La ciudad de Vitoria acogió, en septiembre, la primera edición del Congreso Estatal de Servicios Sociales. Dos jornadas de debate e intercambio de ideas organizadas por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso).
El congreso fue inaugurado por el ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, quien valoró positivamente la creación de este foro de reflexión. Igualmente, Alonso quiso ensalzar la histórica labor de Euskadi en este sentido, pues en 1982 se convirtió en pionera al promulgar la primera Ley autonómica de Servicios Sociales. Sin embargo, señaló que, desde entonces, “el sistema ha madurado mucho”. En esta línea, declaró que “la crisis ha enseñado de manera brutal que golpea a quien está en mayor situación de vulnerabilidad” y que esta “ha ahondado en la desigualdad que estaba latente”. Por ello abogó por combatir la exclusión ya que, como dijo, “este cambio social requiere un cambio en el modo de actuar”. Además, hizo hincapié en la necesidad de buscar una mayor integración entre el sistema sanitario y el de servicios sociales, así como alcanzar una equidad entre comunidades autónomas en lo que al sistema de rentas mínimas se refiere.
El acto también contó con la presencia de Gorka Urtaran, alcalde de Vitoria, quien señaló que “el reto de la sociedad es consolidar los servicios sociales” y que el del Gobierno local es “garantizar el bienestar de todas las personas”.
Por su parte, Beatriz Artolazabal, diputada Foral de Servicios Sociales, destacó la importante labor que realizan los profesionales del sector y recalcó la responsabilidad de la Diputación en la conformación de unos servicios sociales de calidad. “Nuestro compromiso con las personas no tiene ni barreras, ni fronteras”, concluyó. En la misma línea se desarrolló la intervención de Ángel Toña, consejero de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco. Según Toña, una sociedad avanzada debe usar fórmulas para alcanzar unos servicios sociales que permitan una buena cobertura para todos sus miembros. Igualmente, explicó que “el modelo está bastante consolidado” pero que, dada la continua evolución de la sociedad, este nunca estará totalmente finalizado.

Los mayores: sujetos activos y participativos
“La población mundial envejece progresivamente pero afortunadamente lo hace con mejor calidad de vida”, así lo expresó, durante la mesa redonda “La protección social de las personas mayores”, Luis Álvarez, vicepresidente de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (Ceoma). Y es que según los datos facilitados por Álvarez, para 2050 se espera que la población mayor doble a la infantil. Una situación que también abordó durante su ponencia el presidente de la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (UDP), Luis Martín Pindado. Este explicó que la sociedad se enfrenta al reto de mantener y mejorar el sistema de Seguridad Social que hacía de España un buen lugar para envejecer. Para ello, consideró fundamental poner en marcha medidas que reduzcan el paro, pues “un sistema de reparto como el nuestro depende de los trabajadores en activo”. En esta línea, recordó el refrán “nunca sabes lo que tienes hasta que lo has perdido” ya que, según Martín, “no es cuestión de dinero, es cuestión de qué país queremos para nuestros hijos y nietos”.
Por su parte, Txema Odriozola, presidente de la Federación de Personas Mayores de Euskadi, reivindicó que los mayores deben dejar de estar considerados como sujetos pasivos para pasar a estar integrados en la toma de decisiones de carácter político y social. Con este objetivo, pidió que “se cree un consejo de mayores integrado por mayores para decidir por nosotros mismos”.
La mesa también contó con la presencia de Jaap van der Spek, vicepresidente de la Federación Europea de Personas Mayores (Eurag). Según van deer Spek, “los mayores tienen derecho a que se oigan sus voces” y deben tener la oportunidad de participar en la sociedad “en función de sus posibilidades”. Igualmente, reclamó una mayor participación y una comunión entre instituciones y ciudadanía para conseguir que los mayores tengan “una vida digna e independiente” pues, según declaró, “todas las personas tienen derecho a tener el control de sus propias vidas”.
En la línea de la reivindicación también transcurrió la intervención de Enrique Martín Serrano (Comisiones Obreras), que explicó que “debería darse un debate con respecto a las prestaciones económicas” porque estas “no siempre son las más eficientes”. Por ello formuló la pregunta “¿Qué es más útil, subir una pensión un 2% o bajar el coste de la luz?”. Además, Martín Serrano destacó los retos de la protección social que, según él, son lograr su garantía, suficiencia y equidad. 
El punto de vista de la Administración fue aportado por Sara Buesa, directora del Departamento de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Vitoria, y por Valvanera Manzanedo, responsable de los Centros Socioculturales de Mayores del Ayuntamiento. Ambas quisieron ahondar en la protección de este colectivo desde diferentes perspectivas. Durante su participación, Sara Buesa expuso el “Proyecto de prevención, detección e intervención en situación de maltrato a personas mayores”, cuyo objetivo es detectar casos de trato inadecuado, así como de dotar de medios para combatirlo. Y es que, según Buesa, tan solo se conocen uno de cada seis casos de malostratos o abandono a mayores. Con el fin de lograr revertir esta situación, declaró la necesidad de que se produzca un cambio en la mentalidad de la sociedad.
Por su parte, Valvanera Manzanedo aprovechó su intervención para abogar por un envejecimiento activo mediante la participación en las actividades que ofertan los centros socioculturales. “Una cosa muy gratificante es que las personas mayores que participan nos cuentan las mejorías que ha supuesto en sus vidas”, a lo que añadió “el éxito de este trabajo es dar sentido a lo que hacemos”.

Atención pública vs atención privada
El congreso dejó también espacio para el debate sobre la “Colaboración público-privada en la provisión de los servicios sociales”. Una mesa que contó con la presencia de Fernando Benavente, presidente de la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (Aeste), quien dijo que, independientemente del debate entre lo público y lo privado, “deberíamos luchar por la eficiencia  del servicio”. Aún así, declaró que “la financiación debería ser pública hasta donde se pueda”.
En la línea del debate continuó Ramón Berra de Unamuno, director general del Grupo Sanyres, al explicar que la colaboración público-privada es más eficiente que si ambas se desarrollan por separado. Igualmente, insistió en que esa unión está siendo la herramienta clave de las administraciones para hacer frente a los tiempos de crisis. Sin embargo, continuó en el mismo campo que su compañero de mesa al señalar que hay que concentrar esfuerzos en “buscar modelos centrados en las necesidades de la población y no de quien los provee”.
Una explicación que respaldó, además lo declarado por el tercer ponente de la mesa, Juan Ignacio Vela Caudevilla, presidente de Lares, que abogó por una sociedad más humana, solidaria y más pendiente de sus mayores.

Por una atención sociosanitaria integrada
A favor de que se popularice una atención en la que lo social y lo sanitario vayan de la mano, se declaró Ana Isabel Lima, presidenta del Consejo Estatal del Trabajo Social, durante su ponencia en la mesa “La atención integrada sociosanitaria”. De hecho, Lima señaló que no se trata únicamente de hacer una atención a la cronicidad desde la sanidad sino que también es preciso “tener en cuenta la familia, la persona y el grupo”. Y es que, según la presidenta del Consejo, lo importante es atender a los intereses de los mayores y ofrecerles un apoyo físico y emocional. En cualquier caso, explicó que “aunque se mejore la eficiencia, vivimos en una situación de escasez de recursos asistenciales”.
Para lograr el objetivo de una atención sociosanitaria integrada, Eduardo Rodríguez Rovira, presidente de la Fundación Edad y Vida, destacó que es preciso aunar una serie de factores como la voluntad política, la definición de los perfiles de atención, el establecimiento de un presupuesto en común y la formación de los profesionales en los protocolos correspondientes.
El objetivo de los ponentes quedó claro y definido por la intervención de Maravillas Izquierdo, subdirectora general adjunta de la Cartera Básica de Servicios del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Y que es que Izquierdo declaró que “tenemos la obligación de proteger la salud en todas las etapas de la vida”. Para lograr este reto, señaló que es preciso que la atención sociosanitaria se desarrolle en el entorno del paciente, pues esto le beneficia a él pero también a los profesionales. Aún así, aclaró que no hay un modelo único, sino muchos válidos. Además, destacó como retos de futuro el cabio del paradigma de cronicidad, la adecuación de la normativa a la situación actual y la llegada a consensos para lograr así un modelo saludable que permita llegar al final de la vida de un modo positivo.
Por su parte, José Antonio López Trigo, presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG), resaltó, entre otros aspectos, la prevención, el trabajo en equipo y la reorientación de las políticas sociales como las herramientas clave para avanzar hacia un modelo sociosanitario integrado.
“Estamos ante un reto obligado que nos está demandando el futuro”, señaló durante su intervención César Antón, director general del Imserso. Y es que, según explicó, cuando se habla de salud no debe hacerse simplemente desde el punto de vista médico, sino también desde la perspectiva social y desde impacto que una ejerce sobre la otra. Además, César Antón hizo hincapié en que “no hay que crear nuevos servicios, sino ponerlos al servicio de la persona”. Igualmente, abogó por la innovación como método para lograr esta tarea “que no es fácil” y en la cual los profesionales del sector deben trabajar ayudándose unos a otros, pues “cada uno hace bien lo que mejor sabe hacer pero juntos todo sale mejor”. De este modo, será posible llegar a conseguir “una atención integral y continuada”, concluyó.

Dependencia y discapacidad, una cuestión de actualidad
La mesa “La atención a la dependencia y discapacidad” arrancó con las palabras de Isabel Herranz, subdirectora general de Planificación del Imserso. Una intervención en la que señaló que el Gobierno tiene la obligación de garantizar el principio de igualdad. Además, declaró que ahora ese el momento de analizar los primeros resultados de la ley de Promoción de la Autonomía Personal 39/2006.
Por su parte, Miguel Ángel Miralles, director gerente del Instituto Murciano de Acción Social, hizo hincapié en que “toda persona con dependencia tiene discapacidad. Otra cosa es que tenga un certificado”. De hecho, explicó que casi el 60% de los dependientes que padecen una discapacidad mental grave o una discapacidad intelectual, posee un certificado en el que únicamente se le reconoce el 75% del grado de su situación.
Este es un sector de la población que, según Ricardo Rodrigues, responsable del Programa “Health and Care” del Centro Europeo de Políticas de Bienestar Social e Investigación, precisa de una atención especializada en la que los cuidadores informales juegan un papel muy importante. De hecho, Rodrigues, señaló durante su ponencia que este tipo de cuidadores “se han convertido en un elemento fundamental en Europa”. También añadió que el perfil más común es el de mujer de mediana edad y que se encuentra en paro. Los posibles daños en la salud del cuidador y su dificultad de integrarse de nuevo en el mercado laboral cuando lo considere necesario, son dos de las problemáticas derivadas de esta situación y señaladas por Rodrigues como más frecuentes. Igualmente explicó que, a nivel europeo, cada vez es más habitual que las perso  nas mayores sean atendidas en sus casas. “Los cuidados residenciales también han cambiado porque se inscriben en la comunidad”, declaró.
Por su parte, Carlos Raúl de Pablos, gerente de Servicios Sociales de Castilla y León, señaló la profesionalización y los pactos con los proveedores de servicios como dos de las medidas más importantes para lograr un sistema de atención a la dependencia de calidad. Y es que, tal y como explicó, la potenciación de la profesionalidad contribuye enormemente a la sostenibilidad del sistema. Sin embargo, según su opinión y a pesar de su importancia, “los cuidados informales son una parte residual del total de la atención a la dependencia”.
Con la mirada puesta en el futuro
El presente y el futuro de los servicios sociales fue el tema de debate de la mesa redonda que quedó inaugurada con la ponencia de Coro Piñeiro, secretaria xeral de Política Social de la Xunta de Galicia. Una intervención en la que presentó el nuevo modelo de atención desarrollado en el seno de esta Administración y que se puso en marcha porque “el anterior era muy rígido”, “no daba las respuestas adecuadas” y “no respondía a las necesidades de las personas”. Según explicó, este nuevo modelo reconoce las distintas necesidades de cada una de las discapacidades, elimina la limitación de edad, promueve la innovación y la combinación de recursos para que cada persona los disponga según sus necesidades y estimula la cooperación público-privada. “Creemos que además de dar respuestas más adecuadas, estamos incrementando la eficiencia del servicio”, aseguró. En definitiva se trata de ofrecer unos servicios que, tal y como dijo, deben estar equipados, ser próximos y garantizar cuidados de calidad.
El caso andaluz fue dado a conocer por Julio Andrade, concejal delegado del Área de Gobierno de Derechos Sociales, Buen Gobierno y Trasparencia del Gobierno de Málaga. Andrade denunció la falta de medios de su comunidad autónoma y declaró que “tiene que haber un equilibrio territorial”. Además, señaló que “no podemos considerar los servicios sociales como un gasto, sino como una inversión” y añadió que lo que se necesita es una inversión prolongada y no puntual. Igualmente, dio a conocer la implantación del llamado “Plan de emergencia social”, una iniciativa que pretende ayudar a los colectivos más vulnerables ante los problemas sociales y económicos que estos padecen. Una acción en la que cuentan con la colaboración de organizaciones como Cruz Roja.
En la misma línea se expresó Enrique Galván Lamet, miembro del Comité Ejecutivo del Cermi Estatal, quien hizo hincapié en la importancia de la prevención y tachó de “irrisoria” la cantidad de dinero que se invierte en ella. “Los servicios sociales son el espejo, el síntoma de lo que pasa en el ámbito social”, declaró. Igualmente, señaló que actualmente estamos ante los niveles de desigualdad más grandes de la historia y que, por ello, no hay que vivir a espaldas de los problemas de la gran mayoría. Así, consideró que es preciso que se produzca un cambio de modelo en la prestación de apoyos desde la ciudadanía y abogó por una cooperación entre los profesionales y las administraciones del sector.
Con el objetivo de aportar su granito de arena al desarrollo de unos servicios sociales de calidad, Lide Amilibia Bergaretxe, viceconsejera de Políticas Sociales del Gobierno Vasco, presentó el servicio de teleasistencia “Beti on”. Este modelo de carácter público, pretende, según la viceconsejera, “que las personas mayores permanezcan en su entorno familiar y social”. Igualmente, hizo hincapié en su deseo de que esta tipología de atención se universalice pues actualmente más de 36.000 personas ya disfrutan de ella de modo satisfactorio.
Para concluir con el debate, José Luis Alonso Quilchano, director de los Servicios Sociales de la Diputación Foral de Álava, explicó que, en el seno de su provincia, “gracias al esfuerzo humano, material e institucional estamos ayudando en torno al 95% de los dependientes”. Igualmente, destacó que en Álava se destinan a los servicios sociales 163 millones de euros. “No estamos hablando de gastar, estamos hablando de invertir en las personas”, aclaró. Y concluyó como retos potenciar el envejecimiento activo, lograr una colaboración público-privada, promover una mayor innovación y desarrollar dinámicas de trabajo más efectivas.
Asimismo, una de las mesas se celebró bajo el título “Las tic en los servicios sociales, accesibilidad y asequibilidad”, que estuvo moderada por la directora general del Instituto de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, Rosa Urbón Izquierdo. En este debate participaron Rubén Urosa, director general del Instituto de la Juventud; Antonio Montero, de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid; Teresa Palahí, secretaria general de la Fundación ONCE; Guillermo Cánovas, presidente de la Asociación Protégeles; y Juan Luis Quincoces, director del Centac.
Todos ellos centraron sus intervenciones en la importancia de la aplicación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones al ámbito de los servicios sociales con el objetivo de optimizar los recursos y mejorar la accesibilidad a los servicios para todos los ciudadanos.

Hacia el fortalecimiento del Estado de Bienestar
La clausura del I Congreso Estatal de Servicios Sociales corrió a cargo de Susana Camarero, secretaria de estado de Servicios Sociales e Igualdad. Un acto en el que Camarero afirmó que se seguirá “avanzando en Estado de Bienestar” pues, según destacó, el ámbito de los servicios sociales es uno de los sectores prioritarios para el Gobierno. Y es que “si hay un objetivo que nos define, es la defensa de las personas”. Además, Camarero declaró que las pensiones seguirán subiendo cada año y se comprometió a seguir trabajando por el sistema sanitario público y por mejorar las desigualdades que está provocando la crisis económica, ya que “la recuperación aún no ha llegado a todos”. En esta línea, quiso hacer una especial mención de los logros alcanzados durante la presente legislatura, en la cual, según dijo, la lista de espera pudo ser reducida hasta la mitad y la inversión para financiar el nivel mínimo de atención fue de 6.500 millones de euros.
Durante la clausura, Camarero insistió también en que el reto del Gobierno es seguir haciendo viable el sistema de dependencia, además de hacer que este sea más ágil y útil.
Igualmente, expresó su deseo de que el congreso “tenga continuidad y se consolide en el futuro” y valoró positivamente su celebración pues esta es “una excelente oportunidad para poner en valor la labor de nuestros mayores”. Y es que, como dijo, este colectivo supone “un pilar fundamental del Estado de Bienestar”.

>> Entrevista con Jaap van der Spek, vicepresidente de la Federación Europea de Personas Mayores.

>> Entrevista con Ricardo Rodrigues, responsable del Programa Europeo 'Health and care'.
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