo que significa que no podrán incurrir en “un déficit estructural que supere los márgenes establecidos por la Unión Europea”, como está reflejado en la redacción del artículo constitucional. En segundo lugar, este déficit máximo permitido, que deberán seguir el Estado y las comunidades autónomas que lo componen, estará fijado por una Ley Orgánica “en relación al producto interior bruto del país”. Además, ambas administraciones deberán estar autorizadas por ley para emitir deuda pública o contraer crédito y la única forma de saltarse los límites marcados será en caso de “catástrofe natural, recesión económica o situación de emergencia extraordinaria que escape al control del Estado”.

Motivos y reacciones de la reforma
Los principales protagonistas de la puesta en marcha de esta polémica reforma, PP y PSOE, argumentan que esta modificación es un instrumento necesario contra la crisis económica que azota, en estos momentos, tanto a los países miembro de la zona euro como al territorio español. Para Gobierno y oposición, la reforma pretende garantizar el principio de estabilidad presupuestaria de las administraciones públicas y reforzar el compromiso del país con la Unión Europea. “Hablamos de que la crisis no se salde con más paro, de recuperar la estabilidad económica y la credibilidad”, argumenta la portavoz del PP, Soraya Saénz. Por su parte, José Antonio Alonso, portavoz del PSOE, suscribe lo dicho desde la oposición y añade que hay una “necesidad de garantizar la estabilidad y la sostenibilidad del Estado de Bienestar”.
Las réplicas no se hicieron esperar, ya que los grupos nacionalistas rechazaron la reforma apuntando a la poca participación democrática que los dos partidos mayoritarios habían permitido a la Cámara y a la soberanía popular. El BNG acusó a populares y socialistas de acabar con “el autogobierno de las comunidades autónomas” y, desde Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), se advirtió que la reforma traerá “más recortes sociales”. Asimismo, el Partido Nacionalista Vasco (PNV) rechazó también los cambios constitucionales y se mostró molesto por el veto hacia su intención de incluir en el documento el derecho a la autodeterminación del pueblo vasco.
Por su parte, la izquierda se mostró dura con las formas que PP y PSOE utilizaron para llevar a buen término la modificación del artículo 135. Además, desde Izquierda Unida (IU) también se criticó el rechazo sistemático de la totalidad de enmiendas presentadas por los grupos minoritarios. Una indignación que compartieron también desde Unión Progreso y Democracia (UPyD), en el que Rosa Díez, líder del partido,  anunció su intención de acudir al Tribunal Constitucional para defender “el derecho a la participación política”, ya que, a su parecer, no se había producido.

La razón europea
Una parte de la crítica política dirigida hacia Gobierno y Partido Popular apunta al discurso que ambos utilizaron para justificar la reforma: la confianza de la economía y los mercados. Pero la influencia que el artículo 135 pueda tener en las finanzas llegará mucho más tarde, ya que no entrará en vigor hasta dentro de nueve años. Por este motivo, y por otros precedentes europeos que iniciaron el mismo camino que ahora comienza España, esta modificación parece responder a una medida en cadena de los países que conforman la Unión Europea.
La pionera en fijar por ley un tope al déficit público fue Alemania, que incluyó en su Constitución una limitación en 2009. En el resto del continente solo Polonia siguió los pasos de la potencia germana, pero ya existen debates al respecto en otros países como Francia e Italia.
Desde el Gobierno se apresuraron a desmentir la posible influencia que el Banco Central Europeo (BCE) pudiera haber tenido en la modificación constitucional. “Lo quiero negar tajantemente; nunca el BCE exigió la reforma”, aseguró el ministro de Fomento y portavoz del Gobierno, José Blanco. Sin embargo, Blanco reconoció que el Gobierno se mantiene en permanente contacto con el BCE y con dirigentes europeos sobre la necesidad de realizar reformas y avanzar hacia la gobernanza económica de la Unión Europea. Un apunte que indica todavía más las motivaciones que han llevado a “tocar” el texto constitucional. Para el portavoz del Gobierno, la medida “ya estaba recogida en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, y lo único que se ha hecho ahora es recogerlo en la Constitución”.

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